República Dominicana: el país del “vamos a ver” donde los problemas avanzan y el Estado se queda mirando

Por Tomás Aquino G.

SANTOI DOMINGO, R.D.

El año 2025 se despide sin pena ni gloria, dejando a la República Dominicana atrapada en un círculo vicioso de promesas recicladas, discursos huecos y gestos para la foto.

Las autoridades hablan mucho, inauguran poco y resuelven menos, mientras los problemas que golpean a la mayoría —inseguridad, alto costo de la vida, apagones, caos vial y servicios públicos precarios— siguen creciendo sin control real.

El llamado “cambio” llegó desordenado y sin menudo, incapaz de aliviar el bolsillo ni la paciencia ciudadana.

En la calle, la percepción es clara: los sacrificios se socializan, pero los beneficios se concentran, y pareciera que solo unos pocos —los de siempre— caminan con holgura, mientras el resto del país sobrevive entre promesas vencidas y realidades cada vez más duras.

Los grandes temas nacionales se repiten como un disco rayado: inseguridad, corrupción, apagones, accidentes, migración descontrolada y servicios públicos colapsados, sin que el Estado logre mostrar transformaciones reales y sostenidas.

La seguridad ciudadana sigue siendo un territorio sin dueño. Robos, homicidios, atracos y violencia cotidiana conviven con una Policía Nacional que presume reformas, pero sigue reaccionando tarde, mal y a veces con abuso.

Se habla de modernización, pero en los barrios la percepción es clara: el miedo sigue mandando.

En las carreteras, el país parece en guerra contra sí mismo. Accidentes de tránsito y muertes se acumulan como estadísticas frías, mientras las autoridades se limitan a operativos temporales, sin educación vial real ni sanciones ejemplares.

El COE aparece en emergencias, pero la prevención nunca llega, y cada feriado vuelve a teñirse de sangre.

La corrupción administrativa continúa siendo el elefante en la sala. Hay expedientes, titulares y allanamientos espectaculares, pero pocas condenas firmes y mucha impunidad prolongada.

Los tribunales se llenan de casos emblemáticos que avanzan a paso de tortuga, alimentando la desconfianza ciudadana en la justicia.

El costo de la vida ahoga a la mayoría. La inflación golpea alimentos, transporte y servicios básicos, mientras los salarios permanecen congelados en la retórica oficial.

El discurso económico celebra crecimiento, pero ese crecimiento no se siente en la nevera ni en el bolsillo de la gente.

El sistema eléctrico sigue siendo una vergüenza estructural. Apagones constantes, tarifas elevadas y subsidios millonarios sin resultados visibles.

A pesar de anuncios de mejoras, la luz sigue llegando cuando quiere, y el usuario paga más por menos calidad.

En materia migratoria, el Estado navega entre la improvisación y el silencio. La migración haitiana, el control fronterizo y las deportaciones se manejan con operativos esporádicos y discursos contradictorios.

No hay política clara, solo reacciones tardías y tensiones diplomáticas mal gestionadas.

Los hospitales públicos y el sistema educativo sobreviven por inercia y sacrificio humano. Falta de insumos, conflictos gremiales y centros deteriorados evidencian un Estado que administra la crisis, pero no la soluciona.

Reconocer avances puntuales no borra el abandono estructural.

Mientras tanto, protestas, reclamos sociales y denuncias de derechos humanos se multiplican.

Comunidades enteras reclaman agua, calles, seguridad y respeto, y reciben como respuesta promesas, comisiones y largas, y en ocasiones plomo y bombas lacrimógenas.

La gente grita; el poder bosteza.

En el plano político, el país entra en modo electoral permanente. Partidos, campañas anticipadas y discursos vacíos ocupan más espacio que los problemas reales.

La libertad de prensa resiste presiones, ataques y descalificaciones, mientras el periodismo independiente sigue haciendo el trabajo que el Estado no hace: señalar, incomodar y recordar que gobernar no es posar, sino resolver.