Cobrar más por un servicio que no llega: FP rechaza aumento del agua impuesto por la CAASD
Advierten que la medida castiga a los más pobres en medio del alto costo de la vida y un servicio deficiente

SANTO DOMINGO, R.D.
La Fuerza del Pueblo (FP) rechazó de manera categórica el anuncio de aumento en la tarifa del servicio de agua potable realizado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), al calificarlo como una medida injusta, inoportuna y socialmente insensible, que golpea directamente a miles de familias del Gran Santo Domingo.
El secretario general de la organización política, Antonio Florián, afirmó que el agua potable es un derecho humano fundamental y un servicio público esencial que no puede ser tratado como mercancía ni utilizado como mecanismo de ajuste financiero en perjuicio de la población.
“Pretender aumentar la tarifa del agua en un contexto marcado por el alto costo de la vida, el encarecimiento de los servicios básicos y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares es cargar una nueva losa sobre los sectores más vulnerables”, sostuvo.
El dirigente enfatizó que, antes de pensar en aumentos, la CAASD y el Gobierno deben concentrarse en mejorar la gestión, reducir pérdidas, invertir en infraestructura, combatir el despilfarro y garantizar un servicio eficiente, continuo y de calidad, algo que hoy dista mucho de la realidad.
Asimismo, Florián cuestionó la ausencia de información clara y de un proceso de consulta pública, lo que evidencia una preocupante desconexión entre las autoridades y las necesidades reales de la ciudadanía. En ese sentido, llamó al Gobierno a reconsiderar la medida, abrir un espacio de diálogo con los sectores sociales y comunitarios y asumir una política hídrica basada en el acceso justo, equitativo y sostenible al agua potable.
En la misma línea se pronunció, mediante un comunicado, el ingeniero Hamlet Otáñez, miembro de la Dirección Política de la FP y titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento del partido, quien recordó que durante todo el año 2025 numerosas comunidades del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo han denunciado de manera reiterada la falta de agua continua, la extrema irregularidad del servicio y la imposibilidad de organizar la vida cotidiana en función de un suministro que, en muchos casos, llega apenas una vez al mes o desaparece durante semanas.
Estas denuncias abarcan sectores como Ciudad Juan Bosch, Mendoza, Los Mina, Villa Liberación, Los Tres Brazos, La Ureña, Cancino Adentro, Sabana Perdida, Villa Mella, Guaricanos, Pantoja, Herrera, Buenos Aires de Herrera, Los Alcarrizos, La Venta, El Condado, La Ceiba, el kilómetro 13 de la autopista Duarte, Proyecto Cristal, Los Hidalgos, entre muchos otros del Gran Santo Domingo.
Otáñez calificó de inaceptable que, frente a esta realidad ampliamente conocida, la CAASD opte por incrementar el costo del metro cúbico de agua, trasladando a la población el peso de ineficiencias estructurales que no son responsabilidad de los usuarios. Consideró aún más grave que la medida se adopte sin mejoras previas en la calidad, cantidad y continuidad del servicio, condiciones mínimas para cualquier ajuste tarifario.
El experto en agua y saneamiento subrayó que, antes de plantear aumentos, la CAASD debe revisar de forma profunda y transparente su estructura de gastos, en especial los elevados costos administrativos y una nómina abultada, ampliamente percibida por la ciudadanía como resultado de prácticas de clientelismo político.
“No es justo ni sostenible pretender cubrir ineficiencias internas aumentando el costo de vida de una población que ya enfrenta serias dificultades económicas”, puntualizó.
Finalmente, advirtió que la micromedición en el Gran Santo Domingo sigue siendo mínima, lo que convierte cualquier esquema de cobro por consumo real en una ficción administrativa para amplios sectores. Sin medición confiable, no puede hablarse de justicia tarifaria.
“Incrementar tarifas en un sistema con baja micromedición, graves fallas operativas y profundas desigualdades territoriales equivale a institucionalizar la inequidad en el acceso al agua potable”, concluyó.



