La pelota está en candela, extraditables presionan y el poder tiembla

Buenas días…

No nos incomoda porque los “picantes” piquen. No estamos aquí para complacer egos ni para suavizar verdades. Decimos las cosas como son. Si a Juancito Trucupey le molesta, ese es su problema. Al que le pique, que se rasque. Así de simple.

Dígase sin rodeos: respaldamos las operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump contra el crimen organizado. Punto final.

Y si hay que llevarse sin visa, con pasaje solo de ida, a narcotraficantes, narcopolíticos, testaferros, cómplices y protectores ya identificados por el Tío Sam, que se los lleven. Pero que en ese vuelo también monten a los corruptos responsables de la miseria que padecen nuestros pueblos.

Ahora bien, que alguien nos muestre la ruta de la transparencia en el Estado. ¿Dónde queda eso? Porque impunidad hay, y al por mayor. ¿O es que en el caso SENASA están todos los que son?

Aquí no creemos en cuentos ni en discursos edulcorados. Estamos cansados de palomitas pintadas en el aire. La realidad es tozuda:

— El pan subió de precio… y bajó de tamaño.
— El agua en botellón se asa al sol de cada día y cuesta hasta 15 pesos más, en algunos establecimientos.
— Los precios suben, los salarios siguen congelados.

A Dios rogando y con el mazo dando. Porque no se olvide: la mentira puede correr rápido, pero la verdad siempre llega caminando… y cuando llega, no pide permiso.

Hay más. El presidente Luis Abinader está operando en contradicción con la Ley 590-16, de la Policía Nacional, mientras se impulsa una nueva legislación que huele a copia importada, con terminología ajena, que concentra poder, convierte generales en caciques y bloquea el ascenso real de los alistados. Una reforma así no es modernización: es regresión.

Y ojo al dato: más de 8 mil millones de pesos gastados en dos años en una supuesta reforma policial que, lejos de mejorar, se hunde cada día más en el lodazal. Y eso se puede demostrar con cifras y datos.

Para colmo, suenan versiones insistentes sobre un posible decreto que colocaría al general Guzmán Badía al frente de la Policía Nacional, a instancias del entorno presidencial, como si esa institución fuera una extensión familiar. Eso sería, sin rodeos, una vergüenza institucional. Más aún cuando ese oficial —como otros cuyos nombres han circulado en escándalos de corrupción o drogas— tiene asuntos pendientes que explicar. En un país serio, ningún nombre bajo sombra debería siquiera barajarse para jefe de una institución.

Que el presidente haga cambios, incluso importando funcionarios si hace falta, para enderezar el rumbo de un gobierno torcido. Aunque eso incomode a Hipólito Mejía o haga patalear a Alfredo Pacheco. Gobernar no es complacer.

Y aviso público a los alcaldes —incluidos los del Gran Santo Domingo— y al ministro de Obras Públicas: los hoyos en las calles también son inseguridad. Matan, hieren y arruinan vidas.

Y al cierre

Una fuente palaciega informó a ¡Cógelo, Picante! que el presidente Abinader enfrenta presiones internas desde sectores del PRM, vinculados a expedientes de extradición hacia Estados Unidos. Según la fuente, hay chantaje y advertencias veladas: “si me tocan, hablo”.

La pelota está en juego. Y está al rojo vivo.