Policía apresa y esposa a sacerdote en El Seibo en un acto de abierta represión

Por Luis Chalas

EL SEIBO, R.D.

Como si el país hubiera retrocedido a los años más oscuros de persecución y atropello, este miércoles el sacerdote Miguel Ángel Grullón, director de Radio Seibo, fue apresado y esposado por agentes de la llamada “nueva” Policía Nacional, en un hecho que ha provocado indignación en amplios sectores de la sociedad.

El religioso acudió al lugar únicamente en auxilio de una familia humilde, a la que se pretendía desalojar sin contemplaciones, y tuvo la osadía —imperdonable para algunos— de pedir un compás de espera. Ese fue su “delito”.

El hecho recuerda episodios vergonzosos del pasado, cuando defensores de los derechos del campesinado, como Dionisio Frías (Míster Beca), pagaron con su vida por enfrentar abusos similares.

Hoy no fue el asesinato, pero sí la humillación pública y el uso desproporcionado de la fuerza contra un sacerdote.

Testigos relataron a este medio digital que, sin mediar diálogo ni orden judicial, los agentes policiales procedieron de inmediato a esposar al padre Grullón, en una escena más propia de una obra teatral mal montada que de un Estado que se dice democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Según versiones recogidas en el lugar, el arresto se habría producido por orden de un fiscal de El Seibo, identificado como Raúl Cedano, a pesar de que no existía ninguna orden de arresto contra el sacerdote.

La detención ocurrió en la calle Randolfo Bobadilla, sector Mirador del Sur, donde el padre Grullón acudió tras ser llamado por una familia que llevaba 35 años residiendo en la vivienda que se intentaba desalojar.

El padre de dicha familia murió tras años de trabajo en el Central Romana, lo que añade un componente de injusticia social al caso.

La actuación policial ha sido calificada por testigos y comunitarios como arbitraria, abusiva y represiva, dejando en evidencia que, pese a los discursos oficiales de reforma, viejas prácticas autoritarias siguen vivas cuando se trata de proteger intereses ajenos al pueblo.

Este hecho no solo constituye un atropello contra un sacerdote y comunicador, sino un mensaje peligroso, que en República Dominicana defender a los más vulnerables puede costar la libertad, aunque sea por unas horas.

Comunitarios reclamaron, además, al presidente Luis Abinader que cese de violentar la Ley 590-16, la cual prohíbe la permanencia en el cargo por más de dos años del jefe de la Policía Nacional, plazo que se cumplió el pasado 14 de noviembre, y que disponga la inmediata destitución del mayor general Ramón A. Guzmán Peralta, actual director de la institución

Comunitarios reclamaron, además, al presidente Luis Abinader que cese de violentar la Ley 590-16, la cual prohíbe la permanencia en el cargo por más de dos años del jefe de la Policía Nacional, plazo que se cumplió el pasado 14 de noviembre, y que disponga la inmediata destitución del mayor general Ramón A. Guzmán Peralta, actual director de la institución.

Los denunciantes advierten que la permanencia ilegal en el cargo socava la institucionalidad y desacredita el discurso oficial de respeto al Estado de derecho.

Guzmán Peralta es nativo de El Seibo, lo que —según comunitarios— agrava la percepción de protección política y uso indebido del poder, en detrimento de una actuación imparcial y ajustada a la ley.