Venezuela: cayó la dictadura, pero quedó la advertencia

 Buenos días…

Expulsar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela era, para muchos, una necesidad política y moral. Su régimen derivó en una dictadura, y eso no podía prolongarse indefinidamente.

Ahora bien, ¡Cógelo, Picante! no respalda la forma en que se ejecutó su salida: violar la soberanía de un país nunca debe normalizarse. 

La República Dominicana fue intervenida en 1916 y 1965, y esas intervenciones aún pesan sobre nuestra historia. Dejaron cientos de muertos, jóvenes valiosos y dirigentes nacionalistas que pagaron con sangre decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras.

Por eso, ojo. Lo ocurrido en Venezuela —y lo que podría venir— debe ser observado con prudencia e inteligencia por los países del Caribe y por sus gobernantes, incluida la República Dominicana.

Dicho esto, seamos claros: apoyamos la ofensiva del presidente Donald Trump contra el crimen organizado, venga de donde venga, incluya a quien incluya, incluso dentro de la República Dominicana. Porque no nos engañemos: Estados Unidos no tiene amigos ni aliados permanentes… tiene intereses.

Y atención, presidente Trump, extensivo a la señora embajadora Francis Campos: la operación contra el crimen organizado debe fortalecerse y ampliarse en República Dominicana. Caiga quien caiga.

Esa ofensiva no puede ser selectiva. Debe alcanzar a corruptos con rango y sin rango, a narcopolíticos y narcotraficantes, y a todos —absolutamente todos— los que han sido señalados por recibir dinero sucio para comprar conciencias y ganar elecciones nacionales, provinciales y municipales.

¡Atención, presidente Luis Abinader! El Estado no es una empresa familiar ni privada. Bajo ningún concepto podemos tolerar una Policía Nacional dirigida por mandos cuestionados, recurrentemente envueltos en escándalos de corrupción administrativa, ejecuciones extrajudiciales y hechos criminales graves, como el caso de La Barranquita o el asesinato de dos militares y un agente de la DNCD, en el 12 de Haina, en diciembre del 2023.

Pero tampoco su anunciada “reforma policial” debió ser enlodada con el reintegro de personas cuestionadas, incluyendo algunas que fueron separadas de la institución por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Presidente Trump: eso ha ocurrido en la Policía dominicana. Y peor aún, familiares y funcionarios influyentes estarían recomendando al presidente Abinader a oficiales señalados por corrupción para dirigir la Policía Nacional. Eso no es aceptable.

¡Cógelo, Picante! habla con datos y respaldos. Si hace falta, los publicamos. Con nombres, apellidos y sus acciones violatorias y penales.

Presidente Abinader, siga una línea clara y firme, y usted sabes cuál es esa línea. Las fuerzas del orden y las instituciones del Estado necesitan gerentes públicos, no improvisados; profesionales de pies a cabeza, con experiencia, limpios de corrupción y que no huelan a narcotráfico. ¿Es ese el perfil que se busca? ¿Es ese el pedigrí que exigen ustedes, secretario Marco Rubio? Nosotros también.

Ojo, presidente Abinader… Gobernar es cosa de sabios. Y como bien dice el refrán, recordar es vivir. Mire hacia atrás. Observe con atención dónde terminó la familia del expresidente Danilo Medina: atrapada en escándalos, políticamente aislada y con un proyecto que hoy no respira futuro. Danilo Medina, otrora todopoderoso, es ahora una figura congelada en el pasado, una momia política sin capacidad real de incidencia.

La historia reciente es clara y aleccionadora: el poder mal administrado, rodeado de intereses familiares y protegido por lealtades ciegas, siempre pasa factura. Tarde o temprano. Presidente Abinader, no repita errores ajenos. El país observa, la memoria colectiva no perdona y el tiempo —ese juez implacable— siempre cobra.

La pregunta es directa y sin anestesia: ¿en Venezuela se violó el principio de soberanía? ¿Qué queda entonces del concepto de autodeterminación de los pueblos? Los venezolanos  tienen el derecho irrenunciable a decidir su destino sin tutelajes externos. Y si ese derecho es papel mojado, cabe otra pregunta incómoda: ¿para qué existen la ONU y la OEA?

Ambas organizaciones operan, casualmente o no, en territorio estadounidense. Este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir el caso venezolano. Conviene observar con lupa si el derecho internacional aún respira o ya fue enterrado.

Aunque el régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros jamás calificó como una democracia, y sin pretender dictar cátedra de derecho internacional, hay una verdad incómoda que no puede maquillarse: la acción militar de Estados Unidos en territorio venezolano constituye una violación a la soberanía de ese Estado.

La soberanía no es un adorno retórico. Es independencia, autoridad plena y competencia total sobre el territorio. Corresponde al pueblo resguardarla, aunque ese ejercicio se delegue en representantes. Que el gobierno sea ilegítimo no convierte al país en tierra de nadie.

Más grave aún fue el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, al atribuirse la conducción del proceso de “retorno a la democracia” o de “institucionalización” de Venezuela. Eso no solo es políticamente arrogante: es jurídicamente inaceptable.

Ese gesto pisotea el principio de autodeterminación, es decir, el derecho de un pueblo a decidir su propio destino. ¿Con qué autoridad el mandatario norteamericano determina que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado no están en condiciones de encabezar ese proceso, si los venezolanos ya decidieron en las elecciones de 2024 que ellos eran su opción?

La autodeterminación significa algo muy concreto: que los venezolanos, una vez liberados de Maduro y su círculo de poder —Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López— puedan decidir sin presiones externas cómo quieren vivir, gobernarse y desarrollarse. Autonomía, libertad para elegir y actuar, control sobre su propio destino. Ni dictadura interna ni tutela extranjera.

En un mundo marcado por la invasión rusa a Ucrania, el exterminio sistemático en Gaza y ahora la violación del territorio venezolano por parte de Estados Unidos, cabe preguntar con razón: ¿qué dice la ONU?

Su documento fundacional es claro y no admite malabares: “La Carta codifica los principios básicos de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. La norma existe. Lo que falta es voluntad para aplicarla sin doble rasero.

La ONU y la OEA nacieron tras las dos grandes guerras mundiales con un mandato explícito: preservar la paz internacional. Sin embargo, su primer pecado es estructural: sus sedes operan en Nueva York y Washington, bajo la sombra directa del poder estadounidense.

La ONU tiene 193 Estados miembros y dos observadores. Su Consejo de Seguridad lo integran 15 países, pero cinco mandan de verdad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Un solo veto basta para sepultar cualquier resolución. La OEA, por su parte, agrupa 34 Estados miembros.

La OEA también posee una Carta llena de promesas solemnes que raramente se cumplen. En sus 146 artículos proclama principios nobles, como este: “Defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados americanos”. Hermoso en el papel. Débil en la práctica. Selectivo en la aplicación.

Este lunes se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU con Venezuela como tema central. El desenlace es previsible: Rusia y China, con derecho a veto, condenarán la acción militar de Estados Unidos.

La pregunta final queda flotando en el aire, incómoda y sin maquillaje: ¿Estamos ante un orden internacional basado en reglas… o ante la ley del más fuerte con membrete diplomático?