Haití, rehén del terror armado y de un Estado en retirada

PUERTO PRÍNCIPE

Haití vive cada día con mayor intensidad bajo el terror de bandas criminales, catalogadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos, en un contexto marcado por la debilidad extrema de las instituciones y la inacción de un régimen interino que, según denuncias de dirigentes políticos y comunitarios, prioriza su permanencia en el poder por encima de la seguridad de la población.

La represión ejercida por estos grupos armados —financiados por poderosos empresarios radicados en distintos países y por redes del narcotráfico que operan a escala internacional, especialmente en Sudamérica— se dirige con particular dureza contra quienes se atreven a denunciar sus crímenes y abusos.

El secuestro del abogado Mario Dorismond es una muestra elocuente de esta realidad y constituye una nueva y contundente evidencia del colapso casi total del Estado haitiano en la comuna de Carrefour, una de las zonas más castigadas por la violencia armada y el control territorial de las bandas.

El viernes 19 de diciembre de 2025, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, Dorismond fue secuestrado por hombres fuertemente armados que, según múltiples fuentes, actuaban bajo las órdenes de Christ-Roi Chéry, alias “Krisla”, jefe de una poderosa banda que opera en Tibwa, una comunidad rural agrícola situada al norte de la capital haitiana.

De acuerdo con personas cercanas a la víctima, el rapto estaría directamente vinculado a las denuncias públicas realizadas por el abogado en un foro de WhatsApp, donde expuso sin rodeos el alarmante deterioro de la seguridad en Bizoton, sección perteneciente a la comuna de Carrefour.

Advertencias ignoradas, voces silenciadas

Horas antes de su desaparición, Dorismond había difundido un mensaje de voz ampliamente compartido, en el que exhortaba a los residentes de Carrefour a mantenerse en máxima vigilancia ante la escalada de violencia.

En su denuncia, el abogado describía escenas de bandidaje cotidiano cometidas con absoluta impunidad: ciudadanos interceptados en plena vía pública, mujeres amenazadas con armas automáticas, y robos sistemáticos de teléfonos, bolsos y dinero a punta de pistola.

Relató, además, la dramática situación vivida por residentes de Bizoton 51, atacados en las inmediaciones de las instalaciones de la Marina de Haití, un hecho que simboliza, para muchos, el derrumbe definitivo de la autoridad estatal.

A esto se suma el caso de un feligrés cuyo vehículo fue robado frente a una iglesia en Fontamara 43, durante un servicio religioso. Ni siquiera los templos están a salvo.

Carrefour: una ciudad bajo control armado

Estos hechos no son aislados. Responden a una realidad cada vez más evidente: el Estado ha perdido el control de Carrefour.

Hoy, la ley que impera no es la de la República, sino la de los jefes de bandas armadas.

Diversas fuentes coinciden en que iglesias, escuelas, comercios, templos vudú y pequeños negocios deben pagar “cuotas” periódicas a la banda de Krisla para poder seguir operando. La negativa suele traducirse en represalias inmediatas: cierres forzosos, amenazas directas o ataques armados.

Incluso el supermercado Délimart, propiedad del empresario Réginald Boulos —actualmente detenido en Estados Unidos por presunta financiación de bandas armadas—, no estaría exento de esta lógica mafiosa, según testimonios recabados por nuestra redacción.

Zonas grises y sospechas de complicidad local

Aunque Mario Dorismond se proyectó públicamente como un férreo defensor de la comunidad de Carrefour, algunos ciudadanos han señalado la existencia de vínculos ambiguos entre el abogado y el líder de la banda Krisla.

Estas versiones, aún no esclarecidas, abren una interrogante inquietante pero necesaria:
¿hasta qué punto existe complicidad entre determinadas figuras locales y los grupos armados que controlan el territorio?

Un secuestro que desnuda el fracaso del Estado

El secuestro de Mario Dorismond no puede reducirse a un hecho aislado. Es el símbolo de un Estado ausente, incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y, mucho menos, de proteger a quienes se atreven a denunciar la realidad.

En Carrefour, alzar la voz contra la inseguridad se ha convertido en un acto de alto riesgo. La denuncia no es tolerada y ahora tiene un precio elevado.

Mientras la impunidad siga reinando y las bandas armadas impongan sus leyes con el silencio —o la tolerancia— de las autoridades, Carrefour continuará siendo un territorio ocupado, y toda voz crítica, un objetivo potencial.