Haití ante el G7: Grandes potencias respaldan la seguridad, pero exigen justicia y elecciones limpias

 ANÁLISIS  

La continuidad de la fuerza internacional, las sanciones contra quienes amenazan la estabilidad y el fortalecimiento de las instituciones haitianas forman parte de una estrategia que también pone bajo observación a los sectores políticos que aspiran a dirigir el país.

PRIMERA ENTREGA

PUERTO PRÍNCIPE, Haití

 La declaración de los ministros de Relaciones Exteriores del G7 sobre Haití contiene un mensaje político que sus autoridades y dirigentes no deberían interpretar a la ligera: las principales potencias económicas están dispuestas a mantener su respaldo a los esfuerzos para recuperar el control del territorio haitiano, pero ese apoyo viene acompañado de exigencias relacionadas con la justicia, la transparencia, la responsabilidad política y la credibilidad democrática.

No se trata solamente de renovar el mandato de una fuerza internacional, imponer sanciones o conseguir recursos para operaciones de seguridad. Lo que está en discusión es el futuro del Estado haitiano, la legitimidad de sus autoridades y la posibilidad de devolverle a la población el derecho a vivir sin el terror de las bandas armadas.

La principal oportunidad para Haití consiste en convertir el respaldo internacional en una estrategia nacional de recuperación, no en prolongar indefinidamente la dependencia de fuerzas extranjeras.

¿Qué está respaldando realmente el G7?

El G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. En su declaración conjunta, emitida después de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores celebrada en París los días 9 y 10 de noviembre de 2026, establece una posición que combina seguridad, responsabilidad política, democracia y recuperación económica.

Hay cinco aspectos fundamentales que merecen atención.

Continuidad de la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG)

El G7 respalda la renovación del mandato de la FRG hasta finales de marzo de 2027.

Esto significa que las principales potencias consideran que Haití todavía necesita asistencia internacional para enfrentar a las organizaciones criminales armadas y recuperar el control de su territorio.

Pero hay una precisión importante: la renovación ya había sido aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la Resolución 2829, del 29 de septiembre de 2026. Por tanto, no es el G7 quien decide por sí solo la permanencia de esa fuerza.

¿Qué le conviene a Haití?

Que la FRG contribuya efectivamente a desmantelar las estructuras criminales, liberar territorios ocupados, proteger las carreteras, garantizar el funcionamiento de hospitales y escuelas y permitir que las familias desplazadas puedan regresar a sus hogares.

Sin embargo, Haití no puede conformarse con sustituir la ausencia de autoridad nacional por una presencia extranjera permanente. La fuerza internacional debe ayudar a crear las condiciones para que la Policía Nacional Haitiana (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H) puedan asumir progresivamente la responsabilidad de la seguridad.

Sanciones contra quienes amenazan la estabilidad

El G7 también respalda la renovación del régimen de sanciones de Naciones Unidas contra personas y entidades que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad haitianas.

Este punto tiene una dimensión mucho más profunda que la simple imposición de restricciones financieras o de viajes.

Haití necesita identificar y perseguir las redes económicas, políticas y criminales que alimentan la violencia. Las bandas armadas no sobreviven exclusivamente de sus integrantes en las calles: necesitan financiamiento, armas, municiones, logística y conexiones que les permitan operar.

Por eso, las sanciones deben alcanzar a quienes financian, protegen, patrocinan o facilitan las actividades criminales, siempre sobre la base de evidencias y procedimientos legales.

Lo que más le conviene a Haití es que no existan intocables. Ni empresarios, ni políticos, ni funcionarios, ni intermediarios que puedan utilizar sus posiciones para alimentar la violencia y después presentarse como salvadores del país.

Fortalecimiento de la PNH y de las Fuerzas Armadas

El G7 reclama apoyo para fortalecer la Policía Nacional Haitiana y las Fuerzas Armadas.

Esta exigencia es esencial porque la solución definitiva no puede descansar exclusivamente en contingentes extranjeros.

Haití necesita una policía profesional, bien equipada, con inteligencia operativa, capacidad de investigación, controles internos y una cadena de mando que responda al Estado de derecho.

También necesita unas Fuerzas Armadas preparadas para cumplir sus responsabilidades constitucionales, proteger la soberanía y apoyar la defensa nacional.

Pero hay algo que no debe perderse de vista: entregar armas, vehículos y equipos no equivale a reformar una institución.

La recuperación de la seguridad exige depuración de los cuerpos armados, capacitación, salarios dignos, supervisión, investigación de los abusos y persecución de cualquier agente que colabore con organizaciones criminales.

El G7 insiste, además, en que todas las operaciones de seguridad deben tener como prioridad la protección de los civiles haitianos. Esto es fundamental: combatir a las bandas no puede convertirse en una justificación para atropellar a la población.

Elecciones: el G7 pone el dedo en una de las heridas políticas de Haití

Este es uno de los aspectos más delicados de la declaración.

Los ministros respaldan la celebración de elecciones democráticas y toman nota de que la primera vuelta ha sido aplazada hasta julio de 2027.

Pero no se limitan a pedir que se convoquen elecciones. Exigen que el proceso sea creíble, íntegro y que el decreto electoral se aplique de manera completa e imparcial.

Además, expresan preocupación por la participación en el proceso político de personas sometidas a sanciones internacionales.

Aquí hay que detenerse.

El G7 está advirtiendo que la recuperación democrática no puede construirse sobre las mismas prácticas y relaciones de poder que han contribuido a destruir la confianza de los haitianos en sus instituciones.

No está estableciendo en su declaración una prohibición automática de candidatura para toda persona sancionada. Está expresando preocupación por su participación y reclamando responsabilidad, integridad y aplicación imparcial de las normas electorales.

¿Qué le conviene a Haití?

Que los aspirantes a dirigir el país puedan demostrar que no tienen compromisos con estructuras criminales, que no utilizan el poder económico para comprar voluntades y que están dispuestos a someterse a las mismas reglas que los demás ciudadanos.

No tendría sentido combatir a las bandas armadas en las calles para después permitir que sus posibles protectores o patrocinadores se conviertan en protagonistas de la reconstrucción política.

La democracia no se recupera únicamente colocando urnas. Se recupera cuando el ciudadano puede elegir libremente y confiar en quienes aspiran a gobernarlo.

Ayuda humanitaria y recuperación económica

El G7 solicita mayores aportes al fondo fiduciario de Naciones Unidas destinado a financiar las operaciones de la misión, así como ayuda humanitaria y respaldo económico.

Esto es importante porque Haití no enfrenta solamente una crisis de seguridad. También padece una emergencia social, alimentaria, institucional y económica.

La violencia destruye empleos, paraliza el comercio, interrumpe la educación, dificulta el acceso a los servicios médicos y obliga a miles de familias a abandonar sus hogares.

En ese contexto, el G7 respalda el Pacto para la Prevención y la Recuperación acordado entre el Gobierno haitiano y sus socios internacionales, con el acompañamiento del Banco Mundial.

Este instrumento contempla 14 compromisos, con metas verificables y plazos definidos, distribuidos en cuatro áreas:

• Estado de derecho, justicia y seguridad.

• Gobernanza y lucha contra la corrupción.

• Estabilidad macroeconómica y tributación.

• Empleos sostenibles e inversiones.

El pacto entró en vigor el 5 de noviembre de 2026 y establece un marco de trabajo de 12 meses.

La importancia de este acuerdo radica en que la asistencia internacional debe traducirse en resultados concretos y no convertirse en otra cadena de promesas, reuniones y recursos que nunca llegan a quienes los necesitan.