Horrorizante cifra de ciudadanos ejecutados por la Policía

Por Augusto Álvarez
Simplemente horrorizante resulta la cifra de ciudadanos —delincuentes o no— asesinados en lo que va del año 2025 por la Policía Nacional.
¿Quién podría imaginar que en un gobierno que se autodefine como transparente y democrático se registrarían tantos crímenes extrajudiciales?
La cifra es escalofriante: 189 muertos.
Posiblemente, ni siquiera en Venezuela —país al que muchos señalan como dictadura— se contabilizan tantos asesinatos cometidos por su Policía Nacional en un solo año.
Y no lo olvidemos: este año la sangre ha corrido y sigue corriendo por doquier. Los responsables tienen nombre y jerarquía.
Son hombres que actúan bajo el mando del jefe de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, pues sin su orden no hay “zafra”; es decir, no hay ejecuciones extrajudiciales.
Y, muy probablemente, tampoco sin la bendición de instancias superiores.
Sobre estas muertes pesa también la complicidad de la Procuraduría General de la República, ya que en numerosos casos —donde se demostró que se trató de asesinatos vulgares— no hubo consecuencias. En otros, ni siquiera se identificaron las cabezas responsables de esos crímenes.
Una pregunta, quizá ingenua: ¿quiénes ingresan al cuerpo del orden público?
Mayormente jóvenes nacidos en las barriadas más golpeadas por la hambruna y la miseria ancestral, que ingresan a la academia policial buscando una mejor vida.
¿Y qué aprenden allí, aparte de apretar el gatillo durante sus supuestos “enfrentamientos”?
Ahí están las cifras: 189 ciudadanos caídos en lo que va de año, mientras la institución del “orden” entretiene a los comunicadores repitiendo el mismo libreto: “el caso está bajo investigación”.
Tras la matanza de La Barranquita, en Santiago, los gatilleros hicieron una pausa. ¿Por presión de qué autoridad?
Sin embargo, en los últimos días la sangre volvió a correr.
Ahí está el caso de Villa Consuelo, donde un joven de 25 años, sin antecedentes penales, fue asesinado por la espalda, aparentemente por puro placer. Hasta hoy, no hay consecuencias. Lo que sí hay es silencio absoluto del presidente Luis Abinader y del Ministerio Público.
Estamos viviendo tiempos peores que los de los tristemente célebres 12 años de Joaquín Balaguer (1966–1978), cuando la vida no valía nada.
Se habla de investigación, de modernización, de reforma policial. ¿Para qué sirven entonces las cámaras corporales, muchas de ellas inoperantes? ¿Quién explica al presidente por qué se invirtieron millones en equipos que no funcionan o que convenientemente “fallan” cuando hay muertos?
¿Qué se exhibe como logro de la Reforma Policial? ¿Los nuevos uniformes y las cámaras apagadas?
Ingresar jóvenes de sectores marginados, incluso obviando malos hábitos adquiridos en entornos de violencia y exclusión, es cosechar exactamente lo que estamos viendo hoy.
¿Y los llamados “popis”? Quizás ingresan, pero lo hacen por una puerta entreabierta que deja la comodidad familiar.
En las entrañas de la miseria barrial no hay popis.



