Cárceles conectadas, hogares y niños vulnerables

Por Margarita de la Rosa
Mientras nuestro sistema penitenciario permita teléfonos inteligentes y acceso a alta tecnología en manos de presos, la seguridad de la sociedad, y especialmente la de nuestros niños, seguirá en riesgo.
La denuncia del comunicador José Martínez Brito pone sobre la mesa una verdad estremecedora: desde las cárceles se planifican extorsiones, se vigila la intimidad de nuestros hogares y se tejen redes criminales en contubernio con personas de confianza, como “nanas” que traicionan su rol para servir a intereses criminales.
No es casual que aumenten las desapariciones de niños.
Cuando delincuentes conocen rutinas, espacios, horarios y vulnerabilidades familiares, y debido al uso de tecnología avanzada, el peligro se multiplica. Sin dudas, existe complicidad, negligencia y una falla estructural que el Estado no puede seguir minimizando.
Las cárceles no pueden continuar siendo centros de operación del crimen.
Eliminar los celulares, cortar las señales, investigar las redes y sancionar sin contemplaciones no es una opción: es una urgencia nacional.
El silencio y la indiferencia también hacen daño.
Proteger a la niñez es una obligación moral y legal que no admite excusas. Y si el Estado no actúa en consecuencia, hay que interpelarlo, no conformarse con promesas de funcionarios repitiendo en los medios anuncios de “bloqueo de señales” que nunca se concretan, mientras las cárceles siguen operando como centros del delito con acceso a alta tecnología.
¿Dónde están los resultados del bloqueo prometido por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales?
¿Dónde está la supervisión técnica y las sanciones anunciadas por INDOTEL?
¿Hasta cuándo la mediación sin acciones verificables?
Las palabras no protegen. Las acciones, sí.
Eliminar celulares, cortar señales de forma efectiva, investigar redes y sancionar responsabilidades es una urgencia nacional. La seguridad y la infancia no admiten más excusas, mientras nuestra realidad es la de prisiones convertidas en centros de operación criminal.



