Internos denuncian ‘traslados arbitrarios’; solicitan intervención de Derechos Humanos

SANTIAGO, R.D.

Un grupo de internos recluidos en el área de máxima seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, en Santiago, denunció presuntas irregularidades en el proceso de traslado de privados de libertad y solicitó la intervención de las autoridades penitenciarias y de organismos defensores de los derechos humanos.

Mediante un comunicado dirigido a la presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global, Rebeca Henríquez; al director general de Prisiones, y al coordinador nacional del sistema penitenciario, Roberto Santana, los internos acusan al director del recinto, Frank Cabrera Paniagua, y a parte de su equipo de trabajo de presuntamente intentar ejecutar traslados sin cumplir con los procedimientos establecidos por la ley.

Según el documento, los reclusos sostienen que el director habría incorporado al área de máxima seguridad a personas que, a su juicio, no reúnen las condiciones para permanecer en ese régimen, situación que, afirman, incrementa los riesgos dentro del centro penitenciario.

Asimismo, aseguran que les fueron presentados formularios de traslado para su firma, pese a que ninguno de ellos habría solicitado ser transferido a otro recinto. De acuerdo con la denuncia, se les advirtió que los traslados se realizarían «por las buenas o por las malas», independientemente de su consentimiento.

Los internos alegan que cualquier traslado de privados de libertad sometidos al régimen de máxima seguridad debe cumplir una serie de requisitos legales, entre ellos la evaluación de la medida, el respeto al debido proceso, la notificación a familiares o abogados y la verificación de que el nuevo centro reúna las condiciones de seguridad necesarias.

En ese sentido, responsabilizan al director del penal y a su equipo de cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad física si los traslados se ejecutan sin observar los procedimientos correspondientes.

Finalmente, solicitaron la intervención de la presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global y de las máximas autoridades del sistema penitenciario para que investiguen la denuncia y adopten las medidas que consideren pertinentes a fin de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.

Hasta el momento, las autoridades señaladas en el comunicado no han emitido una posición oficial sobre las denuncias formuladas por los internos.