Durante seminario de ADOCCO, advierte que las filtraciones, los expedientes mediáticos y las investigaciones deficientes pueden destruir reputaciones antes de una sentencia

Exige investigar con pruebas

SANTO DOMINGO, R.D.

 La jurista Emery Colomby Rodríguez lanzó fuertes cuestionamientos a la forma en que el Ministerio Público desarrolla determinadas investigaciones de corrupción y advirtió que la lucha contra ese flagelo no puede convertirse en una persecución sin controles, sin rigor técnico ni respeto al debido proceso.

Durante su participación en el Panel I, “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, del I Seminario Nacional de ADOCCO, celebrado el pasado 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, Rodríguez fue enfática:

“No se puede perseguir la corrupción a cualquier precio”.

La expositora sostuvo que combatir la corrupción exige firmeza, pero también investigaciones técnicamente sólidas, selección objetiva de los casos, pruebas suficientes y respeto estricto a la presunción de inocencia.

¡Más poder para perseguir, pero también más responsabilidad!

Rodríguez planteó que la ampliación del catálogo de delitos de corrupción contemplada en el nuevo Código Penal no garantiza por sí sola mejores resultados.

A su juicio, el fortalecimiento del poder persecutor debe estar acompañado de mayor capacidad investigativa, especialización técnica y controles efectivos, porque de lo contrario pueden producirse expedientes que no alcancen los resultados esperados en los tribunales.

Desde su experiencia en el ejercicio de la defensa, afirmó haber participado en procesos de corrupción cuyas investigaciones consideró técnicamente deficientes y señaló que esas debilidades pueden afectar la calidad de los resultados obtenidos por los investigadores.

“La transparencia también obliga al órgano persecutor”

Uno de los señalamientos más fuertes de la panelista estuvo dirigido a la transparencia del propio Ministerio Público.

Rodríguez reclamó que el órgano persecutor explique cuáles son sus prioridades, qué resultados ha obtenido y cuáles son las razones que sustentan las medidas cautelares solicitadas en determinados expedientes.

“La transparencia también obliga al órgano persecutor a ser transparente”, manifestó.

En ese sentido, cuestionó que la ciudadanía no siempre tenga claridad sobre los criterios utilizados para determinar qué casos reciben atención prioritaria y cuáles no.

¡Primero investigan, después filtran y la reputación queda condenada!

Rodríguez también puso el dedo sobre una práctica especialmente delicada: las filtraciones de expedientes y los juicios paralelos en los medios de comunicación y las redes sociales.

Advirtió que una persona puede sufrir un severo daño reputacional mucho antes de que un tribunal determine si existe responsabilidad penal.

Por ello, reclamó que la notoriedad pública de un expediente jamás implique reducir los estándares probatorios y llamó a los jueces a ejercer un control riguroso sobre las evidencias presentadas por el órgano acusador.

La advertencia adquiere especial relevancia en investigaciones de corrupción, donde la exposición mediática puede producir consecuencias sociales, profesionales y económicas incluso cuando todavía no existe una sentencia definitiva.

¡Sin buenos peritos, la investigación financiera cojea!

Otro de los puntos cuestionados por Rodríguez fueron las investigaciones patrimoniales y financieras.

La jurista señaló debilidades que, según su planteamiento, pueden presentarse cuando no existen suficientes peritos independientes y mecanismos técnicos capaces de analizar y corroborar adecuadamente la información financiera.

Reclamó fortalecer la investigación patrimonial, profesionalizar los equipos especializados y garantizar que las conclusiones financieras estén respaldadas por evidencias verificables.

También pone la lupa sobre la prisión preventiva

Rodríguez manifestó preocupación por el posible uso excesivo de la prisión preventiva y recordó que las medidas cautelares deben responder a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Asimismo, llamó la atención sobre los acuerdos de colaboración eficaz y los criterios de oportunidad, señalando que la información aportada por una persona que colabora con las autoridades debe ser sometida a controles y corroboración antes de utilizarse como fundamento de una acusación.

Corrupción sí, atropellos, no

Al concluir su intervención, Rodríguez planteó que la lucha contra la corrupción necesita más investigación financiera, mejores estándares de corroboración, mayor profesionalización y una comunicación pública responsable.

También reclamó mecanismos que permitan evaluar el desempeño del órgano persecutor y garantizar una verdadera rendición de cuentas.

Su participación se produjo durante el seminario organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), dedicado al análisis del impacto del nuevo Código Penal en materias como transparencia, libertad de expresión y persecución de la corrupción.

El planteamiento central de Rodríguez quedó resumido en una idea que coloca límites claros a la persecución penal: combatir la corrupción con firmeza, pero sin sacrificar las garantías que precisamente debe proteger el Estado de derecho.