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Mucho cuidado con la delación premiada en el caso SeNaSa

Por Margarita de la Rosa Mucho cuidado con la delación premiada en el caso SeNaSa La decisión judicial adoptada en el caso SeNaSa ha sido recibida con alivio por una parte importante de la población. No es para menos: por primera vez se envía una señal clara de que la impunidad no puede seguir siendo la norma en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, junto a ese alivio legítimo, queda flotando un sabor amargo que no debe ser ignorado. La prisión domiciliaria concedida a tres de los imputados, así como el hecho de que ni siquiera se mencione a figuras señaladas como cerebros del entramado, bajo el argumento de que estarían “colaborando” con el Ministerio Público, obliga a encender todas las alertas. La sociedad dominicana no puede conformarse con castigos selectivos ni con procesos que parezcan diseñados para proteger a los verdaderos arquitectos del desfalco. La delación premiada es una herramienta válida en sistemas judiciales modernos, pero solo cuando se maneja con extremo rigor, transparencia y proporcionalidad. De lo contrario, se convierte en un incentivo perverso: los grandes responsables negocian su libertad, mientras los eslabones menores cargan con el peso de la justicia. Colaborar no puede significar borrón y cuenta nueva, ni mucho menos silencio institucional sobre nombres clave que la opinión pública conoce desde hace tiempo. Colaborar debe implicar información verificable, recuperación total de los fondos sustraídos y sanciones proporcionales al daño causado. Todo lo demás es simulación. En un caso como SeNaSa, donde los recursos desviados pertenecen a un sistema que impacta directamente la vida, la salud y la dignidad de millones de dominicanos, cualquier señal de benevolencia excesiva erosiona la confianza ciudadana en la justicia. Y una justicia en la que no se confía es terreno fértil para la impunidad. La lucha contra la corrupción no puede quedarse en titulares ni en decisiones que “caen bien” momentáneamente. Debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin excepciones disfrazadas de cooperación ni pactos que sacrifiquen la verdad en nombre de la rapidez procesal. Porque cuando la delación premiada se usa mal, no fortalece la justicia: la debilita.

Por Margarita de la Rosa

La decisión judicial adoptada en el caso SeNaSa ha sido recibida con alivio por una parte importante de la población.

No es para menos: por primera vez se envía una señal clara de que la impunidad no puede seguir siendo la norma en el manejo de los recursos públicos.

Sin embargo, junto a ese alivio legítimo, queda flotando un sabor amargo que no debe ser ignorado.

La prisión domiciliaria concedida a tres de los imputados, así como el hecho de que ni siquiera se mencione a figuras señaladas como cerebros del entramado, bajo el argumento de que estarían “colaborando” con el Ministerio Público, obliga a encender todas las alertas. La sociedad dominicana no puede conformarse con castigos selectivos ni con procesos que parezcan diseñados para proteger a los verdaderos arquitectos del desfalco.

La delación premiada es una herramienta válida en sistemas judiciales modernos, pero solo cuando se maneja con extremo rigor, transparencia y proporcionalidad. De lo contrario, se convierte en un incentivo perverso: los grandes responsables negocian su libertad, mientras los eslabones menores cargan con el peso de la justicia.

Colaborar no puede significar borrón y cuenta nueva, ni mucho menos silencio institucional sobre nombres clave que la opinión pública conoce desde hace tiempo. Colaborar debe implicar información verificable, recuperación total de los fondos sustraídos y sanciones proporcionales al daño causado. Todo lo demás es simulación.

En un caso como SeNaSa, donde los recursos desviados pertenecen a un sistema que impacta directamente la vida, la salud y la dignidad de millones de dominicanos, cualquier señal de benevolencia excesiva erosiona la confianza ciudadana en la justicia. Y una justicia en la que no se confía es terreno fértil para la impunidad.

La lucha contra la corrupción no puede quedarse en titulares ni en decisiones que “caen bien” momentáneamente. Debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin excepciones disfrazadas de cooperación ni pactos que sacrifiquen la verdad en nombre de la rapidez procesal.

Porque cuando la delación premiada se usa mal, no fortalece la justicia: la debilita.

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