Corrupción y confianza pública: un desafío que persiste en RD

Por Rebeca Henríquez
Presidenta, Fundación Derechos Humanos Global
La corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo social, económico e institucional de la República Dominicana.
A pesar de los discursos oficiales y de algunos esfuerzos aislados, la percepción de corrupción sigue siendo elevada, afectando de manera directa y profunda la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Este fenómeno se encuentra arraigado en amplios sectores de la administración pública y se manifiesta en múltiples niveles, desde la asignación discrecional de contratos hasta la gestión opaca de los recursos públicos.
De acuerdo con informes de Transparencia Internacional, la corrupción no solo desvía fondos destinados a servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad, sino que también socava los pilares del sistema democrático y del Estado de derecho.
La persistente falta de transparencia y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha generado un clima de desconfianza generalizada.
Muchos ciudadanos perciben que las instituciones no actúan en función del interés público y que la justicia opera de manera selectiva, castigando a unos mientras protege a otros. Esta percepción erosiona la credibilidad del sistema y se traduce en una menor participación cívica, mayor apatía política y un debilitamiento del tejido social.
La corrupción y la pérdida de confianza pública son problemas interdependientes que se retroalimentan. Combatir uno sin abordar el otro resulta insuficiente. Por ello, se requiere una respuesta integral que incluya voluntad política real, fortalecimiento institucional, independencia judicial y una participación activa de la sociedad civil.
Desde la Fundación Derechos Humanos Global, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.
Apoyamos todas las iniciativas orientadas a erradicar la corrupción y a restablecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, convencidos de que sólo mediante un Estado íntegro y responsable será posible construir una democracia sólida y un futuro digno para todos los dominicanos.



