RD SUFRE EL QUIEBRE MORAL, JURÍDICO Y CONSTITUCIONAL

El lunes, el Listín Diario reseña en sus páginas algo que da miedo y vergüenza. No es una noticia cualquiera. Es el acta de defunción del Estado de Derecho.

Cientos de sentencias firmes, definitivas y vinculantes del Tribunal Constitucional que diversas instituciones públicas del Estado se niegan a acatar.

A la cabeza de esa lista negra, la zarandeada y cuestionada Policía Nacional, junto a ministerios, alcaldías, direcciones generales y entidades autónomas.

No estamos hablando de un fallo. Hablamos de cientos. De desacato sistemático.

I. EL QUIEBRE JURÍDICO

En República Dominicana, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Artículo 184 de la Carta Magna. Sus decisiones son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos.

No hay apelación. No hay excusa. Se cumplen.

Cuando la Policía, el Ministerio de Interior, una alcaldía o cualquier institución decide no cumplir una sentencia, está rompiendo la Constitución. Está cometiendo desacato y abuso de poder.

Es la consagración de un Estado que manda a cumplir la ley al ciudadano, pero que él mismo la viola.

¿Qué legitimidad tiene un fiscal para perseguir a un ciudadano por no pagar una multa, si el propio Estado no paga, no repone, no acata, no indemniza cuando el Constitucional se lo ordena?

Ninguna.

II. EL QUIEBRE INSTITUCIONAL

Esto no es negligencia. Es un patrón. Un modus operandi.

1. El ciudadano es atropellado por el Estado.
2. Va al Tribunal Superior Administrativo y gana.
3. El Estado recurre y pierde.
4. Va al Constitucional y el Constitucional confirma: el Estado violó derechos.
5. El Constitucional ordena reposición, pago, cumplimiento.
6. El Estado simplemente no cumple.

Y no pasa nada.

No hay consecuencia penal para el funcionario que desacata.

El artículo 86 de la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevén el astreinte, la sanción pecuniaria. Pero el funcionario no lo paga de su bolsillo. Lo paga el presupuesto. Lo pagamos todos.

Por lo tanto, no le duele.

Hemos creado un monstruo: un Estado impune frente a su propio Tribunal Constitucional.

Y un Tribunal Constitucional convertido en un tigre de papel, que emite sentencias que se archivan en una gaveta.

Si las sentencias del TC no se cumplen, entonces no tenemos Constitución. Tenemos un folleto.

III. EL QUIEBRE MORAL

Este es el más grave.

Un policía que desaloja ilegalmente, que cancela arbitrariamente, que reprime sin debido proceso, sabe que, aunque el afectado gane en el Constitucional, nunca será repuesto.

Es la pedagogía de la impunidad.

El mensaje que el Estado manda hoy, según denuncia el Listín, es demoledor: «Haz lo que quieras, viola derechos, que aquí no se cumple».

Eso quiebra la moral colectiva. Destruye la confianza del ciudadano en la justicia.

¿Para qué demandar si, aunque gane, no le van a cumplir? ¿Para qué creer en la Constitución?

Esa desesperanza es el caldo de cultivo para la violencia social, para la justicia por mano propia, para el «aquí nada sirve».

¿QUÉ HACER?

• Cárcel por desacato constitucional. Reforma urgente a la Ley 137-11. El funcionario que no cumpla sentencia firme del TC en 30 días debe ser destituido y sometido penalmente por desacato. Que lo pague él, no el erario.
• Listado público de desacato. El Tribunal Constitucional debe publicar cada mes, en primera plana y en su web, el nombre, foto y cargo de los funcionarios e instituciones que desacatan. Vergüenza pública.

• Intervención del Ministerio Público. La Procuraduría debe abrir de oficio investigaciones penales por violación a los artículos 184 y 149 de la Constitución.

• Reforma policial real, no de maquillaje. Mientras la Policía siga siendo la primera en violar y la primera en desacatar, no hay reforma posible.

Hoy, el Listín no trajo una noticia. Trajo un espejo.

Y lo que se refleja da miedo.

República Dominicana no necesita más leyes. Necesita que se cumplan las que ya existen, empezando por la primera de todas: la Constitución.