Cuando el intercambio de disparos termina siendo una ejecución
Por Margarita de la Rosa
Tenía otro tema reservado para mi columna, pero hay momentos en que la realidad obliga a cambiar de agenda. Las muertes atribuidas una y otra vez a supuestos “intercambios de disparos” con la Policía Nacional han alcanzado una dimensión que exige hablar.
Comienzo por un principio del que no me aparto: no defiendo delincuentes; defiendo la ley. Quien roba, mata, atraca o trafica drogas debe ser perseguido, apresado, investigado y sometido a la justicia. Precisamente para eso existe el Estado de derecho. La Constitución dominicana es clara.
Su artículo 37 establece que el derecho a la vida es inviolable y que “no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
Entonces, ¿quién otorgó a un agente policial la facultad de sustituir al Ministerio Público, al juez y al tribunal y decidir, en segundos y con su arma, quién merece vivir y quién debe morir?
Durante años hemos escuchado una expresión casi convertida en fórmula: murió en un intercambio de disparos. Pero como hoy existen cámaras por todas partes: celulares y grabaciones desde viviendas, balcones o azoteas muchas de esas imágenes están contando historias distintas de determinados informes oficiales.
El caso de Marky Abraham García Gil, “Maiky”, ocurrido en junio en El Hatico, La Vega, resulta imposible de ignorar. La Policía informó que era buscado por su presunta participación en diversos delitos. Eso debía conducirlo ante la justicia.
Sin embargo, un video muestra al hombre retrocediendo y levantando ambas manos antes de recibir los disparos de agentes policiales y así muchos otros casos que hemos podido observar en las redes y las pantallas de televisión.
En el caso del joven de La Vega la institución informó posteriormente que el caso sería investigado bajo supervisión del Ministerio Público.
Y no se trata de un fenómeno marginal. En los primeros seis meses de 2026 se reportaron 146 personas muertas en hechos atribuidos a intercambios de disparos; las estadísticas oficiales registraban 142 bajo la categoría de “acción legal”, un 16.4 % más que durante igual período de 2025. Hasta el 28 de septiembre, la prensa contabilizaba 37 muertos durante este mes, 23 de ellos en apenas una semana.
Una investigación periodística difundida en agosto reunió videos, testimonios de familiares y versiones oficiales sobre varios casos y planteó la pregunta que atraviesa a la sociedad dominicana: ¿intercambios de disparos o ejecuciones?
La Policía sostiene que estos hechos son investigados y que, en la mayoría de los casos, sus agentes son atacados por personas armadas. También afirma que, cuando se comprueba un exceso en el uso de la fuerza, el agente es suspendido, cancelado y sometido a la justicia.
Esa versión institucional también debe consignarse. Pero las imágenes obligan a investigar cada contradicción.
Juan Hubieres y otros sectores de opinión sostienen que algunas de estas muertes podrían estar evitando que las investigaciones alcancen a quienes verdaderamente dirigen estructuras criminales.
Es una denuncia que corresponde investigar y probar, no un hecho demostrado. Pero plantea una pregunta legítima: ¿qué información muere también cuando muere un sospechoso que pudo haber sido apresado?
Un detenido puede identificar cómplices, suplidores, protectores, rutas, financistas y conexiones dentro o fuera de las instituciones. Un muerto ya no declara ante un fiscal ni señala a nadie ante un tribunal.
El reciente caso del ataque al merenguero Julián Oro Duro y el asesinato de su esposa ofrece un contraste importante.
El presidente Luis Abinader pidió públicamente a los responsables que se entregaran y que se les diera oportunidad de hacerlo. Cuatro imputados fueron posteriormente apresados y el proceso está en manos de la justicia. Ahora podrán ser interrogados, investigados y juzgados, con las garantías y consecuencias que establezca la ley. Eso es lo que corresponde en una democracia.
Me preocupa escuchar a ciudadanos celebrar cada muerte policial bajo la premisa de que “un delincuente menos” significa automáticamente una sociedad más segura. Entiendo el cansancio y el miedo que provoca la delincuencia, pero no debemos convertir ese miedo en autorización para matar.
El día que aceptamos que alguien puede ser ejecutado sin juicio porque otro decidió que era delincuente, dejamos abierta una puerta peligrosísima: ¿qué ocurre cuando se equivocan de persona?, ¿cuando una información es falsa?, ¿cuando existe una confusión?, ¿cuando el detenido conoce demasiado?, ¿cuando la versión policial y la cámara cuentan historias diferentes?
Además, no existe evidencia científica sólida para afirmar que la pena de muerte sea, por sí misma, un instrumento eficaz de disuasión.
Combatir la delincuencia exige inteligencia, investigación, prevención, profesionalización policial, un Ministerio Público capaz y una justicia que funcione. No un cementerio que sustituya a los tribunales.
La delincuencia no puede combatirse convirtiendo al Estado en aquello que está llamado a perseguir.
Un delincuente debe responder ante la justicia. Un policía también. Y cuando una cámara contradiga un supuesto “intercambio de disparos”, la respuesta no puede ser el silencio: tiene que ser una investigación independiente, consecuencias y verdad.
