¡Qué vergüenza! Ley e «intercambios» policiales

Por Augusto Álvarez
Quisiéramos entender la existencia de “delincuentes” cargados de fichas que, después de “pagar” su deuda con la sociedad, regresan a las calles a hacer lo que saben: delinquir.
Ya en libertad, algunos vuelven a verse involucrados en violaciones, homicidios y toda clase de diabluras. Luego, cuando son buscados, apresados y presentados por el cuerpo del orden, aparece el mismo dato: el supuesto maleante tenía varias fichas policiales.
Entonces surge la pregunta del millón: ¿de quién es el fallo? ¿De la Policía Nacional, de la Justicia, del Ministerio Público o de una cadena institucional que no está funcionando como debería?
Un secreto a voces es que, según denuncias y sospechas que han circulado durante años, entre ciertos delincuentes y algunos uniformados habría relaciones que terminan saliendo a la luz cuando las partes entran en conflicto. Si esas sospechas existen, corresponde investigarlas y determinar responsabilidades, no convertirlas en sentencia desde un escritorio.
Durante los terribles años del balaguerismo, en la Policía Nacional llegaron a ponerse de moda los desacatos y los métodos al margen de las garantías legales. Incluso, el propio gobernante llegó a decir que determinado prisionero “no saldría de la cárcel mediante la utilización de técnicas legales”.
Y aunque las sentencias solían recaer sobre militantes políticos, la Policía frecuentemente terminaba imprimiéndoles su propio sello distintivo.
Pero volvamos al presente. Si quienes son apresados aparecen con tantas fichas policiales, ¿qué estaban haciendo en las calles? ¿Cumplieron sus condenas y quedaron en libertad conforme a la ley? ¿Falló el seguimiento? ¿Falló la coordinación entre las instituciones? ¿O existe algo más que debería ser investigado?
Porque también hay delincuentes que, después de cumplir condenas, regresan a las calles. Y si vuelven a delinquir, la pregunta no puede ser únicamente por qué la Policía los volvió a apresar, sino qué está fallando antes de que vuelvan a cometer otro delito.
¿Carece la Policía de información sobre esas personas? ¿No existe una conexión efectiva entre los organismos encargados de perseguir el delito, investigar, acusar y administrar justicia?
Y si realmente se desea prevenir determinados crímenes, hay otra pregunta que tampoco puede esconderse debajo de la alfombra: ¿por qué en ocasiones ciudadanos que desean denunciar abusos o maltratos encuentran dificultades para ser escuchados en los destacamentos policiales?
Incluso se han presentado casos en los que personas acusadas de delitos han acudido a instalaciones policiales y, según sus propios relatos, no habrían recibido la atención esperada.
Entonces, ¿cómo se construye una Policía eficaz si al ciudadano le cuesta denunciar, al delincuente reincidente se le vuelve a encontrar en la calle y las instituciones parecen pasarse la pelota unas a otras?
La ley debe funcionar para todos: ni impunidad para el delincuente ni abuso contra el ciudadano. Y cuando algo falla en la cadena, lo responsable no es esconder el eslabón roto: es encontrarlo, investigarlo y corregirlo.



