Por una puerta los deportan y por la otra vuelven… ¿Quién controla la frontera?
MI OPINION
El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Denuncias de reingresos, tráfico de indocumentados y corrupción obligan a poner el dedo sobre la llaga y exigir respuestas.
-Y 2-
Por Tomás Aquino G.
Las denuncias de que haitianos deportados regresan por otros puntos de la frontera, junto a los señalamientos sobre redes de tráfico de indocumentados y presunta corrupción, colocan una pregunta sobre la mesa: ¿quién está controlando realmente la frontera dominico-haitiana?
Si las denuncias son ciertas, el problema ya no sería solamente migratorio, sino un asunto de seguridad nacional y de responsabilidad de las propias autoridades dominicanas.
También se ha denunciado reiteradamente que algunos ciudadanos haitianos deportados llegan a la frontera, son expulsados por un punto y posteriormente consiguen regresar por otro.
Si eso ocurre, alguien tiene que responder.
Porque una deportación que cuesta recursos al Estado dominicano no puede convertirse en un simple viaje de ida y vuelta.
También se han denunciado supuestos centros clandestinos o lugares de alojamiento en ciudades fronterizas, donde extranjeros indocumentados permanecerían temporalmente, mientras redes dedicadas al tráfico de personas coordinan su traslado hacia distintos puntos del territorio nacional.
De comprobarse estas prácticas, estaríamos frente a un negocio criminal que requiere una respuesta contundente.
Y aquí aparece otra pregunta incómoda, que me recen una respuesta: si algunas de estas operaciones utilizan vehículos costosos y fácilmente identificables, ¿cómo es posible que quienes tienen la responsabilidad de investigarlas no los vean?
¿No los ven? ¿O prefieren no verlos?
La frontera no puede ser tierra de nadie
La frontera dominico-haitiana no puede convertirse en una zona donde unos cuantos hagan millones, mientras el Estado pierde el control.
Si existen redes dedicadas al tráfico de personas, armas, drogas o mercancías, deben ser perseguidas.
Si existen funcionarios corruptos, deben ser sometidos.
Si existen empresarios involucrados en actividades ilícitas, deben responder ante la justicia.
Y si existen militares o policías vinculados a esas operaciones, deben ser investigados y sancionados.
La ley debe aplicarse a todos, sin importar nacionalidad, uniforme, apellido o bolsillo.
Ya basta de discursos
La República Dominicana tiene derecho a controlar su frontera, decidir quién entra y quién permanece en su territorio, combatir el tráfico de personas, perseguir el contrabando y enfrentar las armas y las drogas.
Pero también tiene derecho a exigir que sus propios funcionarios cumplan la ley.
El debate migratorio no puede convertirse automáticamente en una acusación de racismo.
Controlar la inmigración irregular no significa perseguir a nadie por su nacionalidad o color de piel. Significa hacer cumplir la ley.
Abinader: menos discurso y más control
El Gobierno del presidente Luis Abinader debe abrir los ojos.
No basta con denunciar en foros internacionales la tragedia haitiana, hablar de las bandas criminales o lamentar episodios como el ocurrido en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
- Hay que actuar aquí.
- Controlar la frontera.
- Investigar las redes de tráfico.
- Perseguir la corrupción.
- Sancionar a quienes conviertan la migración irregular en negocio.
- Y garantizar que las deportaciones sean legales, transparentes y efectivas.
Porque si la frontera se convierte en negocio, el problema ya no será solamente haitiano. Será dominicano.
Y si funcionarios dominicanos participan en ese negocio, el problema estará dentro de nuestras propias instituciones.
Después del palo dado, nadie lo quita.
Lo ocurrido en el Estadio Olímpico debe servir de campanazo.
Ni odio contra los haitianos, ni permisividad con los ilegales, ni negocios oscuros con la migración.
La ley debe ser igual para todos.
Sin doble discurso. Sin politiquería. Sin corrupción. Y sin mirar para otro lado.
PARTE I
