Seguridad Social: quién decide qué enfermedades tienen prioridad
Por Margarita de la Rosa
La reciente Resolución 645-16 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), que dispone un incremento de RD$50.64 mensuales por afiliado del Régimen Contributivo para financiar nuevas prestaciones, principalmente medicamentos de alto costo, constituye una respuesta importante para pacientes que enfrentan enfermedades graves.
Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para establecer las prioridades del sistema.
Con una población de referencia de cinco millones de afiliados, el incremento representaría aproximadamente RD$3,038 millones anuales. Una suma considerable que obliga a preguntar no solamente cómo se distribuirán esos recursos, sino también qué estudios sustentan la selección de las enfermedades beneficiadas y cómo se garantizará la sostenibilidad de las nuevas coberturas.
Nadie puede cuestionar la necesidad de facilitar tratamientos costosos a quienes los requieren. Lo que sí merece discusión es si las decisiones del sistema responden a una evaluación integral de las necesidades sanitarias de la población o si determinadas demandas, por su mayor capacidad de organización e incidencia, terminan recibiendo atención preferente.
En ese escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con los pacientes que necesitan atención en salud mental y que todavía enfrentan importantes limitaciones de cobertura? ¿Hasta cuándo tendrán que esperar respuestas más amplias del CNSS y de la SISALRIL?
También preocupa la sostenibilidad financiera. No basta con establecer una contribución mensual para cubrir nuevos compromisos; es indispensable contar con mecanismos de reserva y revisión que permitan responder al crecimiento de la demanda y al costo futuro de los tratamientos.
La Seguridad Social debe avanzar sin dejar atrás a quienes tienen menos capacidad para hacer escuchar sus necesidades. El verdadero sentido de un sistema solidario no está solamente en ampliar coberturas, sino en garantizar que las prioridades se establezcan con criterios de equidad, transparencia y sostenibilidad.
