SISALRIL: siete años de crecimiento administrativo bajo la lupa
Primera entrega | Investigación especial
Por Margarita de la Rosa, periodista
Mientras el sistema dominicano de seguridad social enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta, las dificultades de acceso a servicios médicos y la protección efectiva de los afiliados, resulta oportuno examinar cómo han evolucionado las instituciones encargadas de regularlo y supervisarlo.
Una de ellas es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), organismo cuya estructura administrativa, composición de personal y política salarial merecen una evaluación pública a partir de sus propias nóminas y documentos institucionales.
Esta primera entrega de una investigación periodística se concentra en el período 2019-2026, con el propósito de establecer cómo ha evolucionado la institución, cuáles áreas han experimentado mayor crecimiento y qué relación guarda esa expansión con sus responsabilidades legales.
Una estructura administrativa en expansión
Los datos preliminares recopilados para esta investigación apuntan a un crecimiento significativo de determinadas áreas administrativas.
Uno de los casos que requiere especial atención es el área de Relaciones Públicas y Comunicaciones. La comparación inicial identifica un posible aumento de cuatro empleados en 2019 a 27 en 2026, cifras que deberán cotejarse con las nóminas correspondientes y la clasificación de los puestos.
También se examinan las áreas de servicios generales, los cargos de coordinación y dirección, así como las remuneraciones asignadas a distintas posiciones administrativas.
El crecimiento institucional, por sí mismo, no constituye una irregularidad. Una entidad puede necesitar más personal, nuevas especialidades y mejores herramientas para responder a mayores responsabilidades.
Sin embargo, toda expansión financiada con recursos institucionales debe acompañarse de justificaciones técnicas, resultados verificables y mecanismos de rendición de cuentas.
Los salarios y el costo de la estructura
Otro componente de esta investigación es la evolución de las remuneraciones.
No basta con conocer cuánto gana un funcionario o cuántos empleados integran una dependencia. Es necesario establecer el costo total de la nómina, identificar los cambios salariales, distinguir los cargos técnicos de los administrativos y determinar si las nuevas posiciones responden a necesidades institucionales documentadas.
El análisis debe considerar también las modificaciones aprobadas en la estructura organizativa y las disposiciones del Ministerio de Administración Pública.
Se trata de evaluar el uso de los recursos con criterios objetivos, sin convertir las diferencias salariales ni el crecimiento de personal en acusaciones individuales.
La responsabilidad de supervisar
La Ley 87-01 confiere a la SISALRIL funciones esenciales para la protección de los afiliados, entre ellas supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento de las Administradoras de Riesgos de Salud.
Por tanto, la discusión no puede limitarse a las oficinas, los cargos y los salarios.
Debe extenderse a los resultados de la fiscalización, la atención de reclamaciones, la vigilancia de las aseguradoras y la capacidad institucional para actuar frente a incumplimientos.
En un sistema donde los pacientes denuncian obstáculos para acceder oportunamente a medicamentos, procedimientos y tratamientos, resulta legítimo preguntar si el fortalecimiento administrativo se traduce en una protección igualmente fortalecida.
La existencia de dificultades en los servicios no demuestra, por sí sola, una falla específica de la SISALRIL. Pero sí justifica examinar las actuaciones que corresponden a su competencia reguladora.
La rendición de cuentas como obligación
La SISALRIL dispone de un portal de transparencia con nóminas, documentos organizativos y otras informaciones públicas. Esa documentación permite realizar una comparación histórica que debe ser conocida por la ciudadanía.
Esta investigación no pretende cuestionar el derecho de los servidores públicos a recibir remuneraciones justas ni desconocer la importancia del personal técnico especializado.
Su propósito es establecer si el crecimiento de la estructura institucional ha estado acompañado de mejoras demostrables en el cumplimiento de su misión.
Porque la verdadera fortaleza de una institución reguladora no puede medirse únicamente por el número de empleados, las posiciones creadas o los recursos destinados a su funcionamiento.
Debe medirse, sobre todo, por su capacidad de garantizar que los derechos de los afiliados sean respetados.
La pregunta que queda planteada es sencilla: cuánto ha crecido la SISALRIL y cuánto ha mejorado, en ese mismo período, su capacidad de proteger a quienes dependen del sistema.
En la próxima entrega examinaremos la evolución de los mecanismos de supervisión y fiscalización de las ARS, con especial atención a las responsabilidades institucionales frente a los problemas que afectan a los afiliados.
