Por Augusto Álvarez

La aguda crisis económica que golpea los hogares empuja a muchas familias a consultar a supuestos «especialistas» en busca de un golpe de suerte que les cambie la vida.

Aunque las prácticas de brujería pueden entrar en conflicto con determinadas disposiciones legales, la ignorancia y la desesperación llevan a algunos a tocar las puertas de hechiceros y supuestos intermediarios del más allá.

En Nizao, Baní, el DICRIM también entró en acción. Sin embargo, según la versión que circula, el experto de los poderes ¡del más allá! habría impedido que le aplicaran el famoso 29.

En casi todos los sectores populares, y hasta en algunos residenciales, los supuestos brujos hacen su agosto: ofrecen consejos, celebran misas negras, «maní», bodas especiales y ceremonias bajo alegados ritos satánicos.

Ahora bien, si existen denuncias sobre prácticas ilegales, el DICRIM tiene que investigar con fundamento y conforme a la ley. Pero tampoco estaría de más mirar alrededor: posiblemente, hasta en el patio de algún vecino funcione un altar cuyos clientes habituales sean, incluso, compañeros de armas.

Y aquí viene la pregunta que pica: ¿qué pasa con las bancas ilegales, las fritanguerías que operan al margen de las normas, los puntos de venta de sustancias alucinógenas y los presuntos pedófilos? ¿También son de interés especial para el DICRIM?

Porque perseguir lo que se denuncia es parte del trabajo policial; pero seleccionar a quién se investiga, mientras otros problemas parecen estar a la vista de todos, deja demasiadas preguntas en el aire.

¡Que no se confundan las prioridades: la seguridad ciudadana no puede convertirse en una cacería de brujos mientras otros males siguen haciendo su negocio!