Almánzar le pone el dedo en la llaga: en RD no hay pena de muerte, pero sobran los cadáveres

El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos denuncia presuntos vínculos entre policías y delincuentes, cuestiona las muertes en supuestos intercambios de disparos y exige protección médica y pensiones para las familias de los agentes.
Por Augusto Álvarez
SANTO DOMINGO, R.D.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, reiteró que en República Dominicana no existe la pena de muerte, tal y como también lo ha señalado la Iglesia.
Almánzar puso como ejemplo el caso de un joven de San Juan de la Maguana que intentó retirarse de las actividades delictivas, pero que, según denunció, recibió una amenaza de un coronel que le habría advertido: «Si te retiras, te…».
Agregó que el joven entregaba más de RD$100,000 a dicho oficial, lo que, según su denuncia, explicaría la negativa del coronel a permitir que abandonara la delincuencia.
El dirigente de los derechos humanos también denunció que, en ocasiones, prendas y otros efectos de alto valor ocupados a personas consideradas delincuentes, reales o supuestas, desaparecen. «¿Dónde van a parar esos bienes?», cuestionó.
Asimismo, advirtió que las muertes registradas bajo la versión policial de «intercambios de disparos» podrían superar las ocurridas en períodos anteriores.
Almánzar rechazó los señalamientos de que los organismos de derechos humanos no defienden a los agentes policiales. En ese sentido, recordó que es hijo de un oficial policial que cayó durante el enfrentamiento con Los Palmeros y sostuvo que esa historia familiar nunca lo llevará a renunciar a la defensa del derecho a la vida.
El activista también hizo hincapié en la necesidad de garantizar cobertura médica a las viudas y los hijos de los policías, y planteó que las esposas sobrevivientes de los agentes fallecidos deben contar con pensiones aseguradas por el Estado.
Almánzar insistió en que la defensa de los derechos humanos no debe excluir a los miembros de la Policía Nacional, quienes también tienen derecho a la protección, la asistencia médica y la seguridad social para sus familias.



