POLI-JUDICIALES

Detrás de los «intercambios de disparos»: ejecuciones, intereses y complicidades

 

  Cuando la Policía sustituye a la justicia  

 

Segunda entrega de 3

Detrás de los «intercambios de disparos»: ejecuciones, intereses y complicidadesPor Margarita de la Rosa

En la República Dominicana, los llamados «intercambios de disparos» han dejado de ser únicamente un asunto de seguridad ciudadana para convertirse en una preocupación sobre el ejercicio del poder, la actuación policial y el respeto a la vida.

Detrás de la versión oficial que suele presentar a un presunto delincuente enfrentando a una patrulla, existen antecedentes judiciales, investigaciones periodísticas y testimonios que obligan a formular una pregunta inquietante: ¿cuántas de esas muertes responden realmente a enfrentamientos y cuántas podrían ocultar ejecuciones extrajudiciales?

No se trata de desconocer los riesgos que enfrentan los agentes policiales ni de negar la existencia de delincuentes armados que atacan a las autoridades. Se trata de impedir que la lucha contra el crimen termine sirviendo de justificación para actuaciones al margen de la ley.

Cuando el supuesto enfrentamiento encubre un crimen

Una investigación publicada por Diario Libre en 2019, bajo el título Patrulla Letal, documentó una realidad estremecedora: detrás de algunos supuestos intercambios de disparos se encontraron ejecuciones, manipulación de escenas y actuaciones policiales motivadas por intereses ajenos al cumplimiento de la ley.

Uno de los casos más reveladores ocurrió en Puerto Plata, donde tres hombres, José, Ruddy Cabrera y Julio César García Almonte, murieron durante una intervención policial.

Según recogió la investigación, el Ministerio Público sostuvo que las muertes habían sido ejecutadas por encargo, presuntamente relacionadas con conflictos por el control de la venta de drogas.

El proceso culminó con la sentencia número 00001/2011, dictada el 6 de enero de 2011 por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, que declaró culpables de homicidio voluntario al primer teniente José Daniel Cepeda Rubio y al mayor Rafael Lora Rosario, condenándolos a 18 años de prisión.

Este antecedente es fundamental: demuestra que no todas las muertes presentadas inicialmente como enfrentamientos policiales resisten una investigación judicial.

El peligro de las complicidades

La posibilidad de que determinados agentes actúen movidos por intereses económicos, relaciones con organizaciones criminales o conflictos vinculados al narcotráfico constituye una de las dimensiones más preocupantes del problema.

En Patrulla Letal, un agente entrevistado bajo condición de anonimato relató cómo, después de matar a un hombre, los policías manipularon la escena para simular un intercambio de disparos.

Su testimonio describe una actuación que, de ser reproducida en otros casos, no representaría un simple exceso de fuerza, sino una alteración deliberada de evidencias para encubrir un homicidio.

La investigación también recogió denuncias y testimonios sobre actuaciones por encargo, abusos de poder y agentes que buscaban beneficios personales.

Estos antecedentes plantean la necesidad de examinar con independencia las operaciones policiales, especialmente aquellas en las que intervienen unidades de investigación criminal.

El DICRIM y la responsabilidad institucional

La Dirección Central de Investigación (DICRIM) tiene la responsabilidad de investigar delitos, identificar sospechosos y contribuir a que sean puestos a disposición del Ministerio Público.

Su misión no consiste en imponer condenas ni decidir quién merece vivir o morir.

Cuando una persona buscada por la justicia termina muerta durante una intervención, las autoridades deben explicar las circunstancias del hecho y preservar las evidencias necesarias para establecer si existió un uso legítimo de la fuerza.

No basta con informar que el sospechoso disparó primero. Esa afirmación debe estar respaldada por una investigación verificable.

¿Quiénes participaron en el operativo? ¿Qué armas fueron utilizadas? ¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas balísticas? ¿Qué revelaron las autopsias? ¿Se preservaron las grabaciones y los testimonios de quienes presenciaron los hechos?

Estas preguntas no constituyen ataques contra la institución policial. Son exigencias elementales de transparencia.

La investigación Patrulla Letal señaló que, entre 2007 y marzo de 2019, las estadísticas suministradas por la Policía Nacional registraban 3,115 personas muertas en actuaciones de agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas.

La cifra no significa que todas esas muertes fueran ejecuciones extrajudiciales. Significa que la cantidad de vidas perdidas exige mecanismos de investigación y rendición de cuentas suficientemente rigurosos.

Más recientemente, en mayo de 2026, el periódico Listín Diario informó que, según datos de la propia Policía Nacional, 93 personas habían muerto en supuestos intercambios de disparos durante los primeros meses del año.

La justicia no puede depender de una versión policial

La Constitución dominicana reconoce el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. Ningún historial delictivo, orden de arresto o acusación convierte a una persona en alguien desprovisto de esos derechos.

El Estado tiene la obligación de perseguir la delincuencia, pero también de impedir que sus agentes se conviertan en instrumentos de venganza, represalias o intereses particulares.

Los antecedentes judiciales demuestran que algunas versiones oficiales de enfrentamientos han ocultado homicidios. Por eso resulta indispensable que el Ministerio Público investigue con independencia cada muerte ocurrida en circunstancias cuestionadas, sin limitarse a reproducir los informes de los propios agentes involucrados.

Una Policía que actúa dentro de la ley fortalece la seguridad ciudadana. Una Policía que sustituye a los tribunales debilita la justicia y erosiona la confianza pública.

Porque cuando quienes tienen la obligación de investigar, detener y proteger también se atribuyen la facultad de ejecutar, la frontera entre la autoridad y la arbitrariedad comienza a desaparecer.

Continuará: tercera y última entrega, sobre controles institucionales, responsabilidades y rendición de cuentas.

 

HISTORIA

Primera entrega de 3

Los intercambios de disparos que las cámaras ponen en duda

https://www.relampagoinformativo.net/poli-judiciales/2026/10/los-intercambios-de-disparos-que-las-camaras-ponen-en-duda/

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