Denuncian abandono estatal de personas con discapacidad en RD

SAN FRANCISCO DE COMORÍS, R.D.

La Fundación Derechos Humanos Global (FDHG), presidida por Rebeca Henríquez, denunció que el sector de personas con discapacidad en la República Dominicana se encuentra “sumido en el olvido”, debido a la falta de garantía de derechos fundamentales, retrasos en la asignación de pensiones y múltiples barreras para el acceso a servicios de salud.

La organización señaló que esta problemática no es exclusiva de una provincia, sino que se repite en todo el territorio nacional, afectando a miles de ciudadanos que, aun contando con certificación emitida por el Consejo Nacional para la Discapacidad (CONADIS), no logran acceder de manera efectiva a los beneficios que por ley les corresponden.

Según la FDHG, numerosas personas han cumplido con los requisitos establecidos, presentado la documentación exigida y esperado durante meses e incluso años sin obtener respuestas a sus solicitudes.

Subrayó que uno de los aspectos más críticos es el acceso a pensiones, cuyos procesos de licitación y asignación se prolongan excesivamente o no responden a la urgencia de quienes dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y tratamientos médicos.

La situación se agrava con las limitaciones en el acceso al transporte, lo que impacta directamente en la salud de este sector.

La fundación advirtió que muchas personas con discapacidad no pueden costear servicios de traslado hacia centros médicos para recibir consultas, tratamientos oncológicos o terapias de rehabilitación.

Además, el transporte público convencional carece de condiciones de accesibilidad, lo que obliga a muchos a suspender o abandonar atenciones médicas indispensables.

Ante este panorama, la Fundación Derechos Humanos Global formuló una serie de demandas dirigidas a las autoridades:

• Que la certificación emitida por CONADIS sea reconocida como una garantía efectiva de derechos en todo el país.
• Que se agilicen los procesos de otorgamiento de pensiones, asegurando que estas sean oportunas y suficientes.
• La asignación urgente de un autobús adaptado en cada provincia, de uso gratuito y exclusivo, para facilitar el traslado de personas con discapacidad hacia centros de salud.

“La protección de los derechos de las personas con discapacidad no es un acto de caridad, sino una responsabilidad ineludible del Estado”, enfatizó la entidad. Asimismo, subrayó que la salud, la dignidad y el bienestar de este sector no pueden depender de la capacidad económica ni del lugar de residencia.

La FDHG concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado a las autoridades a actuar con urgencia y compromiso, reiterando que la inclusión, la justicia y la dignidad deben ser garantizadas para todos, sin excepción.