Por Rebeca Henríquez
Defensora de los derechos humanos

La intervención de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) en el consultorio del doctor Ernesto Fadul ha encendido una tormenta social que va mucho más allá de un expediente administrativo.

Lo que en el papel se presenta como una acción regulatoria, en la práctica ha significado la interrupción abrupta de tratamientos que, según decenas de familias, estaban cambiando la vida de sus hijos con trastorno del espectro autista (TEA).

Hoy, la discusión ya no se limita a si hubo o no irregularidades. La pregunta que resuena con fuerza en hogares de todo el país es otra: ¿quién responde ahora por los niños que se quedaron sin atención?

Historias que contradicen el papel

Mientras los informes técnicos hablan de normativas y protocolos, padres y madres cuentan otra historia: la de pequeños avances que parecían imposibles.

Niños que comenzaron a hablar después de años de silencio.

Otros que lograron mirar a los ojos, interactuar, o desarrollar habilidades básicas de autonomía.

Para muchas familias, los tratamientos ofrecidos por el doctor Fadul no eran una opción más: eran la única opción accesible.

En un sistema donde las terapias especializadas pueden resultar prohibitivas, el consultorio representaba una alternativa tangible frente a un panorama marcado por listas de espera, altos costos y escasa cobertura.

La intervención, sin un plan de transición visible, ha dejado a estas familias en una especie de limbo médico y emocional.

El dilema: regulación vs. realidad social

La función de DIGEMAPS es clara: garantizar la seguridad sanitaria. Pero este caso plantea un conflicto incómodo entre la norma y la realidad.

¿Debe prevalecer una medida estricta si su aplicación inmediata genera un daño social masivo?

¿Existen mecanismos intermedios que permitan supervisar sin desmantelar por completo un servicio utilizado por cientos de pacientes?

Especialistas en derechos humanos advierten que el problema no es la regulación en sí, sino la ausencia de proporcionalidad y sensibilidad en su ejecución.

Un sistema que no da respuestas

El cierre del consultorio ha puesto en evidencia una deuda histórica del Estado dominicano: la falta de una red integral para la atención del autismo.

Actualmente, muchas familias enfrentan:

• Escasez de centros especializados
• Costos elevados en terapias privadas
• Cobertura limitada del sistema de salud
• Falta de programas públicos sostenidos

En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿puede el Estado sustituir de inmediato el servicio que acaba de interrumpir?

Hasta ahora, no hay señales claras de que exista esa capacidad.

Transparencia en el ojo del huracán

Otro elemento que alimenta la controversia es la percepción pública. La falta de información detallada sobre las razones específicas de la intervención ha generado sospechas y desconfianza.

Para muchas familias, la medida se siente abrupta, deshumanizada y desconectada de la realidad que viven día a día.

Organizaciones sociales advierten que, sin transparencia, cualquier acción institucional —por legítima que sea— corre el riesgo de perder credibilidad.

El costo invisible de las decisiones

Más allá del debate técnico, hay una consecuencia inmediata: la interrupción de procesos terapéuticos en niños con condiciones que requieren continuidad.

En el autismo, los avances no suelen ser lineales.

Cada retroceso puede significar meses —o años— de trabajo perdido.

Ese es el costo que hoy temen las familias.

Un llamado urgente

Desde distintos sectores, incluyendo organizaciones de derechos humanos, se ha elevado una exigencia clara:  que las autoridades no se limiten a aplicar la ley, sino que gestionen sus consecuencias.

Las propuestas que comienzan a surgir incluyen:

• Supervisión temporal en lugar de cierre total
• Programas de transición para pacientes afectados
• Integración de estos casos en la red pública de salud
• Auditorías transparentes con participación independiente

Más que un caso, un síntoma

Lo ocurrido con el doctor Fadul no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que aún no logra responder a las necesidades de una población vulnerable en crecimiento.

El autismo ya no es una realidad marginal.

Es una prioridad de salud pública.

Y decisiones como esta dejan claro que el país aún no está preparado para afrontarla plenamente.

En medio del debate legal, médico y ético, una interrogante sigue sin respuesta: ¿Quién protege a los niños cuando el sistema falla?

Porque mientras las instituciones deliberan, hay cientos de familias esperando algo más que explicaciones.

Esperan soluciones.