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Jueza otorga ‘permisos privilegiados’ a imputados en casos criminales
Beneficiados figuran en casos Paya, Figueroa Agosto y Florián Feliz
SANTO DOMINGO, R.D.- Otro escándalo ha estremecido al sistema judicial dominicano, esta vez provocado por una juez interina de la Ejecución de la Pena, en San Cristóbal, que aprovechando que la ciudadanía estaba inmersa en festejos navideños, otorgó una serie de permisos a favor de delincuentes, condenados por diferentes casos criminales.
Entre los beneficiados por los “permisos privilegiados” emitidos por la justicia, a través de una de sus representantes, figuran criminales condenados por hechos, que en su momento estremecieron al país, como fueron los casos Paya, Figueroa Agosto y Florián Feliz.
La Procuraduría General informó que fueron retornados a sus centros 42 de esos internos beneficiados con permisos emitidos irregularmente por la magistrada Katherine Rubio Matos, jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.
El Departamento Judicial de San Cristóbal ha sido objeto de varios escándalos de corrupción, en diferentes ocasiones.
La Procuraduría explicó que el ministerio público logró la revocación del auto No. 301-01-1289-2017, del 29 de diciembre del 2017, emitido por la magistrada Rubio Matos.
Informó que de los reclusos que fueron premiados por la jueza Rubio Matos, 20 fueron retornados al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, y 14 al Centro Abierto de Mujeres Sabana Toro.
Agregó que a 8 internas que guardaban prisión en Najayo Mujeres, no se les permitió la salida al momento de identificar la irregularidad de los permisos,
Denunció que muchos de los favorecidos con los permisos especiales de la jueza Rubio Matos, son personas acusadas por el ministerio público de sicariato, violación a la ley de tráfico de drogas, homicidio agravado y violación sexual.
Esos hechos crímenes son tipificados por el Código Penal dominicano como graves.
La Procuraduría señaló que al percatarse de la situación, solicitó la suspensión inmediata, mediante la revocación del referido auto, alegando la peligrosidad y vulnerabilidad de cada uno de los beneficiados.
Entre los beneficiados, según la Procuraduría, figuran condenados por casos como Paya, el caso Figueroa Agosto y Florián Féliz.
La revocación del auto se fundamenta en las disposiciones del artículo 292 del Código Procesal Penal, donde indica que cuando el juez debe resolver peticiones, excepciones o incidentes en los que se verifique la necesidad de ofrecer prueba o resolver una controversia, convocará a una audiencia dentro de los cinco días de su presentación.
La Procuraduría explicó que los requisitos para esos permisos no fueron observados.
Entre esos requisitos figuran la evaluación y acta de la comisión de evaluación y sanción, previa solicitud de la parte interesada, evaluación psicológica, jurídica, de educación, asistencia social, médica y de seguridad.
Igualmente, el reglamento establece que debe realizarse una prueba de dopaje y de embarazo, un estudio de campo de seguridad y de asistencia social.
Y nada de esos se dijo.
