Francia vive una de sus mayores crisis sociales de los últimos años y la tensión comienza a reflejarse en Italia, Bélgica y Portugal, mientras los gobiernos enfrentan el creciente malestar por los precios, los salarios y el deterioro de los servicios públicos

EUROPA

Europa vuelve a tener las calles encendidas.

Lo que comenzó en Francia como una protesta masiva contra el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles, el deterioro de los servicios públicos y las dificultades económicas de estudiantes y trabajadores terminó convirtiéndose en una explosión de violencia que ya obliga a los gobiernos europeos a reforzar la seguridad y a preguntarse hasta dónde puede llegar el descontento social.

El sábado 17 de octubre, entre 550,000 y 800,000 personas participaron en unas 110 manifestaciones en Francia, según las estimaciones oficiales y de los organizadores.

La mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, pero grupos violentos aprovecharon las concentraciones para incendiar vehículos, atacar edificios públicos, enfrentarse con la Policía y saquear establecimientos comerciales.

Y ahí está el verdadero problema.

Cuando el ciudadano sale a reclamar porque el dinero no alcanza, el salario pierde poder adquisitivo y los servicios públicos se deterioran, tiene una razón legítima para protestar. Pero cuando aparecen los encapuchados, las piedras, los incendios y los saqueos, la protesta cambia de nombre.

Ya no es solamente inconformidad social. Es violencia callejera.

En París, los enfrentamientos continuaron el domingo, con nuevos choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, mientras se reportaban saqueos y daños a establecimientos. La tensión también alcanzó ciudades como Marsella y Lyon.

El balance francés ha seguido creciendo. Las autoridades informaron de más de 2,400 detenidos y centenares de agentes heridos, mientras el Gobierno atribuye buena parte de los episodios violentos a grupos de extrema izquierda y delincuentes que se infiltran en las movilizaciones.

Macron enfrenta una calle encendida

El presidente Emmanuel Macron reconoció la gravedad de la situación y condenó los saqueos y actos de destrucción, al tiempo que defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.

Macron ordenó revisar si existieron fallas de inteligencia o de preparación policial y autorizó a las autoridades locales a prohibir determinadas concentraciones cuando resulte necesario para proteger edificios públicos y establecimientos comerciales.

Pero el problema no desaparece con policías en las calles. Porque detrás de la violencia existe un malestar social mucho más profundo.

El bolsillo está hablando.

Y cuando el bolsillo habla durante demasiado tiempo y el poder político parece no escuchar, las calles terminan convirtiéndose en el escenario del enfrentamiento.

Italia recibe el impacto

La tensión también llegó a Italia, aunque no como una simple continuación mecánica de los disturbios franceses.

En Milán, una manifestación contra el alto costo de la vida, el precio de la gasolina y la presión fiscal terminó en enfrentamientos con la Policía. Jóvenes encapuchados lanzaron piedras, petardos y otros objetos, levantaron barricadas, dañaron establecimientos y obligaron a las fuerzas de seguridad a utilizar gases lacrimógenos y cañones de agua.

Los incidentes también alcanzaron Turín, Bolonia y Bérgamo, mientras en Milán fueron detenidos decenas de manifestantes para investigación.

La primera ministra Giorgia Meloni fue tajante: manifestarse es un derecho, pero incendiar y destruir las ciudades no lo es.

Y esa es precisamente la línea que comienza a preocupar a Europa: ¿Hasta dónde llegará la protesta legítima y dónde comienza la violencia organizada?

También en Portugal

El fenómeno tampoco se limita a Francia e Italia.

En Portugal, decenas de miles de personas marcharon en Lisboa reclamando mejores condiciones de vida y denunciando el aumento de los costos de vivienda.

En Bélgica, grupos de jóvenes protagonizaron enfrentamientos con la Policía en Bruselas, inspirados en parte por las movilizaciones francesas y vinculados a reclamos sobre educación y costos de acceso a la enseñanza superior.

El denominador común no es necesariamente una organización única. Es el malestar.

Precios elevados, vivienda cara, salarios que no alcanzan, servicios públicos cuestionados, educación en dificultades y una sensación creciente de que las instituciones políticas están demasiado lejos de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Y ahí está la verdadera bomba de tiempo.

El peligro de que la protesta sea secuestrada

Europa tiene experiencia con grandes movimientos sociales.

Los «chalecos amarillos» franceses demostraron que una protesta nacida de una medida económica puede transformarse rápidamente en una crisis política nacional.

Ahora vuelve a aparecer un escenario parecido, aunque con nuevos ingredientes: estudiantes, sindicatos, trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanos afectados por el costo de vida, mezclados en algunos lugares con grupos violentos que convierten las calles en campos de batalla.

Ahora bien, una cosa es reclamar pan, salario, educación, vivienda y servicios públicos. Otra muy diferente es incendiar, saquear y atacar a quienes tienen la obligación de mantener el orden.

Europa tiene ante sí una peligrosa combinación: inflación, energía cara, pérdida del poder adquisitivo, servicios públicos deteriorados y desconfianza política.

Y cuando esa mezcla entra en ebullición, cualquier chispa puede provocar un incendio mayor.

Por ahora, Francia intenta apagarlo.

Italia trata de impedir que crezca.

Y el resto de Europa mira hacia las calles.