La delincuencia azota, la Policía dispara y el pueblo paga los apagones

Mientras el microtráfico y los asaltos ganan terreno, las muertes bajo el alegado «intercambio de disparos» encienden las alarmas; los apagones estrangulan los bolsillos, el PRM se juega su unidad y el tránsito dominicano sigue sin encontrar quién le ponga freno al desorden.

Buenos días…

En este país hay una doble preocupación en materia de seguridad. Primero, por las acciones delictivas que mantienen en zozobra a la población. Segundo, por las ejecuciones policiales denunciadas y las muertes que, como por arte de magia, terminan justificadas con el consabido cuento del «intercambio de disparos».

¡Caramba! El ciudadano no sabe si cuidarse del delincuente que anda en la calle o temerle al agente que, en vez de apresarlo, podría terminar convirtiéndolo en otro cadáver.

Hay preocupación por la violencia barrial, pero también por el crecimiento del microtráfico, ese negocio que se extiende por los barrios como verdolaga en tiempo de lluvia.

Y los expertos advierten que el auge de la delincuencia —asaltos, robos y despojos— guarda relación con la expansión del microtráfico. Una combinación explosiva que no se resuelve con discursos, operativos para la prensa ni estadísticas maquilladas.

Hay quienes dicen, de chercha, que los puntos de drogas han proliferado al mismo ritmo que las bancas de apuestas. ¡Qué comparación! Unos venden sueños de hacerse ricos de la noche a la mañana. Otros destruyen vidas y alimentan un negocio criminal que no da tregua.

Pero, chercha aparte, el panorama es preocupante y perjudica la imagen de cualquier nación que pretenda venderse como segura.

Pregunta un amigo lector: Si a todos los que son señalados como «delincuentes» y no se entregan les van a dar el mismo tratamiento que a «La Araña», ¿para qué están los tribunales, los fiscales y las cárceles?

¿Y qué fue lo que le pasó a Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como «La Araña»?

Según las imágenes difundidas y las denuncias que rodean el caso, el hombre caminaba por una calle del ensanche La Paz, aparentemente tranquilo y fumándose un cigarrillo, cuando llegó una patrulla policial.

La versión denunciada sostiene que los agentes le dispararon sin que se observara que sacara un arma o atacara a la patrulla. Después, según esas mismas denuncias, su cuerpo fue colocado en la parte trasera de una unidad policial.

¿Y cuál fue el libreto que apareció después? ¡Que cayó en un intercambio de disparos!

¡Pero bueno! ¿Y el video? ¿Y las circunstancias de la intervención? ¿Y la investigación independiente?

Que alguien sea señalado como delincuente no significa que pueda ser condenado a muerte en plena calle. Si cometió delitos, que lo arresten, que lo sometan a la justicia y que responda ante los tribunales. La Policía está para perseguir, apresar y proteger; no para ejecutar.

Como recordar es vivir, recordemos las palabras del general Ernesto Rafael Rodríguez García cuando asumió la dirección general de la Policía Nacional: cumplir estrictamente el mandato presidencial, la Constitución y las normativas institucionales.

¡Perfecto! Entonces, que se cumpla lo prometido. Porque ni la Constitución ni las normas institucionales autorizan la pena de muerte. Todo lo contrario: el artículo 37 de la Carta Magna protege la vida y prohíbe expresamente esa condena.

¿Y entonces, señores? ¿Vamos a seguir despachando cada cadáver con el mismo cuento, sin que las evidencias se examinen hasta las últimas consecuencias? ¡Al que le pique, que se rasque! 

Apagones: otro golpe al bolsillo del pobre. Y mientras la inseguridad hace de las suyas, los prendiones y apagones en serie, en cuestión de minutos, están provocando daños y más daños. ¡Es un abuso lo que está pasando!

La economía popular está estrangulada por los precios, los servicios deficientes y un dinero que cada día alcanza para menos. Y, encima, llegan los apagones a poner en riesgo neveras, televisores y otros equipos eléctricos que cuestan un ojo de la cara.

Lo peor es que, cuando se daña un aparato, comienza el viacrucis: ¿a quién reclamarle?, ¿quién responde?, ¿quién le devuelve al ciudadano el dinero que tuvo que sudar para comprarlo?

La gente paga la factura, pero cuando el servicio falla y le quema un equipo, que se busque la vida. ¡Qué maravilla de servicio!

Aquí el usuario parece tener obligaciones para todos los días, mientras sus derechos se quedan en el papel. Y después quieren que el pueblo se conforme con explicaciones y promesas.