Mientras las bandas armadas mantienen amplias zonas bajo su dominio, miles de haitianos continúan expuestos a la violencia y al desplazamiento. Las operaciones con apoyo salvadoreño intensifican la presión contra los grupos criminales, pero también afloran cuestionamientos sobre la coordinación, el mandato y los posibles obstáculos dentro de las propias estructuras estatales. 

Por la Redacción

La crisis haitiana parece no encontrar salida. Cada día que transcurre sin una respuesta institucional capaz de recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población, las pandillas criminales amplían su capacidad de intimidación y mantienen al país sumido en una espiral de violencia, desplazamientos y desesperación.

Lo más preocupante es que, mientras miles de ciudadanos viven bajo el temor de los grupos armados, las autoridades haitianas mantienen dos grandes prioridades sobre la mesa:

• Organizar las elecciones.
• Anunciar acciones para combatir el crimen organizado.

Sin embargo, la distancia entre esos propósitos y la realidad que enfrenta la población continúa siendo considerable.

Haití necesita elecciones, pero también necesita condiciones mínimas para celebrarlas.

No puede hablarse de normalidad democrática mientras amplios sectores de la población permanecen sometidos a la violencia, comunidades enteras son desplazadas y las instituciones no consiguen garantizar la protección de sus ciudadanos.

En ese escenario ha cobrado protagonismo la participación de El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, cuyo contingente militar se ha incorporado a las operaciones contra las organizaciones criminales.

La intervención ha generado expectativas entre sectores de la población haitiana que reclaman resultados concretos frente a las pandillas.

Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la estructura de mando, la coordinación entre las fuerzas participantes y los mecanismos de supervisión.

Arcahaie: familias desplazadas y autoridades ausentes

Una de las expresiones más dramáticas de la crisis se registra en Arcahaie, conocida como la Ciudad de la Bandera.

Una semana después de los ataques perpetrados por hombres armados, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, la comunidad todavía no consigue organizar una respuesta humanitaria suficiente para atender a las familias desplazadas.

El alcalde Wilner René denunció el lunes que la localidad se encuentra en una situación de emergencia humanitaria y que ninguna institución del Gobierno central había proporcionado asistencia a los desplazados.

«Arcahaie se encuentra en una situación de emergencia humanitaria», declaró René al periódico haitiano Le Nouvelliste.

El funcionario explicó que las actividades permanecían paralizadas y que las familias afectadas continuaban esperando alimentos, asistencia y protección.

La denuncia retrata una realidad que va más allá de los enfrentamientos armados, y es que cuando las pandillas atacan, las comunidades pierden sus hogares, sus medios de subsistencia y hasta la posibilidad de recibir una respuesta oportuna de las instituciones que deberían protegerlas.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo pretende el Estado haitiano recuperar la confianza de sus ciudadanos si ni siquiera consigue responder a las necesidades más urgentes de las familias expulsadas de sus comunidades?

Bukele y la ofensiva contra las estructuras criminales

La participación salvadoreña ha adquirido mayor relevancia en las últimas semanas, especialmente después de la desaparición de cuatro técnicos militares de ese país, ocurrida el 18 de octubre.

El despliegue de efectivos salvadoreños y el apoyo a las operaciones contra las pandillas han intensificado la presión sobre organizaciones que durante años han desafiado a la Policía Nacional de Haití.

Uno de los golpes más significativos fue la muerte de Mathias Saintil, conocido como «Boston», dirigente de una estructura criminal que operaba en Cité Soleil.

Las autoridades haitianas confirmaron su fallecimiento el viernes 6 de noviembre, después de que resultara herido durante un ataque con drones la noche anterior. 

El episodio evidencia la incorporación de nuevas tecnologías a las operaciones de seguridad y la creciente utilización de drones contra posiciones de las organizaciones armadas.

Otro objetivo de alto interés es Wilson Joseph, alias «Lanmò San Jou», señalado como dirigente de la banda 400 Mawozo.

Informaciones difundidas por medios haitianos sostienen que una residencia atribuida al cabecilla fue atacada y destruida durante una operación realizada en Croix-des-Bouquets, en la madrugada del domingo 8 de noviembre.

Los reportes mencionan la participación de fuerzas haitianas y salvadoreñas, drones explosivos y apoyo aéreo. También hablan de hasta 20 integrantes de la organización muertos durante el ataque, mientras Joseph no habría estado en el inmueble.

No obstante, estos detalles requieren confirmación oficial. La publicación de la supuesta destrucción fue retirada por un medio haitiano y otros reportes han advertido que no existe un balance oficial verificable. Por tanto, no corresponde presentar como definitivamente comprobadas ni la identidad del inmueble, ni la cifra de víctimas, ni todos los recursos empleados.

Lo que sí está confirmado por distintas fuentes periodísticas es que las fuerzas de seguridad han intensificado las operaciones contra las estructuras criminales y que el dirigente de 400 Mawozo continúa siendo un objetivo de alto interés.

Las propias instituciones bajo cuestionamiento

El problema haitiano no se limita a la capacidad militar de las pandillas. También existe una preocupación creciente sobre la coordinación de las instituciones responsables de enfrentar la violencia.

La pregunta es inevitable: ¿están todas las estructuras del Estado trabajando con el mismo propósito para recuperar el territorio, o existen intereses y diferencias internas que dificultan las operaciones?

Las denuncias sobre posibles obstáculos a la ofensiva salvadoreña merecen una investigación seria.

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, explicó que la gran mayoría de los militares salvadoreños desplegados en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FRG, por sus siglas utilizadas en español), respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Eso significa que la mayor parte de ese contingente queda fuera del mandato y de los mecanismos de supervisión de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití., lo que está creando ciertas suspicacias en importantes sectores haitianos.

Por esa razón, la situación ha provocado cuestionamientos sobre la autoridad que dirige las operaciones, las reglas para utilizar la fuerza y los mecanismos para investigar posibles abusos.

Amnistía Internacional reclamó el lunes que los gobiernos de Haití y El Salvador publiquen el acuerdo que sustenta el despliegue militar y expliquen las reglas de enfrentamiento, la supervisión de los efectivos y los mecanismos de rendición de cuentas.

La organización también reclamó investigaciones independientes ante cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos y pidió esclarecer el destino de los cuatro técnicos militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.