El expresidente paraguayo fue destituido tras el escándalo de Ueno Bank y ahora enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos; el caso sacude la región y pone bajo la lupa la responsabilidad de quienes gobiernan.

PARAGUAY

 ¡Quién lo diría! Santiago Peña pasó de ocupar el Palacio de Gobierno a permanecer bajo custodia militar.

En cuestión de días perdió la Presidencia y terminó enfrentando a la justicia por el escándalo financiero de Ueno Bank, cuya intervención dejó a casi tres millones de clientes con sus cuentas temporalmente bloqueadas.

El juez de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó el sábado (7 de noviembre 2026) su prisión preventiva, al considerar necesaria la medida para garantizar que permanezca sometido al proceso judicial.

Su lugar de reclusión es el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, no una cárcel común.

¡Se acabó el mandato, comienza el expediente!

Peña fue destituido por el Senado paraguayo el viernes, mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones.

La decisión se produjo después de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad que acumulaba aproximadamente 2,94 millones de clientes y manejaba cuantiosos recursos públicos y previsionales.

La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Según la acusación, habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de importantes depósitos de instituciones estatales y fondos previsionales en la entidad financiera.

Los fondos públicos bajo la lupa

Los investigadores también examinan los vínculos económicos y corporativos que Peña habría mantenido con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank, del que fue accionista hasta marzo de 2025, según las informaciones sobre el expediente.

La crisis bancaria comprometió alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, mientras millones de clientes quedaron afectados por la intervención de la entidad. Las autoridades financieras activaron mecanismos de garantía para comenzar a devolver los depósitos protegidos.

El caso no involucra únicamente al exmandatario. La Fiscalía también investiga a directivos y otras personas vinculadas al grupo financiero, entre ellos el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo.

La Presidencia no es un salvoconducto

La caída de Peña deja sobre la mesa una lección institucional que trasciende las fronteras paraguayas y que deja claro que ocupar la Presidencia no convierte a nadie en intocable ni exonera de responder por las decisiones tomadas desde el poder.

Su caso merece atención en una región donde las denuncias de corrupción, el manejo cuestionado de recursos públicos y los vínculos entre intereses empresariales y políticos siguen siendo asuntos recurrentes.

Mientras tanto, la defensa de Peña niega las imputaciones, asegura que colaborará con la investigación y sostiene que espera demostrar su inocencia.

Por ahora, el antiguo jefe de Estado tendrá que afrontar un escenario muy diferente al que conoció desde el Palacio de Gobierno: esta vez no le corresponde impartir instrucciones, sino responder ante los tribunales.

Y la historia paraguaya acaba de dejar una imagen difícil de ignorar, que la la banda presidencial puede abrir las puertas del poder, pero no garantiza inmunidad frente a la justicia.