SANTO DOMINGO, R.D.

Cientos de contratistas vinculados a la construcción de centros educativos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), agrupados en UCOCOMI, reiteraron su llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, para que dispongan la devolución de recursos que, según denuncian, les fueron retenidos y cobrados de manera irregular durante la ejecución de las obras escolares.

Los contratistas reclaman principalmente la devolución de dos conceptos: las retenciones aplicadas por concepto de la Ley 6-86, que crea el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS), y los intereses generados por líneas de crédito autorizadas por el MINERD en el Banco de Reservas para financiar la continuidad de las construcciones.

Reclaman devolución del 1 % por FOPETCONS

En primer lugar, UCOCOMI cuestiona las deducciones correspondientes al 1 % de la Ley 6-86, aplicadas, según los contratistas, en las cubicaciones y libramientos correspondientes a las obras escolares.

Sostienen que, de acuerdo con el artículo 1 de dicha legislación, la responsabilidad del pago corresponde al propietario de la obra, que en estos proyectos es el MINERD o, actualmente, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE).

En consecuencia, alegan que los contratistas no debieron asumir mediante deducciones de sus cubicaciones el pago de ese concepto.

“No se debió retener dichos montos a los contratistas, ya que no son quienes deben realizar ese pago”, sostienen los representantes del sector.

Los contratistas también plantean que, si el 1 % correspondiente a la Ley 6-86 debía formar parte del costo de las obras, su monto debió estar contemplado dentro de los gastos generales del presupuesto base de los sorteos correspondientes a las distintas etapas del Plan Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE).

Por ello, UCOCOMI considera que las deducciones realizadas en las cubicaciones y libramientos deben ser revisadas y, de comprobarse que fueron aplicadas de manera indebida, reintegradas a los contratistas afectados.

También reclaman intereses cobrados por Banreservas

El segundo reclamo está relacionado con los intereses generados por líneas de crédito del Banco de Reservas, autorizadas por el MINERD para que los contratistas pudieran mantener el ritmo de construcción de los centros educativos.

Los ingenieros sostienen que la devolución de esos intereses está contemplada en la Ley 118-21, posteriormente extendida mediante la Ley 83-24, por lo que reclaman que los recursos les sean reintegrados.

De acuerdo con UCOCOMI, ambos reclamos han sido planteados en reiteradas ocasiones ante distintas autoridades del Ministerio de Educación, cuyos representantes han recibido a los contratistas para conocer sus planteamientos.

Sin embargo, aseguran que las reuniones no han desembocado en una solución definitiva.

“Esperar y esperar” mientras crece la presión

Los contratistas afirman que la falta de respuesta definitiva ha agravado la situación económica de numerosos profesionales y empresas que participaron en la construcción de los planteles escolares.

Advierten que muchos enfrentan serias dificultades financieras y que algunos se encuentran al borde de la quiebra, debido a los costos acumulados durante años de ejecución de los proyectos.

Por esa razón, reclaman al Gobierno una respuesta concreta y la revisión de los montos que, según sus planteamientos, fueron descontados o cobrados indebidamente.

Finalmente, los ingenieros contratistas apelaron a la sensatez, transparencia y voluntad de solución del presidente Luis Abinader y del ministro Luis Miguel De Camps.

Subrayaron que su reclamo no busca obtener beneficios adicionales ni recursos que no les correspondan, sino recuperar, según afirman, dinero que les pertenece y que consideran que fue retenido o cobrado de manera irregular.

“No estamos pidiendo; estamos reclamando que nos devuelvan lo que nos corresponde”, sostuvieron los contratistas, al reiterar su llamado a las autoridades para que el caso sea atendido y llevado a una solución definitiva.