SANTO DOMINGO, R.D.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) lanzó una fuerte advertencia sobre la prolongación excesiva de los procesos penales y llamó a jueces, fiscales y abogados a preservar el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de duración razonable de los procedimientos judiciales.

El presidente del gremio, Trajano Potentini, sostuvo que existen procesos que llevan cinco años o más sin alcanzar siquiera una sentencia de primera instancia, situación que, a su juicio, podría terminar comprometiendo garantías fundamentales y provocar la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo establecido por la legislación.

Durante una entrevista en el programa Despierta RD, que se transmite de lunes a viernes por Telecentro, canal 13, Potentini puso como ejemplo el proceso seguido al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, cuyo expediente, según explicó, presenta un volumen y una complejidad que podrían convertir su conocimiento íntegro en una tarea prácticamente inmanejable dentro de los plazos establecidos por la ley.

Un expediente que desafía al sistema

Potentini llamó la atención sobre las dimensiones de la acusación, que supera las 12,274 páginas, cuya lectura e incorporación al proceso podría requerir semanas de audiencias dedicadas prácticamente de manera exclusiva a esa labor.

A esto se suma, según explicó, la cantidad de imputados, abogados, pruebas y testigos involucrados en el proceso.

Primero, señaló que los imputados tendrían la posibilidad de contar, conforme a las reglas procesales aplicables, con hasta tres abogados para su defensa, sin incluir asistentes ni personal de apoyo.

En un proceso con 63 imputados, esto podría representar hasta 189 abogados defensores, una cantidad que plantea serios desafíos de espacio, logística y manejo de las audiencias.

Segundo, destacó que el Ministerio Público habría presentado más de 3,500 pretensiones probatorias, mientras que los imputados tendrían derecho a ejercer sus facultades de defensa y presentar las pruebas que correspondan a sus respectivas imputaciones.

Tercero, Potentini llamó la atención sobre los aproximadamente 400 testigos propuestos por el Ministerio Público y sobre el principio de igualdad de armas, que garantiza a los imputados la posibilidad de ejercer su defensa en condiciones de equilibrio procesal.

De aplicarse esas posibilidades de manera amplia, advirtió, la cantidad potencial de testigos podría alcanzar cifras de decenas de miles, lo que convertiría la administración de las audiencias en un desafío extraordinario.

A esto se agrega la necesidad de garantizar que los testigos permanezcan fuera de la sala hasta que corresponda su participación, lo que obligaría al Poder Judicial a disponer de espacios y una logística especial para manejar simultáneamente a cientos de abogados, imputados, testigos y demás participantes.

“Defenderse no es dilatar”

El presidente del CARD cuestionó además la tendencia a interpretar automáticamente la utilización de recursos, incidentes y mecanismos procesales por parte de los abogados como una estrategia destinada a retrasar los procesos.

Potentini sostuvo que debe establecerse una diferencia clara entre una actuación manifiestamente abusiva, dirigida exclusivamente a obstaculizar un procedimiento, y el ejercicio legítimo de las herramientas que la legislación pone a disposición de las partes para proteger sus derechos.

En ese sentido, respaldó el planteamiento del jurista Carlos Balcácer, quien ha advertido sobre los riesgos de interpretar de manera extensiva las actuaciones de la defensa como maniobras dilatorias.

A juicio del CARD, considerar que la presentación de recursos, excepciones, incidentes u otras actuaciones legalmente permitidas constituye, por sí sola, una conducta dilatoria podría generar un efecto inhibidor sobre los abogados y afectar directamente el ejercicio del derecho de defensa.

El reloj también corre para la Justicia

Potentini sostuvo que la situación obliga a una profunda reflexión de todo el sistema de justicia, debido a que la prolongación indefinida de los procesos puede afectar principios esenciales del Estado de derecho, entre ellos la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a una decisión dentro de un plazo razonable.

Advirtió que cuando una persona permanece durante años sometida a un proceso penal sin una decisión definitiva, se produce una especie de judicialización permanente de su vida, independientemente del resultado final del expediente.

Sobre el caso de Jean Alain Rodríguez, Potentini lamentó que un proceso que, a su entender, debería llevarse hasta sus últimas consecuencias pudiera encontrar obstáculos procesales que dificulten su conclusión dentro del plazo legal.

Afirmó que, dadas las dimensiones del expediente y los obstáculos que identifica, no descarta que el proceso termine enfrentando un escenario de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo establecido para la persecución y judicialización.

Más páginas no significan más justicia

El presidente del CARD consideró que una persecución penal eficaz no debe medirse por la cantidad de páginas de un expediente, el número de testigos propuestos ni por el volumen de pruebas acumuladas.

Por el contrario, sostuvo que una administración de justicia moderna debe procurar procesos eficientes, manejables y compatibles tanto con la obligación del Estado de perseguir las infracciones como con el deber de garantizar los derechos fundamentales de todas las partes.

En esa línea, planteó que los órganos encargados de la persecución penal deben evaluar desde la etapa de investigación la viabilidad procesal de las acusaciones que posteriormente serán llevadas a los tribunales.

El objetivo, explicó, debe ser evitar que expedientes desproporcionados terminen convirtiéndose en procesos imposibles de administrar dentro de los límites temporales establecidos por la propia legislación.

CARD también fija posición sobre el Código Penal y la Suprema Corte

Durante su participación en Despierta RD, Potentini abordó además otros temas de interés para el sistema judicial, entre ellos la implementación del nuevo Código Penal, el cuestionado aumento salarial de los miembros del Consejo del Poder Judicial y la trascendencia del proceso de evaluación, escogencia y renovación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

El CARD reiteró su llamado a fortalecer una administración de justicia que, además de perseguir y sancionar las infracciones, garantice que nadie sea condenado antes de ser juzgado y que ningún proceso se convierta en una pena anticipada por su duración.