¡Alerta nacional! Armas y municiones dominicanas llegan a manos de pandilleros criminales haitianos
Armas llegan a manos de pandilleros criminales haitianos
El informe de expertos de la ONU sobre municiones dominicanas en manos de bandas haitianas confirma una vieja preocupación, de que el país necesita saber cómo material de sus instituciones armadas terminó en poder del crimen organizado al otro lado de la frontera.
¡La verdad se impondrá, aunque sea tarde!
Por La Redacción
La República Dominicana no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. Cuando un informe de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas documenta el desvío de 908,001 municiones de los depósitos de la Policía Nacional y encuentra en Haití cartuchos con marcas asociadas al Ejército dominicano, lo responsable no es buscar excusas, sino investigar hasta las últimas consecuencias.
La defensa de la soberanía también significa proteger los arsenales del Estado y saber quién permitió que parte de ese material terminara en manos de bandas criminales haitianas.
Hay denuncias que pueden ser ignoradas durante un tiempo, pero llega el momento en que los hechos terminan hablando por sí solos.
Eso es lo que está ocurriendo ahora.
Desde hace tiempo, Relámpago Informativo ha denunciado el tráfico de armas, municiones, drogas, mercancías y personas a través de la frontera dominico-haitiana, así como las debilidades y complicidades que han permitido que determinadas redes criminales operen con una peligrosa facilidad.
Ahora, un informe del Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Haití, identificado como S/2026/714, coloca nuevamente el dedo sobre una herida que República Dominicana no puede seguir ignorando.
908,001 municiones: una cifra que estremece
El documento señala que una revisión de las existencias de la Policía Nacional dominicana permitió detectar el desvío de 908,001 artículos, principalmente municiones, entre ellas más de 489,000 cartuchos calibre 9 mm, unos 230,000 de 5.56 x 45 mm, alrededor de 26,000 de 7.62 x 39 mm y unos 93,000 cartuchos calibre 12.
El propio Panel sostiene que fuentes de seguridad consultadas en República Dominicana y Haití señalaron la participación de agentes corruptos de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el desvío y posterior comercialización de material bélico.
Y aquí está uno de los puntos más delicados: los expertos de Naciones Unidas encontraron municiones compatibles con las previamente desviadas de los depósitos policiales dominicanos en poder de 400 Mawozo y de grupos armados que operan en Bel-Air, Puerto Príncipe.
No estamos hablando, por tanto, de una simple coincidencia de calibres.
Estamos hablando de un rastro que conduce desde inventarios institucionales dominicanos hasta arsenales de organizaciones criminales haitianas.
También aparecen las siglas ERD
El informe documenta, además, municiones marcadas con las siglas ERD, correspondientes al Ejército de República Dominicana, encontradas entre material incautado en Haití.
El Panel también examinó municiones calibre .50 de fabricación dominicana de antigua data. En una muestra de 32 proyectiles analizados en 2026, al menos 15 correspondían a munición fabricada en República Dominicana durante la década de 1950.
Esto permite hacer una distinción necesaria.
Una cosa es que determinadas municiones sean antiguas y otra muy diferente es que municiones adquiridas recientemente, o material que estuvo bajo custodia de instituciones dominicanas, aparezca posteriormente en manos de bandas criminales.
Por eso, todo debe ser investigado y documentado.
No todo puede explicarse con Trujillo
Las explicaciones oficiales sobre la existencia de municiones de fabricación antigua son pertinentes para determinados proyectiles calibre .50.
El Ministerio de Defensa ha explicado que parte de ese material corresponde a décadas de 1950 y 1960 y que existen procesos relacionados con excedentes antiguos.
Pero esa explicación no responde por sí sola a todas las interrogantes.
Porque existe otro expediente, mucho más reciente, que nadie puede colocar en la época de Trujillo.
Nos referimos a la Operación Pandora.
En septiembre de 2026, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, quien fuera encargado del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, junto a otros imputados, por su presunta vinculación con el robo y comercialización ilegal de municiones y pertrechos policiales.
Eso ocurrió ayer, en términos históricos.
No hace 50 años.
Y hay otro caso: 1,516 cartuchos
En diciembre de 2025, miembros del Ejército detuvieron en la sección La Tinaja, provincia San Juan, a un segundo teniente de esa institución y a un ciudadano haitiano que transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de diferentes calibres en una motocicleta.
El oficial fue sometido a la justicia y permanece bajo prisión preventiva, mientras el proceso continúa. El propio Ministerio de Defensa confirmó este caso al responder a las informaciones relacionadas con el informe de Naciones Unidas.
Entonces surge una pregunta elemental: ¿Cómo puede hablarse de hechos exclusivamente históricos cuando existen investigaciones y procesos judiciales recientes relacionados con el desvío y transporte ilegal de municiones?
La pregunta merece una respuesta.
Las instituciones no deben sentirse atacadas
Aquí tampoco se trata de atacar a la Policía Nacional ni al Ejército de República Dominicana.
Todo lo contrario.
Defender esas instituciones significa exigir que estén limpias.
La inmensa mayoría de los policías y militares dominicanos son servidores públicos que arriesgan diariamente sus vidas para proteger a la ciudadanía.
Precisamente por respeto a ellos, cualquier persona que utilice su uniforme, posición o acceso institucional para alimentar redes criminales debe responder ante la justicia.
El patriotismo no consiste en esconder los problemas de la patria.
El patriotismo consiste en enfrentarlos.
Las autoridades tienen una oportunidad
El Ministerio de Defensa ha informado que mantiene investigaciones para determinar cómo municiones de origen dominicano llegaron a Haití y que ha suministrado información a los organismos internacionales sobre adquisición, distribución y control del material bélico.
Bien.
Ahora corresponde ir mucho más lejos. Hay que reconstruir la cadena completa:
- ¿Quién recibió las municiones?
- ¿Dónde fueron almacenadas?
- ¿Quién las custodió?
- ¿Quién autorizó su salida?
- ¿Quién falsificó inventarios, si ocurrió?
- ¿Quién las compró?
- ¿Quién las transportó hacia la frontera?
- ¿Quién recibió el dinero?
- ¿Quién las introdujo en Haití?
- ¿Y quiénes fueron los contactos del otro lado?
La respuesta no puede detenerse en el primer eslabón.
Una frontera que no puede ser un colador
La República Dominicana comparte una frontera particularmente sensible con un país donde poderosas organizaciones criminales controlan territorios y mantienen arsenales capaces de desafiar al propio Estado haitiano.
Cada fusil y cada caja de municiones que llega ilegalmente a esas organizaciones representa una amenaza adicional para la seguridad dominicana.
Por eso, el tráfico de armas y municiones hacia Haití no debe verse solamente como un problema haitiano.
Es un problema dominicano de seguridad nacional.
Y si existen funcionarios, militares, policías, empresarios, intermediarios o ciudadanos civiles involucrados, deben ser identificados y sometidos a la justicia, sin importar su rango, apellido, poder económico o relaciones políticas.
La verdad no tiene uniforme
La República Dominicana merece saber qué ocurrió.
- Merece conocer quién falló.
- Merece saber si hubo corrupción, negligencia, complicidad o una combinación de todas ellas.
- Y merece saber también qué medidas se están adoptando para impedir que vuelva a ocurrir.
La respuesta no debe ser atacar a quienes denuncian. Tampoco convertir una investigación internacional en una batalla política. Mucho menos intentar que el tiempo borre las preguntas.
Que se investigue. Que se audite. Que se documenten los inventarios. Que se determine la cadena de custodia. Que se identifique a los responsables y que la justicia haga su trabajo.
Eso es lo que espera una nación que ama sus instituciones. Eso es lo que exige la patria. Porque una cosa debe quedar clara:
la República Dominicana no puede convertirse en la fábrica, almacén o puente de abastecimiento de las bandas criminales de Haití.
Y si alguien, desde dentro o desde fuera del Estado, ha contribuido a ello, tendrá que responder.
Aunque sea tarde.
Porque, tarde o temprano, la verdad se impone.
