Entre policías, delincuentes y autoridades, la sangre sigue corriendo y nadie pone freno

Mientras los intercambios de disparos siguen dejando muertos, el microtráfico gana terreno, las obras públicas se desploman y los barrios se hunden en el abandono, la seguridad ciudadana parece caminar de espaldas a la realidad. Presidente Abinader: ¿quién le está contando lo que realmente ocurre en las calles?
Buenos días…
¿Quién es el verdadero responsable de la muerte del sargento de la Policía Nacional Juan Isaé Pinal Jiménez, ocurrida en Santiago durante un enfrentamiento entre delincuentes y agentes policiales?
¿Los individuos que abrieron fuego inmediatamente vieron llegar a los uniformados o fueron los policías quienes dispararon primero y preguntaron después?
Es posible que esos individuos dispararan de inmediato porque sabían que, si no lo hacían, terminarían muertos. Según la lógica de determinadas intervenciones policiales, ya estaban sentenciados antes de que comenzara el enfrentamiento.
Eran señalados como hombres «peligrosos y fuertemente armados». Y en el lenguaje policial policial, ese señalamiento se interpreta como una especie de sentencia anticipada: ponerlos en 29.
¡Y cuidado con confundir autoridad con licencia para matar! Ningún agente policial debería perder la vida en un intercambio de disparos. Pero tampoco podemos aceptar que las intervenciones policiales se conviertan en una cadena de muertes que nadie investiga a profundidad.
La pregunta es inevitable: si cientos de personas han muerto en intervenciones policiales en lo que va de año, ¿por qué la delincuencia no termina de retroceder? ¿Dónde están los resultados de esa estrategia de seguridad?
Porque matar presuntos delincuentes no equivale necesariamente a desmantelar estructuras criminales. Y llenar cementerios no es una política de seguridad ciudadana.
Cuando se pase revista a la gestión del presidente Luis Abinader y del PRM, en materia de seguridad, habrá que examinar las estadísticas, los homicidios, el microtráfico, los atracos y la percepción de inseguridad. Sin maquillaje estadístico ni propaganda oficial.
¡Los números no pueden convertirse en cosméticos para maquillar una realidad que la gente vive y sufre en carne propia!
Uno de los cuestionamientos que merece una investigación seria es la desaparición de la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DICAM).
A nuestro juicio, el problema no necesariamente estaba en el organismo, sino en quienes tenían responsabilidades de dirección y administración.
La DICAM realizaba operativos contra el microtráfico y apresaba a personas señaladas por sus actividades en ese negocio ilícito. También circulaban versiones sobre supuestas protecciones y rivalidades entre organismos antinarcóticos.
Se decía que la DICAM perseguía a determinados microtraficantes supuestamente protegidos por la DNCD, mientras que desde la DNCD se señalaba a otros que supuestamente contaban con protección dentro de la propia DICAM.
¡Qué bonito espectáculo institucional! Si esas rivalidades existían, lo que correspondía era investigarlas, depurar responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control. No necesariamente hacer desaparecer una estructura completa.
La pregunta que sigue sobre la mesa es: ¿qué organismo asumió eficazmente el espacio que dejó la DICAM en la lucha contra el microtráfico?
Porque, mientras se reorganizan instituciones y se cambian nombres, el negocio de las drogas sigue encontrando terreno para expandirse.
¡Investíguenlo! Pero háganlo con oficiales serios, independientes y sin compromisos con intereses particulares.
Una vergüenza que trasciende las fronteras nacionales constituye el desplome de parte del techo de un aula del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional.
¡Una obra educativa que apenas tendría unos 15 meses de uso y que había sido inaugurada por el presidente Abinader!
¿Quién construyó esa obra? ¿Quién supervisó los trabajos? ¿Quién certificó que estaba en condiciones de recibir estudiantes?
Si se ordenó una investigación, como debe ser, y se confirma que hubo fallas de construcción, negligencia o incumplimiento de las especificaciones técnicas, los responsables deben responder ante la justicia.
Aquí no puede haber vacas sagradas ni ingenieros intocables.
La vida de los estudiantes no puede quedar a merced de construcciones defectuosas, supervisiones complacientes y funcionarios que firman documentos sin garantizar la calidad de las obras.
¡Que aparezcan los responsables y que expliquen semejante disparate!
En Valle del Este y Reparto Los Tres Ojos, en Santo Domingo Este, hay residentes que quieren declarar al alcalde Dío Astacio «persona no grata» y entregarle, de manera simbólica, un trofeo por la «deficiencia de los servicios municipales».
¡Y no es para menos el descontento que manifiestan!
Las calles están completamente deterioradas, llenas de hoyos y convertidas en trampas para los conductores. Hay tramos que, por sus condiciones, prácticamente deberían cerrarse hasta que sean reparados.
Cuando llueve, el panorama es todavía peor: lagunas, lodo y dificultades para transitar.
¿Y dónde está la Alcaldía? Porque administrar Santo Domingo Este no consiste en aparecer en fotografías, pronunciar discursos y hacer promesas. También hay que recorrer los barrios, ensuciarse los zapatos y resolver los problemas.
Los ciudadanos no pagan impuestos para contemplar hoyos. ¡Alcalde, menos promoción y más pavimento!
¡Qué pena! Los buenos policías, que son mayoría y cumplen con su deber, están pagando las consecuencias de las actuaciones cuestionadas de una minoría que ha contribuido a deteriorar la credibilidad de una institución indispensable para la seguridad nacional.
No podemos meter a todos en el mismo saco. Pero tampoco podemos proteger a quienes utilizan el uniforme para actuar al margen de la Constitución y las leyes.
La Policía necesita recuperar la confianza ciudadana. Y eso no se consigue con discursos, ruedas de prensa ni estadísticas de apresamientos.
Se consigue con profesionalidad, transparencia, respeto a la vida y consecuencias para quienes abusan de la autoridad.
En Brisas del Este, Santo Domingo Este, las denuncias contra determinadas actuaciones policiales han alcanzado niveles preocupantes.
Hay residentes que manifiestan abiertamente su desconfianza hacia los agentes y cuestionan la forma en que se realizan algunas intervenciones.
Y uno de los casos que exige especial atención es la muerte del joven Saúl De Oleo Sánchez, de apenas 20 años, ocurrida la semana pasada.
Familiares y denunciantes sostienen que el muchacho fue sacado con vida de su vivienda y posteriormente apareció muerto por múltiples impactos de bala. Según sus familiares, recibió nueve disparos.
Pero hay algo todavía más delicado. En ese sector circula una versión que vincula su muerte con supuestas amenazas y represalias atribuidas a un individuo identificado como Junior Lebrón, a quien los denunciantes señalan como presunto responsable de ordenar el crimen, desde la cárcel.
La denuncia sostiene que ese hombre habría estado detrás de la muerte de Ronny, hermano de Saúl, por el cual está preso, y que ahora también habría ordenado la de este joven.
¡Atención! No presentamos esa versión como un hecho judicialmente demostrado. Precisamente por su gravedad, debe ser investigada hasta las últimas consecuencias.
Un equipo de ¡Cógelo, Picante! visitó Brisas del Este y ha conocido las denuncias y los señalamientos que rodean este caso.
Si Saúl fue sacado vivo de su vivienda y posteriormente acribillado, como sostienen sus familiares, hay preguntas que no pueden quedarse sin respuesta:
- ¿Quién lo sacó de su casa?
- ¿En qué circunstancias?
- ¿Quiénes participaron?
- ¿Qué ocurrió durante el trayecto?
- ¿Existen testimonios, grabaciones o evidencias balísticas que permitan reconstruir los hechos?
Y, sobre todo, ¿se investigaron las amenazas que había recibido? Hay un video.
El Ministerio Público debe prestar atención a esta denuncia, investigar las circunstancias de la muerte y establecer si hubo autores intelectuales e identificar los materiales.
¡Aquí no puede haber expedientes engavetados ni delincuentes intocables!
No creemos que el presidente Luis Abinader sea un verdugo, como sostienen algunos sectores incrédulos. Pero sí existe una posibilidad preocupante, y es que no le estén llevando a su despacho toda la dimensión de lo que ocurre en las calles dominicanas.
Y si durante sus primeros dos años de gobierno se prometió combatir la delincuencia y reducir sus niveles, después de seis años y meses en el poder, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados, explicaciones y responsabilidades.
Presidente, en las intervenciones policiales están cayendo mansos y cimarrones. No se trata de justificar delincuentes, ni de desproteger a los agentes que arriesgan sus vidas para cumplir con su deber. ¡Se trata de que la ley sea la misma para todos!
El policía que cumple con su deber merece respaldo. El delincuente debe responder por sus crímenes. Y el agente que incurra en una ejecución extrajudicial debe responder ante los tribunales.
No puede haber impunidad para unos ni licencia para matar para otros.
La seguridad no se mide por la cantidad de muertos que aparecen después de cada operativo, sino por la capacidad del Estado para prevenir los delitos, desmantelar las estructuras criminales, proteger a los ciudadanos y garantizar que la Policía actúe dentro de la ley.



