DIGEIG: ¿dónde está la prevención frente a tantos escándalos de corrupción?
Por Margarita de la Rosa
La República Dominicana dispone de un amplio entramado de instituciones, leyes, decretos y organismos destinados a promover la transparencia, fiscalizar el uso de los recursos públicos y prevenir la corrupción administrativa.
Sin embargo, ante los escándalos, denuncias y expedientes judiciales que involucran a distintas instituciones del Estado, resulta inevitable preguntarse qué está ocurriendo con los mecanismos creados precisamente para evitar esas irregularidades.
Y entre esos organismos hay uno que merece especial atención: la DIGEIG: ¿dónde está la prevención frente a tantos escándalos de corrupción?, dirigida por la doctora Milagros Ortiz Bosch.
No estamos hablando de una dependencia cuya única misión sea impartir charlas sobre valores o promover buenas conductas entre los servidores públicos. Sus atribuciones son mucho más amplias.
El Decreto 486-12, del 21 de agosto de 2012, que creó la DIGEIG, le asignó responsabilidades en materia de ética, integridad, transparencia, prevención de la corrupción, acceso a la información pública e investigación de denuncias administrativas.
Posteriormente, el Decreto 791-21 dispuso la implementación de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo en las instituciones del Poder Ejecutivo.
Es decir, existe una estructura legal e institucional que debería contribuir a detectar riesgos, promover correcciones y evitar que determinadas irregularidades alcancen mayores dimensiones.
Pero ¿qué tan efectiva está resultando esa estructura?
En los últimos años hemos conocido investigaciones y cuestionamientos relacionados con SeNaSa, CONAPE, INTRANT y otras dependencias públicas. Algunos casos han llegado a los tribunales; otros permanecen bajo investigación o corresponden a observaciones de auditoría que todavía requieren esclarecimiento.
No todos tienen la misma naturaleza ni implican responsabilidades penales demostradas. Pero, en conjunto, justifican examinar el funcionamiento de los controles institucionales.
A esta realidad se suma un episodio reciente que provocó un amplio debate: la licitación de RD$630 millones para adquirir ingredientes destinados a preparar habichuelas con dulce durante la Semana Santa de 2027.
El proceso, promovido por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), fue reducido inicialmente a RD$255 millones y posteriormente cancelado.
Conviene aclarar que se trataba de un presupuesto de contratación, no de recursos cuyo desvío haya sido demostrado.
Pero el episodio plantea interrogantes legítimas: ¿qué evaluaciones se realizaron antes de presentar aquella propuesta? ¿Qué controles internos examinaron su pertinencia y razonabilidad? ¿Intervino alguna comisión de integridad? ¿Qué provocó una reducción presupuestaria tan significativa antes de su cancelación?
La cuestión de fondo no es únicamente si una contratación termina siendo cancelada. Es determinar si los mecanismos institucionales funcionan oportunamente o si las correcciones se producen cuando los cuestionamientos ya han ocupado la atención pública.
Una experiencia que invita a reflexionar
Durante mis años de ejercicio periodístico, cuando cubría distintas instituciones públicas, recuerdo cómo las actuaciones de los organismos vinculados a la ética y la transparencia se hacían sentir mediante solicitudes de informes, seguimiento a determinadas actuaciones administrativas y supervisión de las obligaciones de acceso a la información.
No pretendo idealizar aquellos tiempos. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de una administración gubernamental.
Pero esa experiencia me lleva a preguntarme por qué hoy, en medio de tantos cuestionamientos, resulta necesario reclamar mayor visibilidad de las actuaciones preventivas de la DIGEIG.
La institución ha informado sobre denuncias tramitadas, investigaciones y expedientes remitidos al Ministerio Público. Esas actuaciones existen y deben reconocerse.
Sin embargo, la cantidad de expedientes procesados no demuestra, por sí sola, la eficacia de una política de prevención.
Sería importante conocer cuántas irregularidades fueron advertidas antes de que se produjeran perjuicios económicos, cuántas recomendaciones se formularon, cuáles fueron atendidas y qué seguimiento recibieron las instituciones señaladas.
También corresponde preguntar qué papel han desempeñado las comisiones de integridad creadas para funcionar dentro de las propias dependencias gubernamentales.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la integridad pública dominicana señala, además, debilidades en las garantías de independencia de la DIGEIG, debido a su dependencia institucional del Poder Ejecutivo.
Ese señalamiento merece atención, porque un organismo encargado de promover la integridad necesita condiciones que le permitan actuar con autonomía técnica y sin interferencias indebidas.
No corresponde atribuir a la DIGEIG todas las responsabilidades del sistema de fiscalización. La Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Contrataciones Públicas y las autoridades de cada institución tienen competencias propias.
Pero esa distribución de funciones tampoco debería convertirse en un espacio donde las responsabilidades se diluyan.
La doctora Milagros Ortiz Bosch cuenta con una extensa trayectoria pública. Precisamente por ello, sería valioso que la ciudadanía pudiera conocer, de manera detallada, los resultados preventivos de la institución que dirige y su participación en el seguimiento de los casos que han generado mayor preocupación nacional.
No basta con disponer de oficinas, presupuestos, comisiones y reglamentos. La integridad gubernamental debe traducirse en controles efectivos, advertencias oportunas y actuaciones verificables.
Porque la lucha contra la corrupción no puede medirse solamente por los expedientes que llegan a la justicia, sino también por las irregularidades que el Estado consigue evitar.
Y mientras continúen apareciendo casos que obliguen a preguntarnos qué ocurrió con los controles institucionales, seguirá vigente una interrogante:
DIGEIG: ¿dónde está la prevención frente a tantos escándalos de corrupción?
