Haití y el G7: las advertencias políticas que también comprometen la seguridad de RD
ANÁLISIS
No basta con derrotar a las bandas armadas si permanecen intactas las redes económicas y políticas que las alimentan. Puerto Príncipe necesita depurar sus instituciones, garantizar elecciones confiables y recuperar el Estado; Santo Domingo tiene razones de sobra para seguir de cerca ese proceso.
SEGUNDA ENTREGA
PUERTO PRÍNCIPE, Haití.
El respaldo del G7 a Haití representa una oportunidad que podría cambiar el rumbo de una nación atrapada durante años entre la violencia, la corrupción, la inestabilidad institucional y la pobreza.
Sin embargo, detrás de los compromisos de seguridad, asistencia humanitaria y recuperación económica existe un mensaje político que merece especial atención: no habrá una reconstrucción verdadera mientras quienes contribuyen al deterioro del país puedan continuar ejerciendo influencia sin rendir cuentas.
La declaración de las principales potencias no solamente habla de soldados, recursos financieros y elecciones. También coloca sobre la mesa la responsabilidad de los dirigentes, la participación política de personas sancionadas y la necesidad de romper los vínculos que mantienen alimentadas las estructuras criminales.
Y para República Dominicana, que comparte una frontera terrestre con Haití, el desenlace de esta crisis tiene implicaciones directas sobre su propia seguridad.
Lo que el G7 está diciendo entre líneas
Hay tres advertencias políticas que merecen especial atención.
Primera: no habrá recuperación sostenible mientras las bandas y sus patrocinadores conserven poder.
La comunidad internacional entiende que la violencia haitiana no es exclusivamente un problema de delincuencia callejera. Existe una dimensión política, económica y financiera que debe investigarse.
Por eso, las sanciones y la lucha contra la impunidad deben acompañar las operaciones militares y policiales.
Segunda: no basta con organizar elecciones; hay que impedir que los mismos intereses que contribuyeron al deterioro del país secuestren el proceso democrático.
La advertencia sobre las personas sancionadas es particularmente significativa. El G7 está colocando la integridad de los aspirantes y la credibilidad electoral en el centro de la discusión.
Tercera: la ayuda internacional debe estar condicionada a resultados verificables.
El respaldo financiero tiene que producir seguridad, instituciones funcionales, transparencia, empleos y mejores condiciones de vida.
No sería aceptable que miles de millones de dólares terminen alimentando nuevas redes de corrupción mientras la población continúa huyendo de las bandas.
¿Qué debería hacer Haití para aprovechar esta oportunidad?
Desde nuestra perspectiva, Haití necesita una estrategia nacional que incluya, como mínimo, las siguientes medidas:
1. Desmantelar las estructuras criminales: perseguir a los cabecillas, sus financistas, proveedores de armas y municiones, intermediarios y colaboradores.
2. Depurar las instituciones: investigar a funcionarios, policías y militares que pudieran estar vinculados con organizaciones criminales, respetando el debido proceso.
3. Fortalecer la inteligencia: establecer mecanismos de cooperación internacional para identificar las rutas de armas, municiones, drogas y dinero que alimentan las bandas.
4. Recuperar el territorio: garantizar la seguridad de las principales carreteras, puertos, aeropuertos, centros comerciales y comunidades.
5. Garantizar elecciones limpias: aplicar el decreto electoral sin privilegios, discriminaciones ni negociaciones políticas que comprometan la credibilidad del proceso.
6. Combatir la corrupción: investigar el destino de los recursos públicos y de la cooperación internacional, con auditorías independientes y publicación de resultados.
7. Atender a la población: garantizar alimentación, salud, educación, vivienda y oportunidades de empleo para las familias desplazadas y las comunidades afectadas.
8. Recuperar la economía: estimular la inversión, la producción agrícola, el comercio y la creación de empleos, evitando que la reconstrucción se convierta en un negocio para unos cuantos.
Estas medidas no pueden quedarse en declaraciones oficiales. Necesitan responsables, plazos, supervisión y resultados que puedan ser comprobados por la población haitiana y sus socios internacionales.
¿Qué significa esta declaración para República Dominicana?
Este aspecto merece especial atención desde la perspectiva dominicana.
La crisis haitiana no es un asunto que pueda observarse exclusivamente desde Puerto Príncipe. Tiene consecuencias directas sobre la seguridad, la economía, la migración y la estabilidad de toda la región.
República Dominicana comparte una frontera terrestre con Haití y, por tanto, tiene razones legítimas para interesarse en que su vecino recupere la institucionalidad y el control de su territorio.
Una Haití dominada por organizaciones criminales representa un riesgo para ambos pueblos.
La circulación ilegal de armas, municiones, drogas y mercancías, las redes de tráfico de personas y la posibilidad de que individuos vinculados a estructuras criminales utilicen el territorio dominicano como refugio o plataforma de operaciones son asuntos que requieren cooperación y vigilancia.
Pero hay una consideración adicional: a República Dominicana le conviene una Haití estable, no una Haití permanentemente dependiente de la asistencia internacional.
Un Estado haitiano funcional permitiría fortalecer los controles fronterizos, desarrollar el comercio bilateral, reducir las presiones migratorias irregulares y establecer mecanismos de cooperación entre las autoridades de ambos países.
Esto no significa que República Dominicana deba asumir responsabilidades que corresponden al Estado haitiano ni renunciar a sus políticas soberanas de seguridad y control migratorio.
Significa comprender que la estabilidad del otro lado de la frontera también contribuye a nuestra propia seguridad.
Haití necesita algo más que soldados y elecciones
La declaración del G7 debe ser recibida como una oportunidad, pero también como una advertencia.
Las principales potencias están respaldando la continuidad de la fuerza internacional, el fortalecimiento de las instituciones haitianas, las sanciones contra quienes amenazan la estabilidad, la ayuda humanitaria y la recuperación económica.
Sin embargo, ninguna fuerza extranjera puede sustituir indefinidamente la voluntad política de un pueblo ni construir por sí sola un Estado funcional.
Haití necesita dirigentes capaces de romper con las prácticas que han mantenido al país atrapado entre la corrupción, la violencia y la inestabilidad.
Necesita que los políticos comprendan que gobernar no significa repartirse el poder, proteger intereses particulares o negociar con quienes tienen sometida a la población.
Y necesita que las elecciones de julio de 2027 no sean otra oportunidad para reciclar las mismas estructuras de poder, sino el comienzo de una verdadera reconstrucción democrática.
Hay que decirlo sin rodeos: si Haití combate a los pandilleros, pero deja intactas las redes políticas, económicas y financieras que los alimentan, solamente estará atacando una parte del problema.
El G7 ha colocado sobre la mesa seguridad, justicia, elecciones y recuperación económica. Ahora corresponde a los haitianos y a sus autoridades demostrar que están dispuestos a asumir sus responsabilidades.
Porque el futuro de Haití no puede seguir dependiendo de las decisiones de las bandas, de los intereses de determinados políticos ni de la llegada de contingentes extranjeros.
Haití necesita recuperar su soberanía, pero para hacerlo primero tiene que recuperar su Estado.
HISTORIA
Haití ante el G7…
