El fraude que nadie vio… ¿Y quién vigilaba a SeNaSa?
Por Margarita de la Rosa
La Operación Cobra 2.0-A continúa ampliando el número de investigados por el presunto fraude contra SeNaSa.
Pero entre allanamientos, arrestos y millones de pesos surge una pregunta que no debería quedar fuera del expediente:
¿Investiga también el Ministerio Público las posibles fallas u omisiones de las instancias que tenían la responsabilidad de supervisar, controlar y fiscalizar a SeNaSa? La pregunta es pertinente.
La SISALRIL tiene entre sus atribuciones legales supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento de SeNaSa; fiscalizar su contabilidad, requerir información sobre las prestaciones y examinar libros, cuentas, archivos, documentos y cobros.
Si las irregularidades investigadas se prolongaron durante años, ¿qué ocurrió con esos controles? ¿Qué detectaron las supervisiones y auditorías? ¿Cuándo lo detectaron? ¿Qué se hizo?
No se trata de acusar anticipadamente a nadie. Se trata de establecer si fallaron los controles, por qué fallaron y si esas posibles omisiones también están siendo investigadas.
Cobra 2.0-A demuestra que la investigación continúa abierta. La pregunta ahora es inevitable:
¿Hasta dónde llegará?
La pregunta, entonces, trasciende a SeNaSa: ¿dónde estuvieron los controles del Estado? La Ley 87-01 no dejó al Seguro Nacional de Salud funcionando sin vigilancia.
La SISALRIL tiene facultades expresas para supervisarlo, fiscalizar su solvencia y contabilidad, requerir información y examinar libros, cuentas, archivos y documentos. Más aún, su propia estructura contempla mecanismos de alerta temprana para identificar situaciones de riesgo y promover acciones correctivas.
Pero la cadena institucional no termina ahí. El CNSS es el órgano superior encargado de dirigir y conducir el Sistema Dominicano de Seguridad Social, regular su funcionamiento, defender a los afiliados y velar por su equilibrio financiero. Y tratándose de una entidad pública que administra cuantiosos recursos, también cabe preguntar por el alcance y efectividad de los mecanismos de control interno del Estado.
Por eso, ante las reiteradas quejas de afiliados que terminaron encontrando eco en los medios de comunicación, surgen interrogantes inevitables: ¿qué detectaron esas instituciones durante sus procesos de supervisión y auditoría?, ¿qué alertas se produjeron?, ¿qué medidas correctivas se ordenaron y cuándo?, ¿fallaron los mecanismos de control o, habiendo detectado señales, no se actuó con suficiente oportunidad?
Son preguntas que la investigación sobre SeNaSa debería responder. Porque prevenir el escándalo no es una opción ni una tarea que pueda postergarse hasta que el daño sea evidente: es una obligación institucional. Y si las alertas existieron, pero no se actuó a tiempo, quienes tenían el deber de intervenir deben rendir cuentas. La falta de acción oportuna también tiene responsables.
