La justicia haitiana, debilitada por la crisis institucional y la violencia de las pandillas, cedió el escenario a la justicia estadounidense, donde los acusados enfrentarán cargos federales relacionados con el asesinato del expresidente haitiano.

Por Augusto Álvarez

La falta de condiciones de seguridad y las dificultades que enfrenta el sistema judicial haitiano terminaron colocando el caso del magnicidio de Jovenel Moïse en manos de la justicia estadounidense.

Dieciocho personas acusadas de participar en la conspiración que terminó con el asesinato del expresidente haitiano fueron trasladadas desde Haití a Estados Unidos y comparecieron ante un tribunal federal en Miami. Los trasladados forman parte de un grupo de 30 personas acusadas en Estados Unidos por diferentes roles en el complot.

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe. Entre los acusados trasladados a Miami figuran exmilitares colombianos y el exfuncionario haitiano Joseph Badio.

El caso tiene una dimensión internacional que no puede ignorarse. Las investigaciones estadounidenses sostienen que la conspiración tuvo planificación y financiamiento en el sur de Florida y que para ejecutar la operación fueron reclutados colombianos y haitianos.

Y aquí aparece una pregunta que sigue flotando en el aire: ¿Cómo pudo organizarse una operación de semejante magnitud sin que los organismos de inteligencia de los países involucrados detectaran, al menos parcialmente, sus movimientos?

La pregunta cobra mayor interés porque la trama cruzó fronteras, involucró ciudadanos de diferentes nacionalidades y requirió recursos, logística, armas y desplazamientos internacionales.

Ahora bien, una cosa es formular preguntas y otra muy diferente convertirlas en conclusiones.

Hasta que las investigaciones y los tribunales establezcan responsabilidades, no puede afirmarse que República Dominicana haya participado en la conspiración ni que autoridades estadounidenses conocieran previamente todos sus movimientos.

Lo que sí está documentado es que la investigación estadounidense ha determinado que el complot tuvo ramificaciones en Estados Unidos, Colombia y Haití.

Miami toma el expediente

La justicia estadounidense ya obtuvo resultados concretos.

En mayo de 2026, un jurado federal de Miami declaró culpables a cuatro acusados por su participación en la conspiración para secuestrar o asesinar a Moïse y por otros delitos relacionados. Los cuatro enfrentan la posibilidad de cadena perpetua.

Ahora, con la llegada de otros 18 acusados a Miami, el caso vuelve a colocarse bajo los reflectores internacionales.

La pregunta inevitable es si en territorio estadounidense podrán conocerse piezas de la conspiración que durante cinco años han permanecido bajo una nube de interrogantes.

¿Y qué pasó realmente en Haití?

La tragedia de Moïse no terminó con su asesinato.

Haití quedó todavía más atrapado entre la inestabilidad política, la violencia de las pandillas y la debilidad institucional.

La propia investigación ha enfrentado obstáculos y retrasos, mientras organizaciones de derechos humanos han cuestionado que los acusados fueran trasladados a Estados Unidos en lugar de ser juzgados en Haití.

Pero hay una realidad difícil de esconder: si un Estado no puede garantizar la seguridad de sus tribunales, sus jueces, sus fiscales y sus cárceles, tampoco puede garantizar fácilmente un proceso de la magnitud y complejidad que exige el asesinato de un presidente.

Por eso, Miami será ahora uno de los escenarios donde se intentará reconstruir una de las conspiraciones políticas y criminales más graves de la historia reciente del Caribe.

Y todavía quedan muchas preguntas.

¿Quién ordenó? ¿Quién financió? ¿Quién coordinó? ¿Quién facilitó? ¿Quién sabía? ¿Y quiénes todavía no han sido alcanzados por la justicia?

El expediente de Moïse está lejos de haber dicho su última palabra.