Fuerza del Pueblo advierte: La biodiversidad dominicana está en peligro
lanza dura advertencia por crisis ambiental y denuncia debilidad institucional, falta de vigilancia y escasa inversión en áreas protegidas
SANTO DOMINGO, R.D.
El partido Fuerza del Pueblo lanzó este jueves una fuerte advertencia sobre el deterioro de la biodiversidad en República Dominicana, asegurando que los ecosistemas nacionales continúan bajo amenaza debido a la debilidad de la gestión ambiental, la falta de controles efectivos y el insuficiente cumplimiento de las leyes vigentes.
La posición fue fijada por Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la organización, mediante un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, celebrado este 22 de mayo bajo el lema “Acción local para un impacto mundial”.
En el documento, la organización opositora sostuvo que la protección ambiental no puede seguir limitada a discursos oficiales ni a simples declaraciones simbólicas, sino que debe convertirse en una política estratégica vinculada directamente con la seguridad hídrica, la salud pública, la estabilidad climática y la calidad de vida de la población.
“La biodiversidad dominicana enfrenta amenazas cada vez más complejas mientras persisten debilidades estructurales en la gestión ambiental”, advirtió la organización.
Las áreas protegidas existen en papeles…
La Fuerza del Pueblo reconoció que el país dispone de un amplio marco legal ambiental, respaldado por la Constitución, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Sin embargo, denunció que muchas de esas disposiciones carecen de aplicación efectiva frente a intereses económicos, expansión urbana desordenada y proyectos de alto impacto ambiental.
Paino Abreu afirmó que uno de los principales desafíos continúa siendo la situación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Aunque República Dominicana posee más de 132 unidades de conservación y una parte considerable del territorio bajo protección oficial, el dirigente sostuvo que la falta de recursos económicos, vigilancia, guardaparques y planes de manejo actualizados impide garantizar una conservación real.
“Cuando faltan recursos, control territorial y supervisión permanente, la protección ambiental termina siendo más nominal que efectiva”, señaló.
Deforestación, minería e incendios agravan la crisis ecológica
El comunicado también alertó sobre múltiples amenazas que afectan actualmente la biodiversidad nacional, entre ellas la deforestación localizada, los incendios forestales, la contaminación de ríos y costas, la extracción de materiales, la presión minera, el crecimiento turístico y urbano desordenado, las prácticas agropecuarias no sostenibles y la expansión de especies invasoras.
La organización sostuvo que la condición insular del país, sumada a la alta densidad poblacional y al impacto creciente del cambio climático, obliga al Estado a desarrollar políticas ambientales “más preventivas, científicas y territorialmente eficaces”.
Además, denunció que muchas áreas protegidas continúan funcionando de forma aislada, sin corredores biológicos, restauración de cuencas ni adecuados mecanismos de ordenamiento territorial.
Reclaman más inversión y sanciones ambientales reales
La Fuerza del Pueblo pidió al Gobierno Central abandonar la “retórica ambiental” y avanzar hacia una gestión sustentada en presupuesto, transparencia y sanciones efectivas contra las violaciones ambientales.
Entre las principales demandas planteadas figuran aumentar la inversión pública en áreas protegidas, fortalecer la vigilancia ambiental y el cuerpo de guardaparques, actualizar y ejecutar planes de manejo, resolver conflictos de tenencia de tierra dentro del SINAP y y garantizar evaluaciones de impacto ambiental independientes y transparentes.
La organización también reclamó reforzar la prevención de incendios forestales, proteger ríos, manglares y humedales, así como restaurar cuencas hidrográficas afectadas por la degradación ambiental.
Al cierre del comunicado, Paino Abreu hizo un llamado al Gobierno, a los ayuntamientos, al sector privado, las universidades y la ciudadanía a asumir una mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio natural dominicano y en la construcción de una política ambiental sostenible frente a los desafíos actuales.
