POLITICA

La FP prendió las alarmas en SeNaSa y ahora denuncia irregularidades en Supérate

La organización opositora también había advertido sobre el déficit de SeNaSa, meses antes de que estallara el escándalo de corrupción. Ahora lleva a Supérate ante la PEPCA y la Cámara de Cuentas, denunciando 700 mil incorporaciones que comprometerían RD$8,196 millones anuales y cuestionando el uso clientelar de los subsidios.

 

SANTO DOMINGO, R.D.

La Fuerza del Pueblo (FP) llevó el programa Supérate ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Cámara de Cuentas, a las que solicitó investigar y auditar las incorporaciones, los desembolsos y los controles de los programas sociales, tras denunciar la inclusión de 700 mil beneficiarios que representan un costo anual de RD$8,196 millones.

La solicitud fue presentada por el exvicepresidente de la República y dirigente de la FP, Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. Lo acompañaron Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la organización, y los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, estos últimos exdirectores de la ADESS y del Programa Solidaridad, respectivamente.

Alburquerque denunció que, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022, la Dirección de Supérate dispuso incorporar 300 mil hogares al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás, para un total de 700 mil inclusiones que, según sus cálculos, cuestan al Estado RD$8,196 millones anuales.

El dirigente opositor afirmó que la resolución permitió incorporar hogares que todavía no habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), dejando su clasificación para después. «¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar y después evaluar», expresó.

Alburquerque cuestionó quién autorizó esas inclusiones y sostuvo que el SIUBEN era la institución legalmente facultada para identificar y categorizar los hogares pobres. «¿Cómo es posible que un funcionario viole impunemente la ley? Estas preguntas requieren respuestas documentadas», manifestó.

También señaló la Resolución 071-2026, del 21 de octubre, relativa al Bono Navideño, al considerar que vuelve a desplazar al SIUBEN de sus funciones de identificación y categorización de los hogares vulnerables, mientras contempla procedimientos para identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósitos.

El exvicepresidente indicó que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por más de RD$19,000 millones y que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla otros RD$4,000 millones. Según sus cálculos, ambas partidas superan los RD$23,000 millones.

 

 

[La FP también prendió las alarmas por el déficit de SeNaSa. Se recuerda que el 25 de junio de 2025, la Fuerza del Pueblo, por medio de sus secretarios de Salud, Ramón Alvarado, y de Seguridad Social, Fernando Caamaño, denunció que SeNaSa acumulaba un déficit operacional de RD$3,372.8 millones en el régimen subsidiado y una morosidad de hasta un 44 % en los pagos a prestadores durante 2024, según cifras que atribuyó a la SISALRIL.

Días después, el presidente Luis Abinader rechazó que existiera un déficit o una crisis financiera y sostuvo que la institución necesitaba un aporte adicional del Estado para cubrir sus compromisos.

La denuncia opositora fue así respondida públicamente desde el Poder Ejecutivo, que defendió la estabilidad del seguro estatal.  La vicepresidente  Raquel Peña respaldó la posición del presidente Abinader y aseguró que «no hay crisis en SeNaSa». S

in embargo, en septiembre estalló públicamente el escándalo de las presuntas irregularidades y corrupción en la institución, con investigaciones oficiales y un expediente remitido al Ministerio Público.

El caso, que posteriormente incluyó acusaciones de un presunto desfalco superior a RD$15 mil millones, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción denunciados en el país.

La secuencia de los acontecimientos volvió a colocar bajo escrutinio las advertencias que la oposición había formulado meses antes.]

 

«¿Quién ha certificado que los destinatarios de esos hogares son pobres? ¿Dónde están las evaluaciones socioeconómicas del SIUBEN?», preguntó, reclamando explicaciones sobre los criterios utilizados para distribuir esos recursos.

Alburquerque, quien coordinó el Gabinete de Política Social entre 2004 y 2012, aclaró que la FP no se opone a los subsidios destinados a las familias vulnerables, sino a lo que calificó como «el uso y abuso de los recursos públicos con fines clientelares y electorales».

En sus declaraciones, acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a su Gobierno de haber engañado a la población. «Estamos en presencia de un partido que llegó al gobierno sin un verdadero plan de gobierno, pero con un ambicioso plan de negocios», afirmó. También advirtió: «La pobreza no se combate abultando discrecionalmente los padrones. La bonocracia no puede sustituir la política de protección social».

El dirigente concluyó que los subsidios pertenecen a las familias que cumplen los requisitos de elegibilidad, no a los funcionarios ni a los dirigentes políticos. «Las necesidades de la población no pueden convertirse en oportunidades para obtener beneficios particulares. El país está siendo engañado», expresó.

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