Josefina Reynoso cuestiona las prioridades del Ministerio mientras la población reclama protección frente a la delincuencia y los destacamentos necesitan recursos para operar.

SANTO DOMINGO, R.D.

Mientras la población reclama mayor seguridad frente a los atracos, robos y hechos violentos, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) ha tramitado solicitudes de contratación de publicidad institucional por RD$104,948,600, según denunció Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo (FP).

Reynoso explicó que examinó 19 solicitudes de contratación correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, destinadas a servicios publicitarios.

«Mientras la ciudadanía reclama seguridad, el Gobierno destina millones a promover su imagen. La delincuencia no se combate con publicidad ni la tranquilidad se recupera con propaganda», expresó.

La dirigente también señaló que el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de 2026, publicado en el portal del Ministerio, contempla RD$27,549,300 para publicidad mediante procedimientos de excepción. Consideró necesario explicar la diferencia entre esa partida y el monto total de las solicitudes examinadas.

Reynoso cuestionó el uso de procedimientos de excepción y pidió aclarar cuáles fueron los criterios empleados para seleccionar los medios de comunicación y contratar los servicios publicitarios.

«Lo preocupante no es solamente la cantidad de dinero, sino que se recurra a la modalidad de excepción, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia, la selección de los medios y la rendición de cuentas. ¿Se está utilizando esta modalidad para evitar los controles ordinarios de contratación? El Gobierno debe responder», manifestó.

En ese sentido, exigió que se publiquen los contratos, los medios beneficiados, los criterios de selección, las adjudicaciones y los pagos realizados.

La representante de la Fuerza del Pueblo también cuestionó que se destinen recursos millonarios a publicidad mientras numerosos destacamentos policiales requieren reparaciones, los agentes necesitan equipos y las comunidades reclaman mayor presencia y protección.

«¿Cuántos destacamentos pudieron repararse con ese dinero? ¿Cuántos equipos pudieron adquirirse? ¿Cuántas comunidades pudieron beneficiarse de programas de prevención?», preguntó.

Advirtió que la seguridad ciudadana no puede reducirse a una estrategia de comunicación institucional.

«Un anuncio publicitario no impide un atraco, no esclarece un homicidio ni devuelve la tranquilidad a una familia», sostuvo.

Finalmente, Reynoso planteó que los recursos públicos deben orientarse prioritariamente a fortalecer la prevención del delito, la investigación criminal y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

«El Gobierno debe rendir cuentas. La seguridad no se compra con publicidad ni se garantiza con propaganda. La seguridad no se explica, se garantiza», concluyó.