Ministro reitera ejecutivos de Lajún deben de estar presos

SANTO DOMNGO, R.D.-  El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, reiteró esta tarde que los ejecutivos de la empresa Lajún Corporación deberían estar presos por la violación de los artículos 174, 175, 176, de la Ley 64-00, sobre medio ambiente.

Recordó que el 3 de agosto fue depositada en la Fiscalía de la provincia del Santo Domingo una querella contra los gerentes de la empresa y espera que “más temprano que tarde” el sistema de justicia accione e instruya el expediente a los fines de proceder contra Adrián Chistopher Lee-Chin y la empresa Lajún Corporation S.R.L., como responsable civil.

“La administración actual de la empresa Lajún Corporation, S.R.L., maneja de manera inapropiada y violenta las disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente. Actualmente se producen grandes daños y se pone en riesgo la salud de los habitantes del Gran Santo Domingo. De no asumirse una posición firme por parte del sistema judicial, se pondría en riesgo la salud de la gente en el Gran Santo Domingo, y eso no puede permitirse”, advirtió.

Indicó que ya el Ayuntamiento Santo Domingo Norte notificó la anulación del contrato con dicha empresa y el 15 de agosto, el Ministerio de Medio Ambiente y ese cabildo solicitaron al juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la provincia Santo Domingo, como medida cautelar, la autorización a los fines de designar un administrador judicial en el vertedero.

“Urge también nombrar un administrador judicial que se ocupe de las operaciones en el vertedero de Duquesa y puede buscar junto a las autoridades una solución definitiva. Estamos a la espera de la orden del juez”, dijo.

Domínguez Brito entiende que “si bien es cierto que se necesita un precio justo, no menos cierto es que con la salud de la gente no se negocia”.

Reveló que actualmente dicha empresa cobra aproximadamente 15 millones de pesos mensuales por diferentes vías, sin ningún tipo de inversión para el manejo de los residuos sólidos, lo que ha obligado a los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte al alquiler de equipos para paliar la situación.