SISALRIL: el costo de crecer administrativamente y la responsabilidad de supervisar
Primera entrega | Investigación especial
Por Margarita de la Rosa
El Sistema Dominicano de Seguridad Social atraviesa uno de sus momentos de mayor cuestionamiento público. Las denuncias, las dificultades de acceso a los servicios médicos, los conflictos por las coberturas y las irregularidades investigadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) obligan a dirigir la mirada hacia una institución cuya responsabilidad fundamental es precisamente vigilar el funcionamiento del aseguramiento en salud: la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
En nuestra primera entrega examinamos el crecimiento de la estructura administrativa de esta institución durante el período 2019-2026. Ahora corresponde analizar una cuestión de mayor trascendencia: ¿en qué medida ese fortalecimiento institucional se ha traducido en una supervisión más efectiva y en una protección real de los derechos de los afiliados?
La pregunta no es secundaria. Han transcurrido más de veinte años desde la promulgación de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social bajo principios de universalidad, solidaridad, equidad y eficiencia. Sin embargo, persisten situaciones que ponen en entredicho la capacidad del sistema para responder oportunamente a las necesidades de la población.
Una institución que debe vigilar
La SISALRIL no fue concebida únicamente como una estructura administrativa. La Ley 87-01 le atribuye responsabilidades de regulación, supervisión y fiscalización, así como la protección de los intereses de los afiliados.
Entre sus funciones se encuentra vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Riesgos de Salud, incluido SeNaSa, y supervisar aspectos del cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las entidades del sistema.
Se trata, por tanto, de una institución cuyo desempeño debe evaluarse no solamente por su organización interna, sus programas o sus informes de gestión, sino también por los resultados concretos de su labor fiscalizadora.
Y aquí surge una interrogante inevitable: ¿qué tan eficaces han sido los mecanismos de vigilancia frente a las irregularidades y deficiencias que afectan al sistema?
SeNaSa y las preguntas pendientes
Las investigaciones y denuncias relacionadas con SeNaSa han colocado nuevamente bajo escrutinio público el funcionamiento de los organismos responsables del control y la supervisión.
Conviene establecer una distinción fundamental: SeNaSa administra riesgos de salud, mientras que la SISALRIL tiene atribuciones legales de supervisión sobre las administradoras. Sus responsabilidades son diferentes, pero forman parte de un mismo entramado institucional.
Por eso, sin anticipar responsabilidades administrativas o penales que corresponde determinar a las autoridades competentes, resulta legítimo preguntar qué controles fueron aplicados, qué situaciones fueron detectadas y cuáles medidas correctivas se adoptaron oportunamente.
¿Existieron informes de supervisión que advirtieran riesgos financieros u operativos? ¿Se identificaron deficiencias que requerían intervención? ¿Qué seguimiento recibieron las observaciones formuladas a las administradoras?
Estas preguntas necesitan respuestas documentadas.
La transparencia no puede limitarse a anunciar investigaciones después de que los problemas adquieren dimensión pública. También debe permitir conocer cómo funcionaron los mecanismos preventivos y qué resultados produjeron.
Más estructura, mayores exigencias
La Resolución Administrativa Interna núm. 005-2025 modificó la estructura organizativa de la SISALRIL. En su organigrama figuran dependencias vinculadas con la supervisión financiera, la vigilancia de las administradoras, el monitoreo de riesgos y la atención de peticiones, quejas y reclamos.
La existencia de estas unidades demuestra que la institución dispone, al menos formalmente, de áreas especializadas para cumplir funciones esenciales.
Pero una estructura organizativa, por amplia que sea, no constituye por sí sola garantía de eficiencia.
Lo determinante es conocer cuántas supervisiones se realizan, qué irregularidades se identifican, cuáles sanciones se aplican cuando corresponden y qué mejoras experimentan los afiliados como resultado de esas actuaciones.
El crecimiento institucional debe guardar correspondencia con resultados verificables.
De lo contrario, se corre el riesgo de fortalecer la maquinaria administrativa sin que ese esfuerzo se refleje proporcionalmente en la calidad de la protección ofrecida a la ciudadanía.
El afiliado continúa esperando
Mientras se discuten presupuestos, estructuras, coberturas y sostenibilidad financiera, miles de afiliados dependen de autorizaciones, respuestas administrativas y decisiones que pueden determinar la continuidad de sus tratamientos médicos.
Para una persona que necesita un medicamento de uso permanente, una cirugía o un procedimiento especializado, la efectividad del sistema no se mide por la cantidad de departamentos existentes, sino por la oportunidad con que recibe la atención requerida.
La protección del afiliado no puede quedar reducida a una declaración institucional.
Es precisamente en estas situaciones donde debe sentirse la capacidad reguladora y supervisora del Estado.
Una respuesta tardía puede representar mucho más que un inconveniente burocrático. En determinados casos, puede comprometer la continuidad de un tratamiento y agravar la vulnerabilidad del paciente.
La supervisión también debe rendir cuentas
La SISALRIL tiene la oportunidad y la responsabilidad de explicar públicamente los resultados de su labor de vigilancia durante los últimos años.
No basta con conocer cuánto ha crecido la institución. Es necesario establecer qué beneficios concretos ha producido ese crecimiento.
¿Cuántas auditorías e inspecciones se practicaron entre 2019 y 2026? ¿Cuántas irregularidades fueron detectadas? ¿Qué medidas correctivas se exigieron? ¿Cuántas reclamaciones de afiliados fueron resueltas y en qué tiempo?
También resulta pertinente conocer cómo evolucionaron los recursos destinados a las áreas técnicas de supervisión frente a los asignados a las dependencias administrativas.
Estas informaciones permitirían evaluar con mayor objetividad la relación entre el crecimiento institucional y el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
Después de más de dos décadas de funcionamiento, el Sistema Dominicano de Seguridad Social necesita algo más que reformas anunciadas, nuevas estructuras y explicaciones circunstanciales.
Necesita instituciones capaces de prevenir, detectar y corregir las deficiencias antes de que sus consecuencias recaigan sobre quienes deberían estar protegidos.
Porque el verdadero fortalecimiento de una institución no se demuestra por la cantidad de oficinas que incorpora, sino por la eficacia con que cumple la misión para la cual fue creada.
Y en el caso de la SISALRIL, esa misión tiene un destinatario principal que nunca debería perderse de vista: el afiliado.
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SISALRIL: siete años de crecimiento administrativo bajo la lupa
