SANTO DOMINGO, R.D.

La Fundación Derechos Humanos Global, que preside la líder comunitaria y social, Rebeca Henríquez, solicitó al Congreso Nacional aprobar una ley que prohíba de manera definitiva el cobro por concepto de reinscripción en los centros educativos privados del país.

La entidad sostuvo que los estudiantes que ya se encuentran matriculados en un centro educativo no deberían estar obligados a pagar nuevamente para conservar su cupo, debido a que la reinscripción no representa un servicio nuevo o adicional, sino la continuidad de un derecho previamente adquirido.

La Fundación señaló que las familias ya deben asumir gastos correspondientes a mensualidades, materiales educativos y uniformes, por lo que el cobro adicional de reinscripción representa una carga económica que encarece el acceso a la educación y afecta especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos.

Reclaman una decisión del Congreso

La organización recordó que desde 2021 se han presentado diversas iniciativas legislativas encaminadas a eliminar este tipo de cobros, pero ninguna ha concluido con la aprobación de una ley que regule definitivamente la práctica.

A juicio de la entidad, mantener este cargo contribuye a profundizar la desigualdad y puede generar inestabilidad educativa, debido a que algunas familias, ante el aumento de los costos, se ven obligadas a cambiar a sus hijos de centro educativo o incluso a interrumpir sus estudios.

La Fundación Derechos Humanos Global también cuestionó que, en numerosos casos, los centros educativos no expliquen de manera detallada qué servicios adicionales justifican el pago de la reinscripción, lo que, según afirmó, convierte el cargo en una cuota extraordinaria sin suficiente justificación.

Piden eliminar también la reserva de cupo

La organización pidió al Congreso Nacional que la eventual legislación no se limite al concepto de reinscripción, sino que prohíba igualmente el cobro por reserva de cupo o cualquier otra cuota extraordinaria exigida al inicio del año escolar en los centros educativos privados.

La Fundación Derechos Humanos Global consideró que el sistema educativo debe garantizar condiciones que permitan a las familias mantener la continuidad escolar de sus hijos sin enfrentar cargos adicionales que, a su juicio, no estén vinculados a la prestación de un servicio nuevo.

La entidad resumió su posición bajo el planteamiento de que la educación es un derecho y no debe convertirse en una carga económica adicional para las familias mediante cobros cuya justificación no esté claramente establecida.