Las EDE juegan al prende y apaga, el Gobierno sigue aumentando los precios y en Bayaguana los campesinos pagan las consecuencias de la diversión ajena. Mientras tanto, en Haití, Bukele se roba el protagonismo y las autoridades siguen bajo presión.

Buenos días…

El país no solamente está viviendo una temporada de apagones y tarifas eléctricas por las nubes. ¡Ahora también estamos en tiempo de prendiones! Las interrupciones del servicio se han convertido en parte del menú diario.

Las distribuidoras eléctricas están convirtiendo el sistema en un arbolito de Navidad, luces que prenden y apagan, se van y regresan… y vuelven a desaparecer. ¡Qué abuso! El usuario paga una factura cada vez más alta, pero recibe un servicio que parece estar jugando a las escondidas.

Y por si fuera poco, llegó el aumento del marbete, que cayó sobre los propietarios de vehículos como un tanque de agua congelada. ¡Otro palo acechao! Parece que la especialidad de este Gobierno es aumentar. Sube el marbete, sube la comida, sube el agua, sube la electricidad… Lo único que no despega son los salarios de los empleados públicos y pensionados.

Cuando el PRM y Luis Abinader llegaron al poder, en agosto de 2020, media libra de café costaba 60 pesos. Hoy cuesta 219. Un botellón de agua que se compraba por 50 pesos, ahora cuesta entre 120 y 125.

¡Aquí todo sube y nada baja! Y después preguntan por qué la gente se queja. Pero, tranquilos… ese es el cambio.

La comunidad internacional lleva más de tres décadas involucrada en la crisis haitiana, entre misiones, operaciones y promesas de estabilización, y el país continúa atrapado en la violencia, la inseguridad y el control territorial de las bandas armadas.

Ahora, sectores haitianos cuestionan la actuación de los organismos internacionales y reclaman que no se obstaculicen las iniciativas de El Salvador para enfrentar a las organizaciones criminales.

Y aquí entra Nayib Bukele, cuyo modelo de seguridad ha despertado respaldo y controversia dentro y fuera de su país. Sus partidarios, fuera y dentro de su país, lo presentan como una referencia en la lucha contra las pandillas, mientras sus críticos cuestionan los métodos y sus consecuencias para los derechos humanos.

En Haití, sin embargo, hay quienes consideran que las autoridades y los organismos internacionales deben dejar de lado el protagonismo y concentrarse en producir resultados.

Al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé hay que recordarle que el país no necesita más discursos ni fotografías oficiales, necesita seguridad, control territorial y resultados concretos. Que se deje de tanta ceremonia y explique qué está haciendo para devolverle la tranquilidad a la población.

Desde que las fuerzas salvadoreñas participan en las operaciones de seguridad, sus actuaciones han generado expectativas y reacciones entre quienes esperan que las bandas pierdan terreno. Pero una cosa es el entusiasmo y otra presentar como derrotadas a organizaciones que todavía representan una amenaza.

Por cierto, favorecemos que se enfrente con firmeza el desorden en la frontera haitiana y que se desmantelen las redes criminales que operan en esa zona. Y que las mafias que se benefician del caos, que las investiguen, las identifiquen y las lleven ante la justicia. ¡Que se acabe el negocio de quienes hacen fortuna con la inseguridad!

Y ahora vamos para Bayaguana, donde habitantes de distintas comunidades están que echan chispas con el presidente Luis Abinader y sus funcionarios.

¿La razón? Los buggies. Mientras grupos de aficionados buscan lodo, charcos y caminos difíciles para disfrutar sus aventuras de viernes, sábado y domingo, los campesinos tienen que soportar las consecuencias de esa diversión.

Para unos es adrenalina, y para otros, un dolor de cabeza. Los agricultores necesitan esos mismos caminos para llegar a sus conucos, transportar sus productos y desarrollar sus actividades. Pero, según denuncian, las competencias y recorridos de buggies están dejando carreteras y caminos convertidos en lodazales y en condiciones deplorables.

¡Qué bonito negocio! Unos disfrutan del fango y otros tienen que sacar sus cosechas del desastre.

Los comunitarios aseguran que han reclamado, pero no encuentran quién los escuche. Dicen que las autoridades ni ven, ni oyen ni entienden, mientras el problema continúa creciendo y también aumenta la preocupación por la seguridad en el municipio.

Por eso, hacen un llamado directo al presidente Abinader para que agarre el chivo por los cuernos y ponga orden. No se trata de prohibir la diversión, sino de impedir que el entretenimiento de unos se convierta en el sufrimiento de otros.

¡El campo no puede pagar los platos rotos de quienes convierten los caminos rurales en pistas de competencia!

Al final, la pregunta es sencilla: ¿quién gobierna para resolver los problemas de la gente? Porque entre apagones, aumentos y caminos destruidos, al ciudadano le están dejando una sola tarea: aguantar y pagar.

¡Y el horno no está para galletitas!