¡Mafia binacional!¿Quiénes cobran, quiénes dejan pasar y quiénes protegen el negocio?
LA FRONTERA BAJO SOSPECHA
Las denuncias sobre tráfico de visas, cobros clandestinos, pasos irregulares, contrabando y posibles complicidades institucionales colocan bajo escrutinio a intermediarios dominicanos y haitianos. La investigación apunta a determinar cómo se organizan las redes, quiénes reciben los beneficios y qué controles podrían estar siendo vulnerados.
SEGUNDA ENTREGA
Por la Redacción
ELÍAS PIÑA, R.D.
Los negocios ilegales de la frontera dominico-haitiana plantean una pregunta que va más allá de los decomisos y los apresamientos: ¿cómo consiguen operar determinadas redes en una zona sometida a vigilancia militar, controles migratorios y supervisión aduanera?
El traslado de personas indocumentadas, el tráfico de armas, la circulación de mercancías sin cumplir los procedimientos legales y el movimiento de vehículos robados no se producen espontáneamente. Son actividades que necesitan organización, contactos, recursos económicos y personas encargadas de conectar los diferentes eslabones.
En las denuncias sobre la frontera aparecen ciudadanos dominicanos y haitianos, transportistas, intermediarios, comerciantes y personas señaladas por facilitar operaciones clandestinas.
La existencia de casos judicializados demuestra que hay participantes de distintas nacionalidades procesados por delitos migratorios y otras actividades ilícitas. Lo que todavía debe establecerse es si detrás de esos episodios existen estructuras permanentes que comparten rutas, financiamiento y mecanismos de protección.
El negocio de las visas: ¿quién vende el acceso?
Uno de los capítulos más delicados de las denuncias fronterizas es el relacionado con la emisión y comercialización irregular de visas dominicanas.
Durante años se han formulado acusaciones sobre funcionarios consulares que supuestamente habrían utilizado sus posiciones para favorecer ingresos irregulares, gestionar documentos a cambio de dinero o permitir operaciones al margen de los procedimientos establecidos.
También se han denunciado intermediarios que ofrecen supuestos contactos en consulados y oficinas públicas para facilitar documentos migratorios.
La investigación debe establecer qué expedientes fueron abiertos, cuáles funcionarios fueron investigados, qué sanciones se aplicaron y si existen redes que continúan operando mediante terceros.
En este punto resulta indispensable revisar los registros de emisión de visas, las auditorías consulares, los nombramientos, las nóminas y los movimientos administrativos de las oficinas dominicanas en Haití.
No basta con señalar que determinados funcionarios terminaron enriquecidos o que existen rumores sobre fortunas acumuladas durante sus gestiones. Hay que documentar patrimonio, empresas, propiedades y posibles incompatibilidades mediante registros verificables.
La pregunta es quién supervisa a quienes tienen la responsabilidad de representar al Estado dominicano en territorio haitiano.
Cinco cónsules, 20 vicecónsules y una denuncia que debe investigarse
Las denuncias sobre el uso de posiciones consulares para desarrollar negocios privados merecen una investigación patrimonial y administrativa.
También deben examinarse las funciones reales de los funcionarios consulares, sus lugares de trabajo, la cantidad de personal asignado y los procedimientos mediante los cuales se reciben y tramitan las solicitudes de visas.
Si existen denuncias de funcionarios que operan fuera de las oficinas diplomáticas, utilizando intermediarios o vehículos particulares para gestionar documentos, corresponde identificar los casos, obtener testimonios y confrontarlos con los registros oficiales.
No se puede convertir una acusación general en una condena colectiva. Pero tampoco se puede cerrar una investigación simplemente porque los señalados ocupan posiciones públicas.
Los pasos clandestinos y el negocio de cobrar
La frontera tiene una extensa geografía y comunidades cuyos habitantes mantienen vínculos familiares, comerciales y laborales a ambos lados de la línea divisoria.
Esa realidad exige controles inteligentes, pero también abre oportunidades para quienes pretenden aprovechar los caminos secundarios y los pasos no autorizados.
Las denuncias sobre cobros para facilitar el traslado de personas indocumentadas deben investigarse con especial atención.
Los organismos de seguridad deben identificar a quienes organizan los recorridos, los conductores, los propietarios de los vehículos, los intermediarios y los receptores del dinero.
La Dirección General de Migración informó que, durante los primeros ocho meses de 2026, fueron sometidas a la justicia 270 personas por diferentes delitos migratorios, incluyendo 85 expedientes por tráfico ilícito de migrantes.
El dato revela que las operaciones no dependen exclusivamente de extranjeros que buscan cruzar. También involucran a dominicanos procesados por su presunta participación.
¿Se están investigando los patrimonios de los organizadores? ¿Se identifican las cuentas utilizadas para cobrar? ¿Se persiguen las estructuras financieras que sostienen los traslados?
¿Quién vigila a los vigilantes?
La posible participación de funcionarios en operaciones de tráfico representa uno de los aspectos más sensibles de la investigación.
El informe de Naciones Unidas sobre Haití documenta redes transnacionales de armas y municiones, así como vulnerabilidades institucionales y desvíos de material bélico.
El Ministerio de Defensa dominicano, al responder a las informaciones relacionadas con ese informe, reconoció que un segundo teniente del Ejército fue detenido junto a un ciudadano haitiano cuando transportaban 1,516 cartuchos de diferentes calibres.
El oficial fue sometido a la justicia y permanecía bajo medida de coerción, según la información oficial.
Este caso demuestra por qué los controles internos deben funcionar y por qué las investigaciones no pueden detenerse cuando aparece un integrante de una institución armada.
También obliga a revisar los mecanismos de supervisión del personal militar, los controles de inventario de municiones y los procedimientos de investigación patrimonial.
La misma exigencia debe extenderse a los organismos de Migración, Aduanas y Policía.
No se trata de acusar a las instituciones completas ni de desconocer las operaciones legítimas que realizan sus integrantes. Se trata de establecer si existen personas que utilizan sus funciones para facilitar negocios ilícitos.
El contrabando necesita dos lados
El comercio fronterizo constituye una fuente de ingresos para miles de dominicanos y haitianos.
Sin embargo, cuando mercancías declaradas para un destino terminan en otro, cuando se evaden impuestos o cuando se utilizan documentos falsos, la actividad deja de ser un intercambio comercial regular.
En agosto de 2026, exportadores denunciaron que cargas destinadas a Haití terminaban vendiéndose en República Dominicana, mientras otros comerciantes enfrentaban obstáculos para completar sus operaciones.
Aduanas respondió anunciando nuevas medidas de trazabilidad, horarios de salida y supervisión reforzada.
La investigación debe determinar cómo se verifica la llegada de las mercancías al destino declarado, quién certifica su salida y qué consecuencias enfrentan quienes incumplen los procedimientos.
También es necesario conocer cuáles son los controles que aplican las autoridades haitianas a las mercancías procedentes de República Dominicana.
¿Quién recibe los cargamentos en Haití? ¿Qué documentos exige la administración aduanera haitiana? ¿Cómo se comprueba el pago de los impuestos correspondientes? ¿Qué mecanismos existen para impedir el contrabando en sentido contrario?
La responsabilidad no puede analizarse solamente desde el lado dominicano cuando se trata de operaciones que requieren receptores y compradores en ambos territorios.
Delincuentes que cruzan y responsabilidades que se pierden
Otro capítulo que necesita documentación es el de las personas que, después de cometer delitos en República Dominicana, supuestamente utilizan la frontera para escapar hacia Haití.
Las denuncias sobre homicidios, asesinatos, robos y otros delitos cometidos por individuos que luego desaparecen del territorio dominicano deben ser confrontadas con expedientes judiciales, órdenes de arresto y registros de cooperación policial.
Es necesario determinar cuántos prófugos han sido localizados en Haití, cuántos han sido entregados a las autoridades dominicanas y cuáles casos continúan sin respuesta.
También corresponde examinar la cooperación entre las policías de ambos países, los mecanismos de intercambio de información y los procedimientos de extradición o entrega de personas reclamadas por la justicia.
No basta con que un sospechoso cruce una línea geográfica para que desaparezca la responsabilidad penal.
Una red que no se desmantela con operativos aislados
Si las denuncias sobre una mafia binacional encuentran respaldo en las investigaciones, el problema debe enfrentarse como una estructura criminal y no como una suma de episodios independientes.
Las autoridades necesitan identificar los financistas, los intermediarios, los transportistas, los receptores de mercancías y cualquier funcionario que haya facilitado operaciones ilegales.
También deben investigar el patrimonio de quienes aparecen reiteradamente vinculados a estas actividades y establecer si existe una relación entre el crecimiento económico de determinados operadores y los negocios fronterizos.
La frontera no puede convertirse en una zona donde cada quien cobra por dejar pasar, mientras el ciudadano común soporta las consecuencias de la inseguridad y el Estado pierde recursos.
La pregunta no es solamente quién cruza ilegalmente. La pregunta es quién cobra, quién organiza, quién protege y quién se beneficia de que la frontera siga siendo un negocio.
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