¿Migración también deporta a «negritos» dominicanos?
El caso de Luis Andrea Cánceres Restituyo, un joven de Villa Tapia que, según denuncia la defensora de derechos humanos, Rebeca Henríquez, fue enviado a Haití pese a portar cédula dominicana, abre una pregunta incómoda: ¿se verificó realmente su identidad antes de deportarlo?
Por Augusto Álvarez
La historia vuelve a repetirse, ahora con el nombre de Luis Andrea Cánceres Restituyo, un joven de Villa Tapia que, según denunció Rebeca Henríquez, presidenta de la Fundación Global de los Derechos Humanos, terminó deportado hacia Haití tras ser detenido por agentes de Migración.
Y aquí comienza el problema.
De acuerdo con la denuncia, Cánceres Restituyo, aún portando su cédula de identidad y electoral dominicana, fue deportado hacia una nación, Haití, que ni sus familiares conocen.
Entonces, la pregunta cae por su propio peso: ¿cómo se determinó que era haitiano y quién verificó la autenticidad de su documento antes de enviarlo fuera del país?
Rebeca Henríquez sostiene que el joven fue confundido con un ciudadano haitiano y que su detención se produjo en las proximidades de un punto utilizado para la venta de drogas.
Si esa versión es correcta, ¿bastó el color de su piel, el lugar donde fue encontrado o alguna sospecha para convertirlo en extranjero?
Porque una cosa es perseguir la migración irregular y otra, muy diferente, convertir la apariencia física en documento de identidad.
¿Y la cédula qué?
La Junta Central Electoral expide documentos de identidad. Migración ejecuta procesos de control migratorio.
Entonces, si una persona presenta una cédula dominicana, la pregunta no debería ser complicada: ¿se verificó con la JCE si ese documento era auténtico?
Y hay más.
Según la información ofrecida por Henríquez, familiares del joven aseguran que Cánceres Restituyo padece problemas mentales. También presentó recetas médicas procedentes de un centro de salud de Villa Tapia.
Si existen esos documentos, ¿fueron comprobados?
Si la cédula era auténtica, ¿por qué terminó deportado?
Y si no lo era, ¿dónde está la certificación que demuestra que se trataba de un documento falso?
¿Regresamos al «perejil»?
La República Dominicana tiene una historia demasiado dolorosa con la discriminación racial y las prácticas utilizadas para determinar quién era dominicano y quién no.
Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el conocido episodio del «perejil» quedó como uno de los símbolos más brutales de aquella época: la pronunciación de una palabra podía utilizarse como supuesto mecanismo para distinguir a dominicanos de haitianos.
Hoy tenemos tecnología, bases de datos, biometría, documentos de identidad y organismos especializados.
No estamos en la época del perejil.
Por eso precisamente resulta legítimo preguntar si, en casos como el denunciado en Villa Tapia, se están utilizando realmente las herramientas modernas de verificación de identidad o si, por el contrario, la apariencia física sigue pesando demasiado.
Migración debe responder
Este caso no debería resolverse con gritos, acusaciones ni posiciones políticas.
Debe resolverse con documentos.
¿Luis Andrea Cánceres Restituyo es dominicano?
¿La cédula que portaba es auténtica?
¿Fue consultada la JCE antes de disponer su deportación?
¿Existe un expediente que establezca que era ciudadano haitiano?
¿Se respetó el protocolo migratorio?
¿Se tomó en cuenta su estado de salud mental?
Y, sobre todo, ¿quién tomó la decisión de deportarlo?
Migración tiene todo el derecho de perseguir la inmigración irregular y ejecutar las deportaciones que correspondan conforme a la ley.
Pero precisamente porque tiene ese poder, también tiene la obligación de equivocarse lo menos posible.
Porque si un dominicano puede terminar deportado simplemente porque es negro, vive en un barrio humilde o fue encontrado cerca de un punto de drogas, entonces el problema ya no sería migratorio. Sería un problema de derechos fundamentales.
Y ahí sí hay que preguntar, sin miedo y sin rodeos: ¿Migración también está deportando a los «negritos» de nuestros barrios?
