El CDDH acusa a agentes del DICRIM de matar y ocultar el cadáver de Jonathan Castillo; la denuncia se produce en medio de un creciente cuestionamiento por las muertes registradas durante intervenciones policiales.

SANTO DOMINGO, R.D.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) denunció la muerte de Jonathan Castillo, a quien identifica como colaborador de esa organización, y solicitó una investigación independiente para determinar las circunstancias en que falleció, hecho ocurrido en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

El presidente del CDDH, Virgilio Almánzar, emplazó al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García,  y al director de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) a entregar al Ministerio Público toda la información y a los agentes que pudieran estar involucrados, si las investigaciones confirman la denuncia presentada por la entidad.

De acuerdo con la versión difundida por el CDDH, Castillo se desplazaba hacia su residencia cuando habría sido interceptado por agentes del DICRIM, en el sector Los Pinos, de Los López, Moca.

La organización sostiene que fue despojado de sus pertenencias y posteriormente muerto a tiros.

El CDDH afirma, además, que el cadáver habría sido trasladado y arrojado en una cañada conocida como Popón López, lo que, de confirmarse, agravaría las circunstancias del caso y plantearía interrogantes sobre una posible alteración de la escena y ocultamiento del cuerpo.

Estas acusaciones, sin embargo, deben ser establecidas mediante una investigación del Ministerio Público y las pruebas correspondientes.

La entidad sostiene que Castillo no tenía antecedentes penales y que estaba próximo a ser juramentado formalmente como colaborador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos.

«Hemos perdido a un aliado, un joven valioso», declaró Almánzar, quien reclamó que los responsables sean sometidos a la justicia y que el caso no quede reducido a una versión policial sin una investigación independiente.

Caso aumenta la preocupación ciudadana

La denuncia sobre este caso de Moca se produce cuando las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes policiales han vuelto a ocupar el centro del debate sobre seguridad ciudadana, uso de la fuerza y respeto al debido proceso en República Dominicana.

Un recuento publicado por Diario Libre identificó 98 personas fallecidas entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre de 2026 en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. De esa cantidad, 55 correspondieron a septiembre y 43 a octubre, hasta el día 25. Santo Domingo concentró 33 casos y Santiago 14.

La cifra de septiembre resulta particularmente significativa. Ese mes cerró con 55 muertes en intervenciones policiales, de acuerdo con el recuento periodístico, convirtiéndose en el período mensual con mayor cantidad de casos dentro de esa serie.

En agosto el comportamiento había sido considerablemente menor. El seguimiento de Diario Libre registraba ocho fallecidos durante intervenciones policiales en ese mes, mientras que el acumulado hasta el 21 de agosto alcanzaba 156 casos en 2026.

La situación cambió de manera notable durante septiembre. En apenas ocho días, según el mismo seguimiento periodístico, murieron 14 personas en intervenciones policiales, elevando a 173 el acumulado del año hasta el 19 de septiembre.

Santiago bajo especial escrutinio

Santiago se convirtió en uno de los principales escenarios de esta discusión.

Hasta el 23 de octubre, un recuento de casos reportados por la Policía contabilizaba 14 muertes en presuntos intercambios de disparos en Santiago desde el 14 de septiembre. Posteriormente, con el caso de Christopher Eugenio Acevedo Metz, alias «La Rabia», ocurrido el 27 de octubre, el Ministerio Público confirmó que investigaba varios de estos episodios y situó el número en 15 fallecidos entre el 14 de septiembre y el 27 de octubre.

Sin embargo, de acuerdo con una fuente policial de alto nivel y con amplio conocimiento de las operaciones en Santiago, durante octubre se habrían registrado alrededor de 25 muertes vinculadas a intervenciones policiales en esa provincia.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, confirmó que el Ministerio Público investiga al menos ocho casos relacionados con personas fallecidas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.

Explicó que se realizan levantamientos y se escuchan testimonios para establecer, caso por caso, las circunstancias de las muertes.

Ese dato es relevante porque introduce un elemento que no debe perderse de vista, y es que una muerte reportada inicialmente por la Policía como resultado de un intercambio de disparos no equivale automáticamente a una conclusión judicial sobre lo ocurrido.

Derechos humanos reclaman investigaciones

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado precisamente esa situación.

En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizaba 225 personas muertas a manos de policías hasta julio de 2026, frente a 205 durante todo 2025. 

En octubre, Almánzar volvió a denunciar el aumento de estas muertes y reclamó investigaciones transparentes.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos ha insistido en que combatir la delincuencia no significa eliminar el debido proceso ni convertir la muerte del sospechoso en sustituto de la acción de la justicia.