Las auditorías hablan, los escándalos pasan… ¿y quién responde?
Por Margarita de la Rosa
En la República Dominicana, los escándalos administrativos parecen tener una vida demasiado corta. Nacen entre titulares, provocan indignación, ocupan durante unos días los espacios informativos y luego desaparecen de la conversación nacional. El tiempo pasa, los funcionarios cambian de posición, las noticias envejecen y las preguntas quedan flotando en el aire.
Pero hay algo que no debería desaparecer con los titulares: la obligación de rendir cuentas.
La reciente publicación de una auditoría de la Contraloría General de la República al Ministerio de la Mujer, correspondiente a operaciones realizadas durante la gestión de Mayra Jiménez, vuelve a colocar sobre el tapete una preocupación que trasciende cualquier institución o administración gubernamental.
El informe revela que entre 2021 y 2024 quedaron sin ejecutar más de 598 millones de pesos del presupuesto institucional. También identifica observaciones relacionadas con compras fraccionadas, diferencias en registros de vehículos, inventarios y otras debilidades administrativas.
Conviene hacer una precisión indispensable: los recursos presupuestarios no ejecutados no equivalen a dinero desaparecido ni constituyen, por sí mismos, prueba de corrupción. Sin embargo, cuando una institución encargada de atender necesidades sociales presenta semejante nivel de subejecución, corresponde explicar las razones, las consecuencias y las medidas correctivas adoptadas.
Porque detrás de cada partida presupuestaria existe una finalidad pública. Y cuando esa finalidad no se cumple, la ciudadanía tiene derecho a preguntar por qué.
El Plan Social: otro capítulo que merece respuestas
Algo semejante ocurrió en el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, durante la gestión de Yadira Henríquez. Una auditoría de la Contraloría correspondiente a 2023 y 2024 identificó más de 1,556 millones de pesos presupuestados y no ejecutados, además de deficiencias en los controles de compras, almacenes, bienes y registros administrativos.
A ello se sumaron cuestionamientos periodísticos sobre determinados procesos de contratación. Posteriormente, Henríquez salió de la dirección en el contexto de una reorganización institucional que fusionó el Plan Social con los Comedores Económicos.
Pero cambiar a un funcionario o transformar una institución no debe significar el cierre automático de las preguntas sobre su gestión. ¿Cuáles observaciones fueron corregidas? ¿Cuáles fueron investigadas? ¿Qué resultados produjeron las actuaciones de los organismos fiscalizadores?
No se trata de atribuir delitos sin pruebas, sino de reclamar respuestas documentadas sobre asuntos que involucraron recursos públicos.
¿Dónde están los organismos llamados a prevenir?
Y aquí llegamos al corazón del problema.
La República Dominicana cuenta con una estructura institucional concebida precisamente para prevenir, detectar, investigar y corregir irregularidades en la administración pública.
Tenemos una Contraloría General de la República, responsable del control interno; una Cámara de Cuentas, encargada de la fiscalización externa; una Dirección General de Contrataciones Públicas, con atribuciones de vigilancia sobre los procedimientos de compras; y un Ministerio Público al que corresponde investigar y perseguir los hechos que puedan constituir delitos.
Pero existe otra institución que merece especial atención: la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), encabezada por Milagros Ortiz Bosch.
Su función no se limita a promover discursos sobre transparencia, organizar jornadas de sensibilización o recordar a los servidores públicos la importancia de comportarse correctamente.
El Decreto 486-12 le atribuye responsabilidades concretas en materia de prevención, recepción e investigación de denuncias, seguimiento de posibles irregularidades administrativas y canalización de los casos que correspondan a otras instancias.
Incluso contempla actuaciones ante hechos conocidos por rumor público, dentro de su ámbito de competencia.
Entonces, cabe preguntar: ¿cuántos de los escándalos que han estremecido a la opinión pública fueron objeto de investigaciones administrativas por parte de esa dirección? ¿Qué recomendaciones produjo? ¿Cuántos expedientes fueron remitidos a los organismos competentes y qué seguimiento recibieron?
Reconocer que una institución realiza investigaciones no significa renunciar a exigir que explique sus resultados.
Y esta exigencia no debe recaer exclusivamente sobre la DIGEIG. Cada organismo de control tiene atribuciones específicas y debe responder por el cumplimiento de las suyas.
La corrupción no comienza cuando estalla el escándalo
Hay una reflexión que considero fundamental.
Cuando una irregularidad llega a los titulares, muchas veces ya ha recorrido un largo camino dentro de la administración pública. Antes pudieron existir documentos, autorizaciones, pagos, advertencias, supervisiones o controles que no funcionaron como debían.
Por eso resulta insuficiente concentrar toda la atención en el funcionario señalado cuando también corresponde examinar los mecanismos institucionales que debieron detectar oportunamente las anomalías.
¿Fallaron los controles? ¿Se ignoraron advertencias? ¿Se corrigieron las deficiencias? ¿O simplemente se esperó a que el escándalo perdiera actualidad?
No todas las irregularidades administrativas constituyen corrupción, ni todas las observaciones de una auditoría justifican una persecución penal. Pero todas las observaciones relevantes merecen evaluación, corrección y seguimiento.
El país necesita saber no solamente cuánto dinero fue presupuestado o gastado, sino también si los recursos cumplieron su finalidad y si las instituciones responsables hicieron su trabajo.
La República Dominicana no necesita solamente instituciones que descubran irregularidades. Necesita instituciones capaces de prevenirlas, corregirlas y responder públicamente por sus actuaciones.
