Por Tomás Aquino G.

Estamos de acuerdo con las deportaciones de inmigrantes indocumentados en cualquier país del mundo. Cada Estado tiene derecho a establecer sus normas migratorias, proteger sus fronteras y exigir que quienes permanezcan en su territorio cumplan las leyes.

Ahora bien, una cosa es aplicar las leyes migratorias y otra muy distinta es convertir las deportaciones en castigos que destruyan familias, separen padres de hijos y condenen a personas a terminar en territorios donde no tienen raíces, protección ni vínculos.

¡Con la deportación podemos estar de acuerdo. Con la destrucción de una familia, jamás!

No respaldaremos que un padre sea enviado a un país y sus hijos permanezcan en otro, ni que una madre sea arrancada de sus pequeños porque su situación migratoria no esté regularizada. La condición de indocumentado no le quita a nadie su condición de ser humano, ni convierte a sus hijos en responsables de las decisiones migratorias de sus padres.

Las autoridades deben procurar que los procedimientos migratorios tomen en cuenta la unidad familiar, el interés superior de los niños y las circunstancias particulares de cada caso. La aplicación de la ley no puede convertirse en una fábrica de orfandad emocional.

Tampoco apoyaremos que un venezolano indocumentado sea deportado a otro país que no sea el suyo, sin vínculos con ese territorio y sin garantías de seguridad. Lo mismo aplica para cualquier ciudadano de otra nacionalidad.

Ser enviado a un país desconocido, donde no se habla el mismo idioma, no se tienen familiares, amigos ni medios para sobrevivir, puede convertirse en una experiencia mucho más angustiante que enfrentar un proceso migratorio en el país donde la persona ha residido.

Y cuidado. No estamos defendiendo que nadie viole las leyes migratorias. Estamos defendiendo que las autoridades no utilicen la vulnerabilidad de una persona para trasladarla a cualquier destino, como si se tratara de un paquete que puede entregarse donde haya espacio.

Cada país debe recibir a sus propios ciudadanos.

Por esa razón, consideramos que República Dominicana, El Salvador o cualquier otra nación no deberían convertirse en receptores de deportados de terceros países que no sean sus propios nacionales, salvo que exista un mecanismo legal, voluntario, transparente y con garantías suficientes para las personas involucradas.

No se puede pretender que un venezolano expulsado de Estados Unidos termine en República Dominicana, El Salvador o en una nación africana con la que no tiene relación alguna, simplemente porque otro Gobierno decidió que ese territorio podía recibirlo.

¿Desde cuándo la soberanía de un país puede utilizarse para disponer del destino de ciudadanos de otra nación sin tomar en cuenta su voluntad, sus derechos y su seguridad?

Cada nacionalidad tiene su destino natural.

A los haitianos que se encuentren ilegalmente en República Dominicana corresponde aplicarles los procedimientos de deportación hacia Haití, respetando las garantías legales y humanitarias.

A los venezolanos indocumentados en Estados Unidos les correspondería, en principio, regresar a Venezuela, siempre que no existan razones legales que impidan hacerlo.

Pero aquí aparece una cuestión fundamental: ¿qué ocurre cuando un venezolano no puede regresar a su país porque su vida, su libertad o su integridad física estarían en peligro?

¿Lo enviamos entonces a cualquier nación que acepte recibirlo? ¡No!

Ahí debe entrar la solidaridad internacional. Si una persona no puede regresar de manera segura a su país, corresponde evaluar su situación y activar los mecanismos de protección internacional que procedan. Si reúne las condiciones para recibir protección, debe buscarse una solución legal y segura, incluso mediante la cooperación de un país hermano dispuesto a acogerla.

Ese país no tiene que convertirse en su prisión ni en un territorio de destierro. Debe ofrecerle protección mientras persistan las circunstancias que impidan su regreso, conforme a las normas internacionales y a los procedimientos aplicables.

Lo mismo debe considerarse para ciudadanos de cualquier nacionalidad que enfrenten riesgos reales al ser devueltos a sus países de origen.

La deportación no puede ser una condena al desarraigo.

Hay que distinguir entre quien entra o permanece ilegalmente en un territorio y quien, por razones de persecución, violencia o peligro, no puede regresar a su país. No todos los casos son iguales y no se pueden resolver con una misma receta.

Los gobiernos tienen derecho a controlar sus fronteras, pero también tienen obligaciones frente a los derechos humanos. La seguridad nacional y la dignidad humana no son conceptos enemigos, pueden y deben coexistir.

Y vuelvo al punto que considero innegociable: la familia.

No es justo que, en nombre de una política migratoria, se convierta a los niños en víctimas de decisiones que no tomaron. Tampoco que se obligue a una familia a escoger entre permanecer unida o cumplir una orden de deportación que la desintegre.

Si un gobierno decide deportar, que lo haga conforme a la ley, con procedimientos transparentes y respetando los derechos de las personas. Pero que no utilice la deportación como una herramienta para separar familias ni para enviar seres humanos a destinos arbitrarios.

¡Las fronteras tienen leyes, pero las familias tienen derechos!

Estamos a favor de que cada país haga cumplir sus normas migratorias. Lo que no aceptaremos es que, detrás de una deportación, se esconda el desarraigo, la separación familiar o el envío de seres humanos a territorios donde su seguridad no esté garantizada.

Una cosa es deportar a quien no tiene derecho a permanecer en un país. Otra, muy distinta, es condenarlo a perder su familia, su identidad y hasta la posibilidad de regresar algún día a su tierra.

Mes de la familia en RD

Este artículo lo escribimos en homenaje a la familia, precisamente porque noviembre ha sido declarado Mes de la Familia en la República Dominicana. Pero nuestro reconocimiento va, de manera muy especial, a todas esas familias, dominicanas o extranjeras, que han sufrido la separación como consecuencia de las deportaciones migratorias.

A padres arrancados de sus hijos. A madres obligadas a despedirse de sus pequeños y a hogares destrozados por decisiones que, en ocasiones, ignoran los vínculos humanos y las consecuencias de sus actos.

Detrás de cada deportación que divide una familia hay historias de dolor, angustia y desarraigo, y, lamentablemente, esa separación ha tenido consecuencias irreparables y ha costado vidas.

Ninguna política migratoria debería olvidar que, antes que inmigrantes, esas personas son seres humanos y que la familia no puede convertirse en una víctima más de las fronteras.