¡Hatillo bajo la lupa! Contratos para extraer sedimentos huelen feo
La Fuerza del Pueblo cuestiona que un permiso autorice 100 mil metros cúbicos, mientras tres contratos contemplan más de 1.3 millones; Paino Abreu exige detener las operaciones y revisar las cuentas.
SANTO DOMINGO, R.D.
El país sigue convulsionado, de denuncias en denuncias. Violencia en las calles, muertes violentas en intervenciones policiales y cuestionamientos cada vez más fuertes a actuaciones que, según sus denunciantes, entrarían en contradicción con los artículos 7 y 37 de la Constitución dominicana.
Y cuando todavía no se apagan los ecos de una denuncia, aparece otra.
En esta ocasión, el nuevo escándalo lo coloca sobre la mesa una organización política, la principal fuerza opositora del país, la Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Secretaría de Medio Ambiente.
Y aquí hay algo que llama particularmente la atención, no se está hablando solamente de sedimentos, arena y grava. Se está hablando de números que, según la denuncia, no cuadran.
De acuerdo con el organismo opositor, existen graves inconsistencias técnicas, jurídicas y económicas en el proyecto de extracción de sedimentos de la cola de la presa de Hatillo, en el río Yuna. Por ello, exigió la suspensión de las operaciones hasta que sean esclarecidas las diferencias entre los volúmenes autorizados, los contratos suscritos y el eventual aprovechamiento comercial de los materiales extraídos.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paino Abreu Collado, explicó que el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), contempla la extracción de 100,000 metros cúbicos de sedimentos durante seis meses.
Pero aquí aparece la primera gran interrogante.
Según Abreu, tres contratos firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 establecen volúmenes que totalizan 1,330,694 metros cúbicos, es decir, una cantidad más de 13 veces superior al volumen contemplado en el permiso ambiental.
Y ahí es donde los números comienzan a hablar.
La Fuerza del Pueblo sostiene que la diferencia adquiere mayor importancia cuando se toma en cuenta el valor comercial de los materiales que serían extraídos. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Abreu, el aprovechamiento de grava y arena podría representar un valor económico considerable, con resultados cercanos a RD$1,000 millones, luego de descontar costos estimados de extracción, transporte, procesamiento y comercialización.
Si esas cifras son correctas, la pregunta resulta inevitable: ¿Quién controla esos recursos? ¿Quién se beneficia? ¿Y cuánto termina realmente en las arcas del Estado?
Abreu cuestionó que no se haya establecido un mecanismo más claro, competitivo y transparente que permita al Estado recuperar una mayor proporción del valor generado por esos materiales.
La denuncia, sin embargo, no significa que la Fuerza del Pueblo se oponga a la limpieza de la presa de Hatillo. Por el contrario, el dirigente reconoció la necesidad de recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses mediante la remoción de sedimentos.
El problema, según planteó, es cómo se hace, cuánto se extrae, quién lo maneja, cuánto vale y bajo qué controles se realiza la operación.
Porque una cosa es limpiar una presa para protegerla y recuperar su capacidad de almacenamiento, y otra muy distinta sería convertir esa necesidad ambiental en una operación comercial cuyos números no estén suficientemente claros.
La organización también cuestionó que no se haya identificado un mecanismo explícito para destinar parte de los beneficios obtenidos a la protección y restauración de las cuencas hidrográficas, precisamente aquellas cuyo deterioro contribuye a la acumulación de sedimentos.
En ese sentido, Abreu solicitó una revisión técnica y jurídica urgente del permiso y de las condiciones de ejecución del proyecto, con la participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
También exigió que EGEHID detenga cualquier actividad de extracción, acarreo y entrega de materiales hasta que una comisión técnica evalúe el proyecto y publique sus conclusiones.
Asimismo, reclamó que el Ministerio de Medio Ambiente explique por qué el proyecto no fue clasificado como categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024.
Pero la Fuerza del Pueblo fue todavía más lejos.
Abreu informó que la organización solicitará a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales investigar posibles infracciones a la Ley 64-00; a la Dirección General de Contrataciones Públicas, revisar el procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015; y a la Cámara de Cuentas, auditar la ejecución de los contratos y los aportes económicos generados.
Es decir, que sean los organismos correspondientes los que revisen los papeles, hagan las cuentas y determinen si todo está en orden.
Porque cuando un permiso habla de 100 mil metros cúbicos y los contratos, según la denuncia, hablan de más de 1.3 millones, no basta con decir que se trata de un simple movimiento de tierra.
Hay que cuadrar los números.
La Fuerza del Pueblo también reclamó una veeduría ciudadana independiente, con participación de las comunidades del Yuna, representantes de la Iglesia y del sector académico.
Además, respaldó la solicitud de información pública formulada por autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega, que reclaman acceso a los contratos, estudios ambientales, documentos técnicos y evidencias de consultas comunitarias relacionadas con el proyecto.
Y aquí vuelve a aparecer la pregunta de fondo: Si todo está claro, ¿por qué no publicar los documentos y dejar que los números hablen?
Nadie debería oponerse a la limpieza de una presa. Lo que sí debe exigirse es transparencia cuando están en juego recursos naturales, contratos públicos y materiales con valor comercial.
Al concluir su declaración, Paino Abreu reiteró que la Fuerza del Pueblo no se opone a la limpieza de la presa de Hatillo, sino a que esa necesidad ambiental se ejecute sin suficiente claridad sobre los volúmenes, los controles y los beneficios para el Estado.
“El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco. Que se publiquen las cuentas, y que cuadren”, expresó.
Y nosotros agregamos: que cuando los números no cuadran, lo mínimo que corresponde es sacar la calculadora, abrir los contratos y prender la luz.
Y somos reiterativos, el horno no está para galletitas.
